La cita era el 30 de marzo de 1979. Adolfo Suárez pronunciaría en el
Congreso de los Diputados su Discurso de Investidura como Presidente del
Gobierno de nuestra I Legislatura. El día 1 de marzo y al frente de UCD, Adolfo
Suárez logró una amplia victoria con 47 escaños más que la segunda fuerza
política más votada (PSOE), aunque sin lograr la mayoría absoluta. Con una
participación superior al 68%, UCD logró el 34,84% de los votos emitidos
(6.268.593) lo que se supuso obtener 168 escaños, dos más de los que ya tenía.
En cuanto al contenido de este Discurso de Investidura, puede convenirse
que se estructura en dos grandes partes diferenciadas. En una primera parte
introductoria, Adolfo Suárez, después de subrayar la necesidad de profundizar
en la recién aprobada Constitución desde posiciones centradas en el espectro
ideológico, señala la necesidad de que todas las fuerzas políticas contribuyan
al planteamiento y resolución de los grandes problemas nacionales, en el
entorno basado en el libre ejercicio de una Política inclusiva, para todos.
Clarificar la vida pública asumiendo la realidad concreta del momento fue la
última idea central con la que Adolfo Suárez cerró el primer bloque de su
discurso, antes de pasar a detallar sus principales coordenadas de actuación
política. Unas coordenadas que quedaron articuladas en torno a una agenda
política que recogía tags como acción exterior, defensa, lucha
contra el terrorismo, orden social, reformas estructurales, cultura, educación,
desarrollo constitucional o el proceso autonómico.
[Introducción]
Señor Presidente, señoras
y señores Diputados:
Por designación de Su Majestad el Rey, comparezco ante Sus Señorías en un
acto cuya significación y alcance se delimitan en el artículo noventa y nueve
de nuestra Constitución. Me propongo, pues, en estricto cumplimiento del mandato
constitucional, formular los principios programáticos básicos, trazar las
coordenadas de actuación y fijar los objetivos y medidas fundamentales que
perfilarán durante la presente Legislatura nuestra acción de gobierno si la Cámara expresa su aprobación.
El cambio político realizado en nuestro país ha sido profundo y sincero. Pero
ahora comienza un nuevo período; comienza una etapa de transformación profunda
de la sociedad.
Se trata, por consiguiente, de saber realizar el cambio social con
sinceridad, conjugando prudencia y audacia y eligiendo también el camino de la
reforma responsable y gradual que conformó la realización del cambio político,
y tal es, ni más ni menos, la expresión última de la voluntad política del
próximo Gobierno de UCD. El cambio político se verificó en torno a un eje de
sensatez consistente en ajustar los ritmos de tiempo sin regatear o eludir los
contenidos. Nos proponemos ahora realizar el cambio social en una búsqueda
constante de la justicia, demostrando en el terreno de los hechos que la vía
reformista es la más adecuada para la transformación de la sociedad. Con esta voluntad, me permito invitar a Sus Señorías a avanzar en la
definitiva institucionalización de una democracia a la altura de nuestro tiempo
y a vivir la gran ilusión colectiva de la progresiva modernización de la
sociedad española.
[El Papel del Centro]
La cuestión, en la realidad, una vez más, consiste en averiguar si a uno y
otro lado del espectro se aceptará el grado de cambio razonable y posible
exigido por las transformaciones sociales y por el objetivo de justicia o se
desatará el radicalismo para hacerlo inviable. En síntesis, éste es el cuadro y
en este gran marco se inscribe la gran tarea que tiene que cumplir el pueblo
español y de la que el Gobierno de la
Nación se esforzará en ser impulsor. Somos un país viejo que
no tiene sus nuevas fronteras fuera de sí, sino dentro de lo que a lo largo de
los siglos ha sido la difícil y terca voluntad de convivencia entre lenguas y
culturas diferentes. El reto actual consiste en admitir que somos como somos,
en empeñarnos en mejorar cada día y en levantar el país a base de trabajo,
capacidad autocrítica y espíritu de sacrificio. La nueva frontera, en una palabra,
no está lejos de nosotros, sino dentro de todos y cada uno de nosotros mismos.
Hemos de saber encerrarnos en esta identidad definitoria para plantar
sólidamente las raíces del gran pueblo que todos juntos podemos ser. Y tenemos
voluntad, fortaleza y experiencia política para serlo. La oportunidad histórica
para lograrlo se conjuga ciertamente con una serie de dificultades económicas y
sociales que podrían tratar de impedirlo. Mas lo que importa es elegir correctamente
y apostar por la justicia y la equidad con tenacidad y con eficacia en vez de
turbarnos por el verbalismo y la frivolidad.
Nos enfrentamos con una situación nueva, porque iniciamos una nueva
Legislatura en el contexto de una de las Constituciones más jóvenes y
progresistas del mundo, desde la que hemos de afrontar viejos problemas en no
pocos casos seculares. No basta, por tanto, para definir la nueva realidad
española con decir que España ha sido capaz de darse un régimen democrático.
Hay que añadir que los españoles estamos decididos a consolidar una democracia
cuyos contenidos reales estén perfectamente sintonizados con los valores
sociales de nuestro tiempo.
