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Los Rasgos + Importantes de la OBRA LEGISLATIVA y CONSTITUCIONAL de las CORTES DE CÁDIZ

Texto académico de evaluación continua
Historia Política y Social Contemporánea de España
(Grado de Ciencia Política y de la Administración -UNED)
Participando del pensamiento liberal, el 19 de marzo de 1812, las Cortes de Cádiz promulgan la primera Constitución de la monarquía española caracterizada por: 

(a) Ser democrática (soberanía nacional con derecho de sufragio) y monárquica (Fernando VII como Rey de España); 

(b) Establecer la religión católica como la única del Estado, aboliendo la Inquisición; 

(c) Separar los poderes residenciando el Legislativo en las Cortes [1], el Ejecutivo en el Rey [2] y el Judicial en los Tribunales [3]

(d) Consagrar Principios (Igualdad ante la ley, aboliéndose el régimen señorial), Libertades (Individual, Trabajo, Prensa, Imprenta y Empresa) y Derechos (a la Propiedad, Instrucción y Garantías Judiciales); 

(e) Prometer una división territorial (provincial y municipal) con sus respectivos gobiernos políticos [4]; y

(f) Reconocer la Milicia Nacional, estableciendo el servicio militar. 

Legislativamente supone una revolución por cuanto tendrá un profundo calado. Socialmente y sin suponer una rápida y profunda transformación, anunció el progresivo desmantelamiento de los viejos estamentos privilegiados del Antiguo Régimen. Políticamente y bajo la apariencia de restauración monárquica, limitó sus poderes y declaró la nación como sujeto de soberanía instaurando un régimen representativo. No obstante, no devino en acta de nacimiento de la nación española por cuanto, teniendo una Constitución, España carecía de un Estado dotado del suficiente poder para lograr una implantación en la totalidad de los enclaves territoriales.

[1] Unicamerales, con diputados elegidos por sufragio universal indirecto a través de Juntas Provinciales elegidas por sufragio universal masculino.

[2] Quien dirige el gobierno y la administración con derecho a veto.

[3] Independientes y legalmente establecidos.

[4] Diputaciones presididas por nombramiento del Rey y Ayuntamientos compuestos por alcaldes, concejales y Procurador Síndico, elegidos por votación de los pueblos.


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Programa Político de los PROGRESISTAS en la ESPAÑA del SIGLO XIX

Texto académico de evaluación continua
Historia Política y Social Contemporánea de España
(Grado de Ciencia Política y de la Administración -UNED)
El segundo tercio del siglo XIX se inicia con la consolidación de los progresistas (antiguos liberales exaltados) como una de las dos opciones nucleares del sistema liberal de partidos dinásticos para el resto del siglo. Los principios políticos del Liberalismo Doctrinario defendidos por los progresistas del siglo XIX fueron: 

(#1) Democratización extendiendo el sufragio y la elección de ayuntamientos y alcaldes;

(#2) Prevalencia ejecutiva del Parlamento sobre la Corona (evitando su intervención discrecional en el proceso político); 

(#3) Milicia Nacional como nación en armas garante de la Constitución; 

(#4) Fomento de una cultura política populista de animación del debate público e inclusiva del proceso político; y 

(#5) Aceleración de las reformas [1]. 

Su Constitución non nata de 1856 propugna una soberanía nacional [2] con representación directa y bicameral [3], consagrando derechos y libertades civiles [4]. En 1968, promueven su Gloriosa Revolución debido a una Constitución hollada, un sufragio corrompido, unos municipios muertos, una seguridad individual a merced de las autoridades, una enseñanza tiranizada y una prensa anulada. 

En resumen: más revolución (y menos reforma), más libertad (y menos orden), más Nación (y menos Corona), más Cortes (y menos Ejecutivo), más autonomía local (y menos centralismo), más política de partidos (y menos Administración) y, todo ello, restringiendo los privilegios de la Iglesia católica en relación al Estado.


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[1] Así, el Bienio Progresista (1854-1856) pretendió una economía de mercado racionalizada legislando los procesos de desamortización, la construcción de una red ferroviaria radial (integradora del mercado interior) y la creación de sociedades anónimas (financiadoras de la minería y las infraestructuras)

[2] De la que emanan todos los poderes y a la que pertenece el derecho de establecer normas fundamentales.

[3] De elección provincial censitaria.

[4] Expresión, imprenta y asociación política.

Programa Político de los MODERADOS en la ESPAÑA del SIGLO XIX

Texto académico de evaluación continua
Historia Política y Social Contemporánea de España
(Grado de Ciencia Política y de la Administración -UNED)
El segundo tercio del siglo XIX se inicia con la consolidación de los moderados (alternativa aglutinadora de doceañistas y la facción reformista del absolutismo) como una de las dos opciones nucleares del sistema liberal de partidos dinásticos para el resto del siglo. 

Los principios políticos del Liberalismo Doctrinario defendidos por los moderados del siglo XIX fueron: 

(#1) Buscar el “justo medio” desde la “libertad con orden” para lograr la necesaria estabilidad política; 

(#2) Defender el principio doctrinario de soberanía compartida entre las Cortes y la Corona, oponiéndose a la soberanía nacional y la democracia (“umbral de la anarquía”); 

(#3) Centralizar y concentrar poderes (con alcaldes nombrados desde el gobierno); 

(#4) Fomentar una cultura política elitista, limitadora de la soberanía popular mediante un restrictivo sufragio censitario; 

(#5) Vincular la política y el mundo de los negocios para asegurar la permanencia en el poder; 

(#6) Ofrecer garantías a la propiedad; 

(#7) Codificar para crear un cuerpo legal uniforme; 

(#8) Limitar la autonomía de los tribunales; 

(#9) Recuperar las tradiciones. 

