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| Texto académico de TEMA DE DESARROLLO en Prueba Presencial Historia Política y Social Contemporánea de España (Grado de Ciencia Política y de la Administración -UNED). |
El sistema de partidos 1977-1982.
A principios de 1977 y
después del primer semestre de gobierno por parte de Adolfo Suárez, el momento
político queda caracterizado por cuatro factores básicos:
- Claro retroceso de los
inmovilistas.
- Afianzamiento de los
reformistas.
- Avance de la oposición
democrática que pasa de la presión de la calle a sentarse en la mesa de
negociación. Durante la posterior fiebre asociacionista, llegaron a
constituirse más de doscientos partidos políticos, aunque la conciencia del
«voto útil» polarizó las fuerzas y acabó por centrar las opciones en unos pocos
partidos políticos.
Estos tres primeros
factores configuradores del contexto político de principios de 1977 se vieron
fuertemente influenciados por la aprobación en referéndum (celebrado el 6 de
diciembre de 1976) del proyecto de Ley de Reforma Política (LRP) presentado por
Adolfo Suárez ante las Cortes meses antes. Habiéndose asegurado la neutralidad
de las Fuerzas Armadas y negociado con los sectores del régimen el
procedimiento de reforma, Suárez logró que las Cortes aprobasen su proyecto,
dotando de legalidad el referéndum de ratificación de la LRP. El éxito
cosechado por Suárez en el referéndum [1]
le dotó de absoluta legitimidad para negociar ante la oposición (desde
comunistas hasta demócratas-cristianos, pasando por partidos regionalistas) las
políticas a seguir para llegar a unas primeras elecciones generales libres
convocadas en España desde 1936.
Organizada en una Plataforma de Organismos Democráticos, la
oposición articuló las siguientes peticiones en la negociación emprendida con
el gobierno: (a) Convocatoria de Cortes Constituyentes, (b) Amnistía, (c)
Legalización de los partidos políticos, (d) Reposición de los Estatutos de Autonomía plesbicitados
en los años treinta, y (e) Disolución de las instituciones de la dictadura [2].
- Fracaso de los intentos de
militarizar el orden público en una confluencia de intereses por parte de
grupos de extrema-derecha (Guerrilleros de Cristo Rey) y extrema-izquierda
(GRAPO). Al quedarse fuera del nuevo sistema en gestación, actuaron en la línea
de crear un clima de pánico que paralizase el proceso de instauración
democrática. Esta postura quedó ejemplificada con la «Matanza de Atocha». No
obstante, Atocha generó justamente el efecto contrario al pretendido.
En esta situación, se aceleró el proceso de negociación y de
legalización de los partidos políticos. Sin permiso de los militares, Suárez
legalizó el PCE. A partir de aquí, quedaba abierta la carrera a las elecciones de junio de 1977, las
primeras desde 1936. En estas elecciones el voto se concentró en UCD (incluía
antiguos azules y socialdemócratas) y PSOE. Estos dos partidos estaban
flanqueados a derecha e izquierda por AP y PCE. El cuadro lo completaban varios
partidos nacionalistas y regionalistas, que en ningún caso encabezaron los
resultados de sus circunscripciones. Habían triunfado los partidos más cercanos
al centro y dirigidos por líderes jóvenes con mensajes de cambio dentro de un
orden. Suárez y González representaban una ruptura con el pasado. Fue la muerte
ritual del padre. Se querían caras nuevas. PCE de Carrillo, AP de Fraga y
Partido Socialista Popular de Tierno Galván cosecharon un rotundo fracaso.
En 1977 quedó configurado
un primer sistema de partidos que no se parecía en nada al surgido en las
elecciones de 1931: una nueva discontinuidad en una historia discontinua. La
división izquierda/derecha no estaba ya cortada por la línea de clase social,
ni de si monarquía o república. En 1931 los partidos que formaron el gobierno
provisional obtuvieron una aplastante mayoría parlamentaria, en 1977 la
divisoria izquierda/derecha (PSOE/UCD) resultó muy equilibrada. Tanto en la
derecha como en la izquierda los triunfadores se situaban en la zona más
cercana al centro, mientras que hacia los extremos quedaron dos partidos
minoritarios y hubo un espacio de 25 diputados de partidos
regionalistas-nacionalistas (7% del electorado). ¿Resultado? Bipartidismo Imperfecto: dos partidos
habían aglutinado el 63% de los votos y se repartían el 80% de los escaños.
