UNA DEMOCRACIA POR FIN CONSOLIDADA: La Ley de Amnistía (3 de 6)

Texto académico de evaluación continua
Historia Política y Social Contemporánea de España
(Grado de Ciencia Política y de la Administración -UNED).
¿Cómo se podría caracterizar el proyecto de Ley de Amnistía? 

«Como la institucionalización del olvido político (que no social, en parte) y de no distinción entre vencedores y vencidos que, aunque no factor suficiente, sí necesario para la creación conciliadora de la Tercera España del 36 cimentada en un sistema democrático articulado a través de un sólido sistema de partidos políticos de suficiente amplitud ideológica» 

De un lado: «El cadáver de Franco permaneció expuesto sobre un catafalco en la Sala de Columnas del Palacio de Oriente: Durante las 50 horas que la sala permaneció abierta al público, hubo colas de espera de varios kilómetros. Entre 300.000 y 500.000 personas pasaron ante su cadáver. Y no sólo para asegurarse de que estaba muerto» (Preston, 1998:967). De otro lado y en palabras de Manuel Vázquez Montalbán: «Durante todo el día 20 de noviembre de 1975 la ciudad se llenó de transeúntes con silenciador […] Ramblas arriba, Ramblas abajo […] Sobre el skyline de la sierra de Collserola se veían ascender hacia el rápido crepúsculo del otoño los tapones de champán, mas no se oía su ruido» (Preston, 1998:967). Mientras tanto y durante 13 años: «Desde 1975 hasta su muerte en febrero de 1988, Carmen Polo, viuda del dictador, recibía una asignación mensual neta por encima de las 652.000 pesetas […] Cobraba anualmente 4.000.000 de pesetas más que el Presidente del Gobierno, cuyo salario anual ascendía a poco más de 8.000.000 de pesetas» (Sánchez Soler, 2003:27). El mayor Edmond Mahony, agregado militar británico en España, remite a sus superiores el 7 de noviembre de 1938 un informe reservado y confidencial en el que, aseverando que «el español no es un hombre que se guíe por la razón», afirma: «La guerra civil forma parte de la tradición nacional: al igual que la corrida de toros, proporciona un dividendo gratificante en forma de exaltación emocional. Por eso, la perspectiva de una prolongación indefinida de la guerra civil probablemente causa menos consternación en España que la que suscita en el extranjero» (Núñez Florencio, R., 2005, 29).



Con este sustrato social, no resulta extraño que durante la década posterior a la muerte de Franco, en Madrid hubo 36 manifestaciones de más de 100.000 asistentes […] Entre 1975 y 1980 hubo 460 muertos (Tusell, 2005:279). A pesar de todo y en términos generales, parece existir consenso generalizado en afirmar que la nuestra fue una transición democrática pacífica. Sin duda, uno de los factores que propició este proceso de transición democrática sin fractura social de las dos primeras Españas del 36 (cuanto menos explícita) fue la aprobación de la Ley de Amnistía. Y en este sentido, Adolfo Suárez supo leer, adaptarse y aprovechar muy bien la cadena trófica-política del momento. Su secuencia de fases estratégicas en las que estructuró el proceso de transición democrática a partir de mediados de 1976 fueron los siguientes: (1) Legalización de los partidos políticos a través de su Ley de Reforma Política (a finales de 1976), (2) Convocatoria de elecciones democráticas (a mediados de 1977), y (3) Aprobación de la Constitución (en las postrimerías de 1978).

En el contexto de esta secuencia lógica, entre la segunda y la tercera fase era necesaria la despenalización de la militancia o afiliación a posicionamientos políticos que no fuese el Movimiento Nacional. Habiéndose constituido ya el primer gobierno democrático a través de las urnas y como requisito previo al diseño y elaboración del marco constitucional que debía definir los principios programáticos del futuro sistema democrático, no cabía la figura del «preso político». En un futuro no podrá aspirarse al ingreso en la Comunidad Europea con personas encarceladas y/o exiliadas en virtud de su militancia sindical o afiliación a un partido político, sin habérseles imputado delito alguno de sangre.