En resumen: más reforma (y menos revolución), más orden (y menos libertad), más Corona (y menos Nación), más Ejecutivo (y menos Cortes), más centralismo (y menos autonomía local), más Administración (y menos política de partidos) y, todo ello, restituyendo a la católica su papel como religión del Estado.


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CRISIS del ANTIGUO RÉGIMEN (1808-1833)

Texto académico de evaluación continua
Historia Política y Social Contemporánea de España
(Grado de Ciencia Política y de la Administración -UNED).
La primera mitad del siglo XIX se caracteriza por la construcción del Estado liberal español, primero con empuje y luego con ciertos retrocesos por la aparición de tres procesos que dificultan la transición del Antiguo Régimen en una sociedad de mercado, capitalista y moderna: 

(a) La ocupación por parte de las tropas francesas que generó un levantamiento, una guerra y una revolución; 

(b) La reacción absolutista que vino después; y

(c) Movimiento de emancipación de las colonias americanas que a corto plazo conducirá a la pérdida de un Imperio y a la progresiva reducción de la emergente nación española a la Península.

Guerra de Independencia (1808-1814). Las abdicaciones de Bayona traen consigo un Movimiento de Resistencia Popular (con el que emerge un nuevo sujeto político) y una constitución inédita: la Constitución de Bayona, bajo la cual se amparaba la nueva monarquía absolutista de José Bonaparte (José I). Su ilegitimidad social conllevó la creación y organización de un Orden Popular Revolucionario que, después obligar la huida a José I, fue disuelto para la restitución del hermano de Napoleón de la mano de la Grande Armeé. Tras la pérdida de Andalucía, en una Cádiz defendida por la flota británica, reaparece la Junta Central Suprema y Gubernativa que, perdiendo prestigio con las derrotas militares, da pie a un periodo de regencia, en el que las Cortes de Cádiz abren el camino hacia la Constitución de 1812 (como norma fundamental de carácter liberal que pretende dejar atrás el absolutismo del Antiguo Régimen). El final de la Guerra de Independencia con la ayuda británica de Wellington, conlleva la abdicación de José I y el restablecimiento de Fernando VII.

Fusilamientos del 2 de Mayo 1808 pintado por Francisco de Goya en 1814,
también conocido como La Carga de los Mamelucos en la Puerta del Sol 

Periodo Absolutista (1814-1820). La restauración de Fernando VII trae consigo la vuelta del Antiguo Régimen absolutista, con la derogación de la Constitución de 1812 y la restitución de privilegios (Nobleza, Clero y Mesta). Con una economía paralizada y en crisis, el mantenimiento del Imperio Ultramarino se hacía imposible. Se hace necesaria una drástica reforma que debía afectar justamente a los conspiradores que restauraron el absolutismo. Los ejércitos sirvieron de caldo de cultivo para los descontentos. Entre conspiraciones y pronunciamientos varios, consigue tener éxito el de Rafael del Riego, cambio con el que se restablece la Constitución de 1812.

Fernando VII de Borbón el deseado (1784-1833), hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma,
a quienes destronó con ocasión del Motín de Aranjuez

Trienio Liberal (1820-1823). Los liberales tejen lo destejidos por Fernando VII y restauran la Constitución de 1812 mediante un gobierno moderado (doceañistas) que abordan una importante Obra Transformadora, con el rechazo absolutista. Siendo Fernando VII incapaz de impulsar una segunda restauración, se producen dos crisis de gobierno a causa de la escisión de los liberales en dos facciones (exaltados y doceañistas), cada una de las cuales domina una determinada parcela del poder político y social:. En este entorno y por acuerdo de la Santa Alianza, los 100.000 Hijos de San Luis traen consigo la restauración de Fernando VII.

Década Ominosa (1823-1833). Restableciendo el Antiguo Régimen Absolutista, Fernando VII deroga la Constitución de 1812y arbitra unas instituciones destinadas a la represión de lo liberal: Regencia del Duque del Infantado con Consejos de Ministros, Juntas de Depuración y Juntas de Fe. La catastrófica situación económica obliga a la aplicación del Principio de Racionalidad Administrativa, mientras liberales y absolutista se dividen en facciones: los primeros en exaltados (futuros progresistas) y doceañistas (futuros moderados, junto con los moderados absolutistas), mientras que los segundos se dividen en apostólicos (futuros carlistas) y moderados (futuros moderados, junto con los doceañistas). Fernando VII promulgó la Pragmática sanción que, derogando la Ley Sálica, permitía el acceso de su hija Isabel al trono, cerrando la puerta a su hermano Carlos. Se abría la puerta a un problema sucesorio que daría pie a un pleito dinástico y a una Guerra Civil.