Al no haber mayoría de
ningún partido, fueron momentos de negociación.
Por eso Santos Juliá califica el trienio 1978-1982 como tiempo de consenso. El primer debate
parlamentario se celebró a finales de 1977. Se trató acerca de ampliar la
amnistía, superar los residuos de la guerra civil, hacer frente a la crisis
económica, elaborar una Constitución, reconocer la personalidad de las regiones
y nacionalidades y restablecer los derechos históricos de Euskadi. En su deseo
de «llevar al Estado lo que ya estaba en
la calle» y como muestra de su talante innovador, Adolfo Suárez fue quien
por primera vez promovió una amplia amnistía.
En julio de 1977 se celebró el primer debate parlamentario después de las
elecciones del mes de junio. Todos los partidos políticos con representación
parlamentaria tuvieron ocasión de exponer sus programas y objetivos políticos.
Entre los propósitos enunciados destacó la ampliación de la amnistía. De hecho,
lo primero que se debatió fue el proyecto de Ley de Amnistía presentado por varios grupos parlamentarios[3].
La idea de consenso que prevaleció fue la de olvidar el pasado y no utilizarlo
como arma de lucha política. Por tanto, nadie que aceptase las nuevas reglas
debía quedar fuera por motivos del pasado. La memoria de lo que todos valoraron
como una trágica escisión política y social fue el elemento cohesionador que reforzó
el consenso de todos. Así pues, la amnistía general promulgada en octubre de
1977 fue el primer peldaño de un proceso que, a través de una Constitución
democrática, debía conducir al ingreso de España en la CE. En definitiva,
dibuja un escenario, un tiempo y un espacio de consenso necesario para generar
la estabilidad suficiente para fomentar y potenciar el inicio del nuevo
proyecto de sistema político democrático y de monarquía parlamentaria que se
encontraba en avanzado estado de gestación. El 23 de diciembre, la
Ponencia Constitucional presentó el proyecto que habría de ser debatido por los
grupos parlamentarios.
La expectativa de que una vez consolidada la
amnistía general y promulgada una Constitución democrática el terrorismo iría menguando, no se vio
cumplida. A medida que el proceso avanzaba, los atentados se incrementaban con
el propósito de provocar a las fuerzas armadas. En 1973 hubo 4 atentados con
víctimas mortales. En 1978 hubo 71 con 85 muertos, En 1980 91 atentados con 124
muertos. A las acciones terroristas, se añadió el malestar militar con algunas
conspiraciones e intentos de golpes de
Estado que el gobierno pudo atajar, aunque mostrando una progresiva debilidad,
agudizada por la errática conducción del proceso autonómico.
Un sistema político asediado por numerosos y fuertes
enemigos. El más grave problema radicó en que el partido del gobierno (UCD) en
un proceso de fragmentación y descomposición interna que acabaría por devorar a
su creador y disolver su producto. Después de una moción de censura presentada
por el PSOE, de varias crisis de gobierno y de la pérdida de control sobre su
propio grupo parlamentario, Suárez dimitió en enero de 1981. La sombra de la
democracia volvía a ser débil. El 23 de
febrero un intento de golpe de Estado a la vieja usanza ponía de manifiesto
la fragilidad de las instituciones democráticas. La intervención del rey y la
multitudinaria manifestación ciudadana devolvieron el impulso político necesario
para seguir adelante en el proceso de consolidación democrática. El partido del
gobierno acabó por fragmentarse en varios grupos. Leopoldo Calvo-Sotelo intentó
reconducir la situación con el ingreso de España en la OTAN y con un pacto con
el PSOE para ordenar el desarrollo autonómico y la celebración del juicio
contra los golpistas del 23-F. Pero desasistido de su partido y con su propio
grupo parlamentario torpedeando su política, adelantó el fin de la legislatura
y convocó nuevas elecciones para el 22 de octubre de 1982.