En su deseo de «llevar al Estado lo que ya estaba en la calle», haciendo coincidir la situación de facto con la situación de iure y como muestra de su talante innovador, Adolfo Suárez fue quien por primera vez promovió una amplia amnistía. Aprendió de la propia sociedad y, en parte, de la oposición (Tusell, 2995, 279). También hizo suya alguna demanda social dirigida al monarca: «Juan Carlos, escucha» acabó siendo una de las proclamas más frecuentes en todas las manifestaciones de la oposición (Tusell, 2995, 285). 


En julio de 1977 se celebró el primer debate parlamentario después de las elecciones del mes de junio. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria tuvieron ocasión de exponer sus programas y objetivos políticos. Entre los propósitos enunciados destacó la ampliación de la amnistía. De hecho, lo primero que se debatió fue el proyecto de Ley de Amnistía presentado por varios grupos parlamentarios. Era una cuestión prioritaria, esto es, urgente y necesaria. La idea de consenso que prevaleció fue la de olvidar el pasado y no utilizarlo como arma de lucha política. Por tanto, nadie que aceptase las nuevas reglas debía quedar fuera por motivos del pasado. La memoria de lo que todos valoraron como una trágica escisión política y social fue el elemento cohesionador que reforzó el consenso de todos. Acerca de nuestra «política de la memoria» del siglo XX se ha dicho que durante la transición decidimos «no recordar», haciendo un «pacto de olvido» en relación con la Guerra Civil y el Franquismo, para poder así facilitar la instauración de la democracia (Brunner, 2009:163). En este sentido, cabría hacerse una aclaración importante. Lo que hubo en realidad es un «pacto de no utilizar políticamente el pasado, según la expresión utilizada por Santos Juliá […] Hubo un pacto de no ejecutar represalias, basado en el reconocimiento de que crímenes y abusos se habían cometido por los dos lados» (Álvarez Junco, 2009:185). Pero no hubo un pacto de olvido. Al contrario, se recordó, y se recordó de manera constante. «La opinión de Santos Juliá es que durante la Transición se publicaron toneladas de libros sobre la Guerra Civil (que para otros autores generó una saturación de obras sobre el tema o una trivialización sentimental) […] Entre 1976 y 1985 se publicaron 168 novelas (y entre 1986 y 1996 se publicaron 60 más) que versaban sobre estos asuntos (siendo catorce de ellas premiadas con los galardones literarios más prestigiosos: Nacional de Literatura, Planeta o Nadal)» (Álvarez Junco, 2009:186).



No hubo amnesia […] sino voluntad de olvidar, de «echar al olvido» para evitar un posible conflicto. Así se explica la voluntad de llegar a una amnistía generalizada (Tusell, 2005:282). Traumatizados por los horrores del extremismo sectario experimentado durante la guerra civil y la posterior represión, la mayoría de españoles rechazó la violencia política y la herencia de Franco en forma de deliberada política de mantener la división entre vencedores y vencidos. Las dos Españas que lucharon en 1936 se estaban convirtiendo en una tercera España de consenso democrático (Preston, 1999:23).

«Amnistía. No incluye a los presos de ETA pero sí a todos los demás. Es una amnistía de verdad. No un parche […] Aquella declaración programática abre las puertas a otro universo político: soberanía popular y gobierno representativo» (Prego, 1995:511). En el primero de sus únicos doce artículos, la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, concede la amnistía a todos los actos de intencionalidad política tipificados como delitos y faltas previos al día 15 de diciembre de 1976 y a los que, realizados entre dicha fecha y el 15 de junio de 1977, junto a la intencionalidad política se aprecie voluntad de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España. Además, también se concede la amnistía a todos los actos que, guardando identidad con los anteriores y realizados antes del 6 de octubre de 1977, no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.

Así pues, la amnistía general promulgada en octubre de 1977 fue el primer peldaño de un proceso que, a través de una Constitución democrática, debía conducir al ingreso de España en la Comunidad Europea. En definitiva, dibuja un escenario, un tiempo y un espacio de consenso necesario para generar la estabilidad suficiente para fomentar y potenciar el inicio del nuevo proyecto de sistema político democrático y de monarquía parlamentaria que se encontraba en avanzado estado de gestación.

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