REGENCIAS DE ISABEL II (1833-1843)

Regencia de María Cristina (1833-1840). El restablecimiento del Antiguo Régimen absolutista con la regencia de María Cristina se caracterizó, después de un gobierno absolutista-reformista de Cea Bermúdez, por su alianza con los liberales (coincidiendo con el inicio de la Guerra Carlista). Durante el gobierno progresista de Martínez de la Rosa, quien partió  del supuesto de encontrar una vía media entre absolutismo y revolución (libertad con orden) se promulgó el Estatuto Real (con un poder legislativo compartido entre la Corona y las Cortes). En el contexto de la Guerra Carlista (1833-1839) y después del gobierno moderado del Conde de Toreno, accede al gobierno Mendizábal quien lleva a cabo su proceso de Desamortización, con una estructura social caracterizada por una emergente y una clase popular urbana (constituida en Guardia Nacional). La estructura política se caracteriza por la polarización entre progresistas (antiguos liberales exaltados) y moderados (antiguos liberales moderados o doceañistas más antiguos absolutistas moderados). Con el moderado Istúriz en el gobierno, se producen los Sucesos de la Granja, después de los cuales María Cristina se ve forzada a reinstaurar la Constitución de 1812. Con el progresista José María de Calatrava el gobierno (y convencido que la Constitución de 1812 estaba fundamentada en una “nación toda ella pueblo” y la situación actual era una “nación-clase”) se promulga la Constitución de 1837, una constitución antidemocrática por estar el poder legislativo en unas Cortes altamente mediatizadas por la Corona y existir un sufragio censitario. Con el fin de la Guerra Carlista, cierra este periodo, un gobierno del Partido Moderado, el cual elimina algunas libertades progresistas ya alcanzadas (en especial la Ley Municipal).

Isabel II de Borbón (1830-1904) la de los Tristes Destinos Reina de España entre 1833 y 1868

Regencia de Espartero (1840-1843). Espartero (general del bando cristino durante la Guerra Carlista) presiona a María Cristina para que no apoye la nueva legislación promovida por los moderados. Al no lograrlo comienza un movimiento insurreccional que, provocando el exilio de María Cristina, le lleva a autonombrarse regente. Espartero lidera la Revolución Liberal-Progresista y, después de unas elecciones es confirmado como regente. Acopiando todo el poder posible, Espartero genera malestar tanto del partido moderado, como de los líderes civiles del progresismo. Como resultado en 1843 se produce el pronunciamiento moderado de Narváez que depone a Espartero y nombra a Isabel II mayor de edad (con 13 años).

Baldomero Espartero (1793-1879) General Cristino en la Primera Guerra Carlista y Regente de 1840 a 1843
durante la minoría de edad de Isabel II

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El LASTRE HISTÓRICO del ROL SOCIAL de la MUJER en nuestro IMAGINARIO COLECTIVO

Estos días hemos acabado de perfilar un artículo sobre el papel desempeñado por la Iglesia Católica en la formación del Estado durante la dictadura franquista (y que, si lo deseas, puedes consultar en http://openkratia.blogspot.com.es/2013/07/el-papel-de-la-iglesia-catolica-en-la.html). 

Entre otros temas de interés, este artículo aborda el rol desempeñado por el Catolicismo en la conformación de una sociedad patriarcal que, de la mano del régimen franquista, sometió a la mujer a una moral tradicional con significado claramente político para ofrecer, desde un conservadurismo populista, una imagen de continuidad con el pasado. En este artículo se cita como ejemplo de esta dinámica socio-política el caso de la Sección Femenina de Falange Española, institución que, en el contexto de la doctrina falangista y del rol que asignaba el Movimiento Único a la mujer, convivió con la anulación de la legislación civil republicana que había ampliado los derechos civiles femeninos. 

Pues bien, durante el proceso de documentación para la elaboración de este artículo, hemos encontrado (www.tejiendoelmundo.wordpress.com) el material que mostramos en esta entrada. Se trata, ¡ATENCIÓN!, de una GUÍA DE LA BUENA ESPOSA elaborada por la ya citada Sección Femenina de Falange Española y que, a modo de infografía casi decalogada, nos relaciona, de nuevo ¡ATENCIÓN! las 11 REGLAS PARA MANTENER A TU MARIDO FELIZ. Por si saben a poco, nos regala un extra: la REGLA #12. Editado en 1953 se entregaba a todas las mujeres que se incorporaban al Servicio Social de la Sección Femenina de la Falange, el equivalente femenino del entonces Servicio Militar masculino. Por desgracia, no tiene desperdicio. La intención de compatirlo no es otra que contribuir a que se conozca nuestro ayer para que se (re)conozca en nuestro hoy y pueda modificarse (las rémoras que aún perviven) durante nuestro mañana. Lamentablemente, en el Inconsciente Colectivo del que nos hablaba Jung y que respira en el imaginario social que compartimos hoy, aún sufrimos, explícita y/o implícitamente, directa y/o indirectamente, el lastre de este retrógrado y lamentable paradigma psicológico, social y político que nunca debió formar parte de nuestra sociedad.   

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EL PAPEL DE LA IGLESIA CATÓLICA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA (1936-1975)

(EL ROTO para El País)

El conflicto religioso que ha afectado a la historia contemporánea de España desde las Guerras Carlistas hasta las disputas por la política laicista de la II República pone de manifiesto que los sentimientos religiosos están unidos a las expectativas, valores y comportamientos políticos de nuestro país. 