Se ha señalado el año 1982 como el final de la
transición. El día 28 de octubre se celebran las elecciones generales
convocadas por un Leopoldo Calvo-Sotelo desasistido por UCD y con su propio
grupo parlamentario «torpedeando» su política. Con una participación electoral
del 79,8% del censo electoral (casi 12 puntos mayor que la registrada en las
anteriores elecciones), el PSOE logró una aplastante mayoría absoluta (más del
48% de los votos emitidos, es decir, más de 10 millones de votos) que se
tradujo en 202 escaños[4] (frente a los 107 escaños de AP, un 26,36% de los
votos emitidos, es decir, más de 5,5 millones de votos). El PSOE tocó techo. Pero, hasta la fecha, ningún
otro partido político, en ninguna otra cita electoral ha conseguido igualar o
superar estos resultados.
Ante esta prueba fehaciente de legitimidad de la
democracia ante los españoles y sin haberse superado aún los peores efectos de
la crisis económica iniciada en 1974, el gobierno formado por Felipe González
se enfrenta a una de las situaciones más delicadas de la frágil democracia
española del momento, la cual le presenta una serie de retos que bien podrían
agruparse en dos grandes crisis: (a) Económica y (b) Política.
Crisis Económica: Inflación + Déficit + Paro.
Inflación superior al
15% anual que hacía estragos sobre el poder adquisitivo de la población y
su renta disponible para el consumo, mientras otros países europeos como
Alemania, Gran Bretaña o Francia registraban tasas de inflación del 4,5%, 5,4%
y 9,6% respectivamente. Ante esta situación, el gobierno de Felipe González
puso en marcha una política monetaria destinada a contener la inflación y que
conllevó una devaluación de la peseta en noviembre de 1982 y un ajuste realista
del tipo de cambio (que supuso una depreciación del 8%).
Déficit
público en continuo
aumento. El balance desequilibrado entre los ingresos y el gasto público
acompañará al gobierno socialista durante toda su primera legislatura. No
conseguirán estabilizarlo (incluso, reducirlo levemente) hasta mediados de su
segunda legislatura, cuando Carlos Solchaga abandona la cartera de Industria y
Energía y sustituye a Miguel Boyer al frente del MEH. Actualmente, el déficit
público es considerado un fenómeno reciente por cuanto se produce por primera
vez en el año 1977. Desde ese momento y hasta el año 1982, su financiación
recaía exclusivamente sobre el Banco de España. Es precisamente a partir de la
formación del gobierno socialista que la financiación del déficit público se
orienta hacia los mecanismos de mercado, lo cual exigió la puesta en marcha y
desarrollo de una política de Deuda Pública. Ante esta situación, el gobierno
de Felipe González puso en marcha una política fiscal destinada a la contención
del gasto público para conseguir controlar primero y reducir después el déficit
público. En el año 1982, teniendo la Deuda Pública un marcado carácter
creciente con respecto a la década anterior, aún se mantenía bastante lejos de
los techos máximos que nuestra Deuda Pública alcanzó a mediados de la década de
los 90.
Imparable destrucción de empleo con tasas de paro del 16,5% de la población
activa. Ante esta situación, el gobierno de Felipe González puso en marcha una
serie de políticas estructurales (en los ámbitos de la industria, la energía,
la agricultura, la SS y la empresa pública) que, junto a una política salarial
dirigida a la contención salarial mediante el establecimiento de acuerdos
interconfederales, estaban destinadas al fomento de la creación de empleo.
Crisis Política: Nuevo Sistema de Partidos Políticos + Terrorismo +
Proceso Autonómico + Ingreso a la CE.