Los vínculos entre creencias religiosas y política son una constante en el tiempo, si bien, durante el franquismo, esta relación fue especialmente estrecha. La Iglesia Católica jugó un papel fundamental en la construcción y consolidación del Estado franquista y en el ejercicio de su poder político. La dictadura implantada como consecuencia de la Guerra Civil se presentó como negación del liberalismo del siglo XIX y de la democracia republicana del XX, como un intento de detener la historia y devolverla al mítico origen de la nación española: los Reyes Católicos, el Imperio y el Siglo de Oro. Un Estado totalitario que soñaba con recuperar su pasado imperial pretendió crear una sociedad cerrada, autárquica, corporativa y homogéneamente católica. Mirando siempre hacia atrás y en busca de este modelo, la Dictadura combinó instituciones de origen medieval y nostalgias coloniales adobadas con retórica proveniente del fascismo y del nacionalcatolicismo. Desde una perspectiva evolutiva de los mecanismos de socialización utilizados por la Iglesia Católica durante el periodo comprendido entre 1939 y 1975, puede afirmarse que se sucedieron tres periodos claramente diferenciados (con sendos modelos de religiosidad también diferenciados, en función de la relación establecida entre la Iglesia Católica y el régimen franquista en cada momento): 

(a) El Primer Franquismo: Contribución Simbólica a la Legitimación (1939-1959); 

(b) La Iglesia Católica en Crisis durante el Franquismo Exultante (1961-1969); y 

(c) Etapa del Concilio Vaticano II: Secularización y Deslegitimación (1969-1975).



Etapa 1. EL PRIMER FRANQUISMO: RECATOLIZACIÓN Y LEGITIMACIÓN TEOCRÁTICA DEL REGIMEN (1939-1959) [1]. Durante la década de los años 40 y 50, la recatolización (junto a la represión, regimentación, aislamiento del exterior e institucionalización del nuevo régimen) fue uno de los factores clave que definieron la construcción del nuevo régimen franquista. La adhesión incondicional al régimen en los años 40 y 50 se constata en su actuación en relación a las medidas represoras de la dictadura. La jerarquía eclesiástica justificó la rebelión militar, bendijo la Guerra Civil y colaboró permanentemente con el franquismo (hasta los primeros años 60) a cambio de la protección frente a la represión sufrida en la zona republicana durante la Guerra Civil y de la recuperación de los privilegios históricos disfrutados antes de la II República.

En los inicios del nuevo Estado, la Iglesia Católica abordó una vasta empresa de Recatolización Social, proceso en el que jugó un papel fundamental el sector de la educación (especialmente, la secundaria). Durante este periodo, el control de la Iglesia Católica en el ámbito educativo fue total, pudiendo ejercer un poder sin trabas y depurando un pasado identificado con la Institución Libre de Enseñanza. Espurgo de libros, depuración de maestros y abandono de cátedras fueron algunas de las consecuencias. Las autoridades educativas abandonaron la actuación en el sector público y dedicaron todos sus esfuerzos a sostener y expandir el sector privado: en los primeros 15 años del régimen franquista la construcción de centros de enseñanza media fue nula: 119 institutos había en 1940 y 119 seguían existiendo en 1956. Todo el incremento de alumnado se dirigió a los centros religiosos, los cuales vivieron su particular edad de oro. Por tanto, la imposición de los valores cristianos según las pautas dominantes se hizo, prioritariamente y a largo plazo, a través de una enseñanza imbuida de un nacionalismo exacerbado y una profunda identificación entre España y la catolicidad. Esta educación no sólo estaba en manos de la Iglesia Católica, sino que también participó activamente Falange Española [2]. De hecho, Iglesia Católica y Falange Española pugnaron por la titularidad de los centros docentes: mientras ésta abogaba por una titularidad del Estado, aquélla abogaba por una titularidad de la sociedad (y por tanto y a la postre, de la propia Iglesia Católica). Sin duda, esta pugna por el control de la educación fue ganada por la Iglesia Católica.


Excepto los laicos, todos los regímenes políticos utilizan, para legitimarse, diferentes referentes culturales, entre ellos, la religión (o el nacionalismo).  Así pues, la religión (por medio de la Iglesia Católica) participó activamente en la construcción del mundo simbólico del franquismo. La dictadura franquista, renunciando a una legitimación racional o legal, introdujo justificaciones de tipo tradicional y carismático, en las que destacó la labor sancionadora e integradora de la religión: la Iglesia Católica, mediante un complejo conjunto de referencias simbólicas, persiguió una Legitimación Teocrática del régimen franquista, intentando justificar su sistema social y político de tal forma que, políticamente, devino en un factor básico y esencial para constituir primero y preservar después el orden social. En suma, la dictadura instrumentalizó el aparato religioso para la socialización y la sumisión política.

Pero, ¿cómo lo hizo? La estrategia religiosa se basó en utilizar el poder político para la socialización religiosa a través de una serie de principios fundamentales, en torno a los cuales gira el discurso eclesiástico-político de estos años. Por tanto, los 5 principios estratégicos fundamentales de la Iglesia Católica para la socialización religiosa mediante el poder político fueron los siguientes: 

1)  Mito de la Cruzada. Según el discurso franquista, la legitimidad del régimen procedía de la victoria, del triunfo de las armas, porque se había salvado a la patria del enemigo comunista y anticlericalista. La transmutación del golpe de Estado contra la República en cruzada en defensa de la religión, permitió a la Iglesia Católica moldear la sociedad española según las pautas del integrismo católico. Un abrumador protagonismo de la Iglesia Católica en la vida pública y esta Cruzada Redentora del Nacionalcatolicismo fue capaz de detener (aunque solo por un par de décadas) el proceso de secularización que podía haberse instaurado en España, como ya había sucedido en otros países europeos. La jerarquía eclesiástica vinculó el régimen franquista con la España entendida como nación elegida por Dios para defender el Cristianismo: existe una clara identificación entre nacionalidad española y catolicismo. La lucha entre el bien y el mal es la lucha de la España católica contra la anti-España (las dos Españas enfrentadas por la religión). Desde el punto de vista sociológico, las devociones religiosas desempeñaron una clara función de simbolizar, reproducir y reforzar los niveles de identificación social durante la construcción del régimen franquista. Estas creencias religiosas reflejaban el espíritu combativo del catolicismo contra el régimen republicano, el cual llegará a su máximo exponente durante la propia Guerra civil y las primeras etapas del franquismo. De hecho, la Ley de Sucesión a la Jefatura de Estado de 1947, en su artículo primero, define a España como un Estado católico constituido en reino. Así mismo, el Fuero de los Españoles establecía que no se permitían otras manifestaciones externas (públicas), ni ceremonias religiosas que las de la Religión Católica, que era la del Estado español y la que gozaba de protección oficial. Sólo la especial vinculación de la dictadura a la doctrina católica más integrista puede explicar el encendido debate político que, años después, se desencadenaría en relación a la Ley de Libertad Religiosa (de 1967) que el gobierno se vio obligado a promulgar (en contra de los sectores más reaccionarios del régimen) para no entrar en abierta contradicción con las orientaciones del Concilio Vaticano II. Huelga decir que, en consonancia con el trato de privilegio que la dictadura dispensó a la Iglesia Católica, las confesiones no católicas estuvieron sometidas a una destacada marginación durante esta etapa del franquismo. 



2)  Franco: Agente de la Providencia. Como líder, Franco es representante de la voluntad divina y defensor de la civilización: enviado divino y guía mesiánico. En consecuencia, se crean dos mitos políticos impregnados de connotaciones religiosas: José Antonio y Franco. Bajo el caudillaje carismático del general Franco, el Nuevo Estado, en su origen, pretendió erigirse como una fusión de la auténtica tradición española (monárquica y católica) con el nuevo estilo fascista. Esta mezcla proporcionó al Nuevo Régimen una singular identidad: Ejército, Falange e Iglesia, las tres grandes burocracias que dominaban la vida económica, política, social y moral (y que, a la vez, lo alejaban de cualquier otro sistema vigente en Europa). Así pues, la dictadura implantada al final de la Guerra Civil se estructuró y desarrolló sobre la base compartida de tres pivotes esenciales: 

(a) Militarismo para amedrentar, 

(b) Catolicismo para adoctrinar, y 

(c) Tradicionalismo o Conservadurismo y Movimiento Único de origen falangista para gobernar. 

3)  Culpa, Castigo y Perdón. Como culpa colectiva, los desórdenes republicanos exigen una postguerra sacrificada (hambre y represión) para conseguir la redención de la sociedad española. Con este discurso, las autoridades del régimen franquista quedaban exentas de toda responsabilidad por las penurias de estos años. Paradójicamente, el recuerdo constante del vencido en la Guerra Civil sirvió para neutralizar a la oposición y a la resistencia. El régimen franquista insiste en la imagen de una Iglesia Católica mártir, cuya presencia se justifica por la sublevación de la anti-España (como enemigo común demonizado). Sobre todo durante la posguerra, el Bajo Clero hizo política: sobradamente constatada está la importancia simbólica del párroco, próximo y con un fuerte prestigio entre los feligreses. En consonancia con la formación recibida en los seminarios de mediados de siglo, las ideas de este Bajo Clero insisten en valores como el sacrificio y el victimismo (manifestando el aislamiento de la Iglesia Católica española). En este contexto, cuestionar la legitimidad de un régimen liderado por un Caudillo imbuido de esencia religiosa implica necesariamente atentar contra la divinidad misma. Para el Régimen, España era «Una, Grande y Libre», lema incorporado en una cartela en el escudo de la España franquista. Una tríada con claro simbolismo teológico (Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo) a través de la cual y de modo implícito, compara (buscando la identidad) a España con la Iglesia: Católica [Universal], Apostólica [Escogida, Jerárquica] y Romana [Una].


4)  La Religión como Legitimación del Sistema Socioeconómico: Caridad por Justicia. A diferencia de lo que ocurría años después, en esta primera etapa, el discurso ideológico de la Iglesia Católica sobre la cuestión social supone una sacralización del orden socioeconómico y una legitimación de la desigualdad. Dado el carácter natural de las desigualdades sociales, la caridad sustituye a la justicia. Conforme es sabido, el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial generó algún sobresalto en el proceso de construcción e institucionalización del nuevo Estado. Por ello, Franco decidió soltar parte de la parafernalia fascista del régimen y resaltar su naturaleza católica con el explícito propósito de establecer un vínculo especial con la Santa Sede. A esta inflexión hacia lo católico y a la necesidad de hacer al régimen aceptable a los aliados respondió la rápida promulgación de las primera Leyes Fundamentales (Fuero de los Españoles y Ley de Referéndum Nacional en 1945 o la Ley de Sucesión a la Jefatura de Estado en 1947).