Después de las elecciones de octubre de 1982 se
produce un cambio radical del sistema de partidos. El Bipartidismo Imperfecto deja paso a un Sistema de Partidos Predominante (escenario vigente durante las
próximas dos décadas) en el que, además del triunfo rotundo del PSOE, se
produce un/a:
- Quiebra y desmoronamiento del partido en el Gobierno
y protagonista de la transición. Es la «Quiebra del Centrismo». UCD logró 11
escaños, es decir, un 6,77% de los votos, poco más de 1,4 millones de votos,
demostrando ser una coalición de diversas «familias» no siempre bien avenidas,
tal y como quedó de manifiesto por la dimisión de Adolfo Suárez como Presidente
del Gobierno a principios de 1981 como consecuencia de las disensiones internas
dentro de su formación política. Era el precio de no haber conseguido ir más
allá de «una mera coalición electoral».
- Ascenso de AP que, con las cifras citadas más
arriba, logró posicionarse en el Parlamento con un incremento de 97 diputad@s.
- Hundimiento del PCE. Sin llegar a los 900.000 votos
(un 4% de los votos emitidos) sólo logró 4 escaños (es decir, perdió 19
diputad@s).
- Confirmación de los partidos políticos
nacionalistas. Analizando la fisonomía regional del escrutinio de 1977 y 1982
se observa el potente latido regionalista en Catalunya: 1 de cada 2 votos
emitidos en Catalunya 5 años antes ya era de tendencia marcadamente autonomista
(el 20% del voto registrado fue comunista y el 30% socialista).
Resulta de interés analizar la evolución del arco
parlamentario a lo largo de las EEGG de 1977, 1979 y 1982. Ofrece una excelente
perspectiva histórico-evolutiva de nuestro sistema de partidos políticos (esbozando
las matrices de trasferencia de voto que se produjeron después de cada una de
las citas electorales).
Terrorismo de
ETA asestando golpes. Entre los años 1978 y 1981, ETA
asesinó a 264 personas. Durante la legislatura se produjeron más de un centenar
de víctimas. Sólo en 1982 ETA asesinó a 37 personas. En 5 años (de 1978 a 1982)
se registró un 1/3 del total de víctimas de ETA (829 personas).
Conducción
incierta del proceso autonómico.
Obstáculos planteados por Francia
para que España se incorporase a la CE.
No se consiguió la integración con pleno derecho hasta el 01/01/1986.
Ante estos retos planteados al PSOE, el decálogo de
las líneas estratégicas de actuación política del gobierno liderado por Felipe
González (iniciado en 1982 y continuado en parte a lo largo de las siguientes
legislaturas) fue el siguiente:
(#1) Sanear la economía adoptando medidas de ajuste,
(#2) Completar el mapa autonómico aprobando los Estatutos
de Autonomía pendientes y la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA;
(#3) Lograr un Ejército más reducido y eficaz,
subordinado al poder civil;
(#4) Pactar con la Iglesia Católica la financiación de la
red de centro privados de enseñanza primaria;
(#5) Reformar la Justicia;
(#6) Dotar al Estado de recursos suficientes para
emprender Políticas Sociales que conformen el Estado de Bienestar,
(#7) Mostrar al empresariado la no voluntad
intervencionista del Estado,
(#8) Reforzar las políticas de «vertebración» de España
(con proyectos de obras públicas y comunicaciones);
(#9) Fomentar y potenciar la cultura española; y
(#10) Afirmar la presencia de España en el ámbito exterior
(manteniéndola en la OTAN y logrando su plena integración en la CE,
salvaguardando las relaciones bilaterales con EEUU).
[1] 94,2% de los votos emitidos fueron a favor y tan sólo un 2,6% de los
votos en contra (registrándose una abstención del 22,3%).
[2] El Tribunal de Orden Público, el
Movimiento Nacional y la Organización Sindical.
[3]
Concretamente, los siguientes grupos parlamentarios: centrista, socialista, comunista, minorías vasca
y catalana, mixto y socialistas catalanes.
[4] Supone el inicio de la Era
Socialista entendida como el predominio más prolongado de un partido
político elegido por sufragio universal en toda la historia contemporánea de
España. De hecho, Felipe González, con trece años y cinco meses como Presidente
de Gobierno, es el líder de un partido político que más tiempo ha permanecido
en el poder, casi quintuplicando la anterior marca de O’Donnell (con cinco años y dos meses, entre 1858 y 1863).
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