5)  Catolicismo y Sociedad PatriarcalEl catolicismo es uno de los sostenes de la familia y de la sociedad patriarcal, la cual somete a la mujer conforme al modelo social propugnado por el régimen franquista y la Iglesia Católica (defensores de un moral tradicional con significado político). El régimen franquista se sirvió de la instrumentalización política de la religión en torno a devociones y mitos religiosos populares para ofrecer una imagen de continuidad con el pasado. Algunos ejemplos: 


(a) La Sección Femenina de Falange Española, institución que, en el contexto de la doctrina falangista y del rol que asignaba el Movimiento Único a la mujer, fue dirigida desde su constitución (en 1934) hasta su liquidación (en 1977) por Pilar Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, hermana de José Antonio, el fundador de Falange [3]

(b) Desde 1936, en todas las zonas que controlaban los insurrectos, se anuló la legislación civil republicana que había ampliado los derechos civiles femeninos; y 

(c) En el entorno del proceso de recristianización del primer franquismo se produjo una catarsis moralizadora y un ensalzamiento del adoctrinamiento católico de tal magnitud que todo se convirtió en pecado y en la que la mujer devino en objeto y objeto de pecado. Había que proteger a la mujer para controlar la moralidad. Incluso el baile (especialmente, el agarrado) llegó a considerarse como una intolerable relajación de las buenas costumbres.



Etapa 2. LA IGLESIA CATÓLICA EN CRISIS DURANTE EL FRANQUISMO EXULTANTE (1959-1969). Convencido por las protestas obreras de 1956, el episcopado español publicó una carta colectiva (reiterada nuevamente en 1960) en la que la jerarquía católica reclamaba una mayor distribución social de la riqueza. Este hecho supuso un punto de inflexión hacia la focalización de la atención en los problemas sociales: el pontificado de Juan XXIII y sus encíclicas papales (en 1961 acerca de la Justicia y en 1963 acerca de la Libertad) tuvieron gran repercusión e impacto sobre los católicos progresistas y el discurso social de la Iglesia Católica, más sensible a la protección de los derechos humanos y las libertades políticas.


Por otro lado, un factor clave del papel desempeñado por la Iglesia Católica española en esta segunda fase del proceso de construcción del Estado franquista fue el Concilio Vaticano II (convocado en 1959 y clausurado en 1965). Renovó profundamente el discurso eclesiástico desplazando la acción pastoral hacia el impulso del diálogo con el mundo, priorizando las políticas sociales y aceptando la libertad religiosa. Se trataba de un nuevo discurso adaptado a una nueva realidad (secularizada) para la Iglesia Católica. Pero la jerarquía española no estaba aún preparada para un cambio tan radical, de modo que los años 60 fueron años difíciles para el episcopado español, esencialmente por dos motivos: 

(a) El citado Concilio Vaticano II establecía un nuevo marco de referencia para la Iglesia Católica que se tenía que acatar obligatoriamente; y

(b) Las posiciones contestatarias (dentro y fuera de la Iglesia Católica) salieron reforzadas.

Así pues y para no perder legitimidad social, la Iglesia Católica se alejó del régimen franquista, lo cual supuso para éste un problema de primer orden. Desde mediados de los años 60 la crisis en el seno de la Iglesia Católica en España fue evidente porque dejó de ser monolítica (como durante el primer franquismo) y pasó a producirse una clara distinción a 3 bandas entre: (a) La jerarquía; (b) Una buena parte de los eclesiásticos (que siguieron apoyando al régimen); y (c) Amplios sectores de clérigos jóvenes y de seglares [4] (que pretendían, distanciándose del régimen, renovar el discurso católico bajo el paraguas del Concilio Vaticano II, incluso apoyando discursos nacionalistas como en el caso de Cataluña y el País Vasco).

Por tanto, esta crisis se caracterizó por dos fenómenos paralelos y un tercer fenómeno posterior que implicó al Vaticano: 

(a) Tensiones Internas dentro de la Iglesia Católica, 

(b) Distanciamiento de la Iglesia Católica con el Estado Franquista. En estos años, los problemas de la dictadura con la Iglesia no procedían aún del distanciamiento de la jerarquía católica, sino del hecho de que esta jerarquía no pudo controlar ya buena parte de su base apostolar (tanto clerical, como laica) que defendía postulados sociales y políticos progresistas, que se habían visto reforzados por el nuevo discurso vaticano. La jerarquía española se había quedado en minoría, 

(c) Acelerado Alejamiento del Vaticano respecto de la Dictadura Franquista


Las relaciones entre el Vaticano y el régimen franquista experimentaron una tensión creciente desde 1967. En junio de ese año entró en vigor la ley sobre el derecho civil a la libertad religiosa cuya aprobación, auspiciada por el Concilio Vaticano II, Carrero Blanco no pudo impedir. Así mismo y en un impulso a la renovación de la Iglesia en España, en 1968 el Vaticano pretendió que el régimen franquista renunciara a su derecho de presentación (prerrogativa regia concedida por el Papa para la designación y nombramiento de obispos [5]). La vía de renovación por la que se optó fue la de los obispos auxiliares (nombramientos en los que no participaba el poder político), a la espera de que ocupasen las plazas que fuesen quedando vacantes. También los obispos jóvenes tuvieron un mayor peso a partir de la constitución en 1966 de la Conferencia Episcopal, la cual supuso el inicio de una nueva etapa en la relación Estado-Iglesia, vivida con profunda y creciente irritación por los dirigentes franquistas.

Etapa 3. (CONSECUENCIAS DEL) CONCILIO VATICANO II: SECULARIZACIÓN POLÍTICA Y DESLEGITIMACIÓN POLÍTICA [6] (1969-1975). Durante las décadas de los años 60 y 70, la secularización social es protagonista de una reducción al ámbito privado de la religión y de una desacralización de la cosmovisión del mundo motivada por la crisis de los elementos institucionales y rituales del catolicismo. Los factores que conducen a este nuevo escenario religioso y social (con consecuencias políticas) son: 

(a) Difusión de nuevos valores, sobre todo a partir del ya citado y comentado Concilio Vaticano II; y 

(b) Llegada a la edad adulta de nuevas generaciones que, sin identificarse con la Iglesia Católica, permite un proceso de Secularización Política (es decir, un abandono de las organizaciones políticas confesionales) [7].

En este contexto evolutivo, el nuevo modelo de religiosidad se estructura en torno a 3 principios básicos: 

1)  Religiosidad Vitalista y Optimista: Piedad Interiorizada, Ética y No Instrumentalización Política. Desaparecida la obsesión por la culpa, el pecado y la muerte son sustituidos por una religiosidad vital y optimista, en consonancia con los cambios sociales que experimenta el país. Dios es sustituido por Cristo. La piedad se interioriza y cobra una gran importancia la ética (en contraposición al predominio de la religiosidad exterior y ritual-litúrgica del primer franquismo), de tal modo que se dificulta la instrumentalización política acaecida durante la etapa anterior. Si en la postguerra se trataba de salvar al mundo, ahora se propone santificar lo humano.

2)  Crítica al Sistema Económico y Oposición a la Dictadura. Este nuevo modo de entender la doctrina católica implica una actitud poco complaciente con el orden socioeconómico: ahora, el foco de atención se centra en este mundo, no en el que está más allá de la muerte. Se abandonan valores como la resignación, la concepción jerarquizada y orgánica de la sociedad, por una visión más igualitaria de la misma. En consecuencia, la predicación atiende a realidades económicas, sociales y políticas concretas y el párroco se pone al servicio de la comunidad. Estos principios conducen a un compromiso social y político que lleva a la deslegitimación del régimen. Como ejemplo, podemos citar el caso de Acción Católica [8].

En esta etapa de franquismo agarrotado, hay quién ha hablado de la traición de la Iglesia Católica. Sin duda, la posición de la Iglesia Católica en 1970 ante el Consejo de Burgos [9] indicaba claramente el principio del fin de la plena sintonía entre la jerarquía católica y los dirigentes franquistas, contribuyendo a ello también otros factores como los 6 siguientes: 


(a) La profunda renovación experimentada por el episcopado español. En 1971 fue creado arzobispo de Madrid a Vicente Enrique Tarancón (nombrado en 1972 como presidente de la Conferencia Episcopal), quien sintonizaba plenamente con la renovación impulsada por el Concilio Vaticano II. Era visto por los ultrafranquistas como la cabeza visible de los obispos y sacerdotes rojos. En estos momentos, la nómina de obispos progresistas ascendía a un 45%; 

(b) Paralelamente, las relaciones con el Vaticano no mejoraron ante las repetidas negativas de Franco a renunciar a su derecho de presentación, 

(c) Se incrementó la colaboración y participación activa de algunos clérigos en los movimientos sociales y políticos de carácter antifranquista. Incluso colaboraron con el PCE (especialmente en Catalunya y el País Vasco, ante las políticas de represión cultural y lingüística del régimen franquista); 

(d) Cada vez fueron más frecuentes las críticas y condenas eclesiásticas de actuaciones y situaciones cuyo último destinatario era el régimen. Por su parte, las autoridades franquistas recurrieron cada vez más a las sanciones (económicas y penales) contra los clérigos disidentes [10]

(e) En 1971 la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes aprobó por mayoría (aunque no absoluta) una declaración autocrítica con el papel ejercido por la Iglesia Católica durante la Guerra Civil en la que se pedía perdón por no haber sido ministros de reconciliación fraternal [11]; y 

(f) En 1973 los obispos aprobaron el documento La Iglesia y la Comunidad Política en el que solicitaban la revisión del Concordato (renuncia mutua de privilegios entre Estado e Iglesia Católica) para asegurar la independencia de ambas instituciones, así como del pluralismo ideológico y político. 



3)  Pluralidad de las Formas de Entender la Religión. Convive la religiosidad tradicional con la religiosidad comprometida. Indirectamente, esta circunstancia refleja una mayor inquietud política en la sociedad española. En las décadas de los 60 y 70 tuvo lugar una profunda renovación del Bajo Clero y una posterior crisis de la figura del sacerdote ante la novedosa doctrina conciliar y la secularización. Una nueva generación de sacerdotes había accedido a doctrinas teológicas difundidas fuera de España que favorecían la tolerancia y el compromiso. Según algunas encuestas, en esos años muchos clérigos se identificaban con posturas de centro-izquierda y estaban en desacuerdo con una Iglesia ligada al Estado, es decir, manifestaban un deseo de acabar con la situación vigente en España. Las nuevas generaciones de sacerdotes contribuyeron a la deslegitimación del régimen, negándose a considerar la Guerra Civil como una cruzada y al régimen franquista compatible con el Cristianismo. Estos sectores del clero se encontraron con la falta de flexibilidad de la jerarquía ante sus novedosas propuestas pastorales. Estos procesos de cambio y conflictos internos ponen de relieve la distancia existente entre un episcopado que actuaba conforme a unos principios anacrónicos y unos sacerdotes identificados con las propuestas del Concilio Vaticano II y con la democracia.

La conflictividad religiosa se manifiesta también a través del anticlericalismo, tanto de la oposición política al régimen, como desde los sectores más próximos a él. Los ataques a la Iglesia Católica se dan en las organizaciones opositoras, pero también algunos falangistas manifiestan actitudes anticlericales, que responden a divergencias ideológicas y sobre todo a luchas por el poder. En los años 60 y sobre todo en los 70 crece el anticlericalismo de los colectivos más retrógrados de la dictadura (ultrafranquistas próximos al búnker). Surgió un insólito anticlericalismo ultrafranquista que se manifestaría incluso con acciones violentas. (Puede citarse Tarancón al Paredón cuando oficiaba el funeral de Carrero Blanco en el Paseo de la Castellana de Madrid en diciembre de 1973). De igual forma, sectores contestatarios católicos critican el trato benévolo de la jerarquía eclesiástica hacia la dictadura. Estas tensiones contribuyeron en gran medida a debilitar al régimen. Es en los últimos años del régimen cuanto tiene lugar la Crisis del Anticlericalismo como conflicto social, gracias a la desactivación de la cultura política que lo había configurado en épocas anteriores y por la integración de sectores católicos progresistas en la lucha antifranquista.


(EL ROTO para El País)

[1] Este periodo también ha sido calificado como de Religiosidad Total en la Posguerra o de Intento de Restauración Religiosa y Política Total (concretamente, de 1939 a 1950), unido a una segunda subfase (de 1950 a 1965) de Cambio hacia la Acción Católica Especializada.

[2] A través del SEM (Servicio Español del Magisterio, por el que forzosamente tenían que pasar todos los maestros) y de la FEN (Formación del Espíritu Nacional) impartida directamente por falangistas.

[3] Impregnada de un ferviente catolicismo, la Sección Femenina adoptó las figuras de Isabel la Católica y Santa Teresa de Jesús como modelos de conducta y símbolos de su acción. El carácter beato de Pilar Primo de Rivera, junto con el hecho de ser la hermana del Ausente, le abrió las puertas del régimen franquista, que vio en ella la persona idónea para indoctrinar a la mujer en su papel secundario que el Nuevo Estado le reservaba y con el que Pilar estuvo siempre de acuerdo. Su confirmación institucional les llegó en 1937, cuando el General Franco les entregó el control exclusivo del recién creado Servicio Social de la Mujer, equiparable al Servicio Militar masculino (y, como éste, obligatorio).

[4] Fiel no perteneciente al clero. Sinónimo de laico. El concepto laico fue retomado especialmente a partir del Concilio Vaticano II.

[5] En 1965, el 70% de los obispos eran mayores de 60 años, hecho que, por cuestiones ideológicas, dificultaba su adaptación a los nuevos requerimientos vaticanos.

[6] Este periodo también ha sido calificado como de Posconcilio y Crisis (1965-1975) en la que se distinguen dos etapas: (a) Religiosidad Personal (parte de la década de los 60 y ejemplificada por los Cursillos de Cristiandad) y; (b) Religiosidad del Compromiso (durante los años 60 y 70). En suma, de 1965 a 1975 se pasa de las dos Españas a una nueva realidad social y política en la que la religión está presente en todas las tendencias políticas.

[7] Muchos jóvenes se identificaron con las nuevas propuestas religiosas debido a que habían recibido una educación más sólida y no habían participado en la guerra (con lo cual, tenían menos sentimientos de culpa que sus mayores). Estas nuevas generaciones no se identifican con la Iglesia Católica, extendiéndose una pluralidad de creencias políticas en el seno del catolicismo español (Secularización Política).

[8] Durante el franquismo y como principal organización de laicos de la época, había llegado a convertirse en un instrumento privilegiado de socialización político-religiosa. ¿Por qué entra en crisis durante la segunda mitad de los años 60? La decepción de los católicos más activos por la tardanza de la jerarquía eclesiástica en renunciar a la situación de privilegio de que gozaba el catolicismo contribuyó a incrementar el aislamiento de la Iglesia Católica y la secularización en los últimos años del franquismo, así como la desconfianza hacia la dictadura. Cuando en 1966 Acción Católica intentó aplicar los nuevos principios del Concilio Vaticano II, la intervención de la jerarquía impidió las manifestaciones contrarias al régimen. En marzo de 1967 la Conferencia Episcopal aprobó un texto en el que se supeditaba a Acción Católica a las directrices de la jerarquía. Para asegurarse, llevó a cabo un cambio de la cúpula de Acción Católica, la cual provocó su paralización hasta 1972.

[9] Juicio contra 16 miembros de ETA acusados de asesinar a 3 personas, entre ellas a Melitón Manzanas y en el que estuvieron inculpados algunos miembros del clero vasco.

[10] La prisión de Zamora (especial para sacerdotes) devino en una insólita realidad en la católica España. De hecho, se produjo una creciente vigilancia policial sobre la actividad de los eclesiásticos.

[11] Este texto descalificaba el concepto crucial de cruzada, esencial para la legitimación del régimen durante y después de la Guerra Civil. En 1972 el propio Carrero Blanco expresó públicamente que la española no fue una Guerra Civil, sino una Guerra de Liberación ante el peligro de perder la independencia de la nación.


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