Hemos de alcanzar una democracia social fiel a los acentos de modernidad de
un sistema político que inicia su andadura en el último tercio del siglo XX. Por
eso la etapa que aparece ante nosotros no ofrece treguas ni ocasiones para la comodidad.
Exige, bien al contrario, llevar la mentalidad de cambio a nuevos ámbitos, y
requiere una actitud clara e inequívoca, para interpretar y asumir los deseos
de progreso que existen en las zonas más extensas y vivas del pueblo español.
[Profundizar en la Constitución ]
Nuestro verdadero compromiso está, pues, identificado con el futuro. Vamos
a esforzarnos para que la
Constitución no sea únicamente una solemne declaración de derechos,
sino el fundamento efectivo de una democracia estable y justa. Entendemos por
ello que el sistema de derechos y libertades que perfila la Constitución es el
obligado punto de referencia para la modernización de nuestro país, para la
consecución de una sociedad libre de viejas ataduras y de los privilegios y desigualdades
que han caracterizado la estructura social española. Creo que la profundidad,
la serenidad y el rigor con que se ha realizado en España el cambio político
constituyen suficiente garantía de que podemos efectuar la modernización de la
sociedad española sin convulsiones ni sobresaltos.
Durante estos próximos años es nuestra pretensión recrear el tejido del
cuerpo social. Es necesario que fluya la creatividad social, que se multipliquen los centros
de decisión y las iniciativas. No queremos en modo alguno imponer desde el
poder un modelo preconcebido de organización social, sino establecer un cuadro
institucional que garantice la libertad y la participación ciudadana y estimule
la aportación de todos a la vida colectiva. Para nosotros, la persona es el
fundamento primario y el objetivo último de toda acción política, y la
sociedad, el espacio en el que naturalmente se desarrolla la libre iniciativa
personal que engendra el verdadero progreso. Creemos, en una palabra, que la
política debe ser una parte noble de una sociedad viva y actuante, no su condicionante
o el inicio de su disolución en el seno de una organización burocratizada y
deshumanizante.
[Presupuestos Políticos]
A la vista de este propósito, quisiera enmarcar la política que pretendemos
desarrollar bajo la vigencia de dos grandes presupuestos implícitos en la
esencia misma de la democracia:
Primero. La necesidad de que
todas las fuerzas políticas contribuyan al planteamiento y resolución de los grandes
problemas nacionales desde su respectiva órbita ideológica y desde la
responsabilidad que les corresponda en función de la posición que asuman en el
sistema institucional.
Segundo. El firme criterio
de UCD como primera fuerza política de no pretender en modo alguno un papel
exclusivo de cara al desarrollo de la Constitución , pero sí de hacer valer el
imprescindible condicionamiento democrático de que semejante desarrollo sea
afrontado básicamente desde los planteamientos contenidos en su programa electoral,
porque tal ha sido el mandato surgido de las urnas.
Pienso que estas precisiones iniciales pueden contribuir a centrar el
enfoque que queremos dar a la gestión política durante la actual Legislatura. Y
hacerlo, además, como expresión de nuestra identidad política, nunca como
negación de la identidad de los demás.
Con estas palabras, por consiguiente, no sólo quiero señalar que el
consenso ha terminado, sino expresar el reconocimiento que merece su importante
contribución al proceso constitucional. Quizá el consenso ha producido
decepciones en ciertos sectores. Fue una
solución excepcional para un momento igualmente excepcional de nuestra
evolución política, una prueba de la madurez y responsabilidad de los partidos políticos
a la hora de defender los verdaderos intereses del pueblo y del Estado. Nos
encaminamos a la realización de un programa de gobierno concebido bajo la óptica
de un programa de partido y coherente con la palabra comprometida ante el electorado,
pero que pretende servir honestamente a la totalidad de los españoles y a los
intereses generales del país.
Se trata de un programa centrista, a través del cual queremos que España se
incorpore plenamente a la vida europea de hoy. La defensa del modelo de
sociedad occidental, la inspiración en la ética y en los valores del humanismo
cristiano y la asunción del sistema de economía de mercado, corregido por unos
objetivos sociales que le sitúan al servicio del hombre e impiden hacer del
hombre un engranaje al servicio de fuerzas deshumanizadas, constituyen los
fundamentos imprescindibles, los fundamentos que nosotros asumimos, en la
búsqueda de un adecuado equilibrio entre progreso, libertad, igualdad y
solidaridad entendidas como dimensiones de la justicia.
[Organizarse desde la Libertad ]
Creo que es impropio decir que, ganada ya la libertad, es preciso
plantearse nuevos objetivos. La libertad nunca se alcanza plenamente. Es
preciso afianzarla, promoverla y extenderla a nuevas parcelas, y así como hay
quien teme y recela que son posibles retrocesos de la libertad, porque siempre
están predispuestos a confundir el ejercicio de la autoridad con el retorno del
autoritarismo, algunos pensamos que, frente a la tentación dirigista en áreas
impropias de la correcta formulación de una sociedad libre, frente a la
abdicación de la capacidad de autodefensa de la sociedad en aras de un paternalismo
providente que considera al pueblo en perpetua situación de minoría de edad, se
requiere la potenciación de la capacidad auto-organizativa de los entes sociales,
la transferencia de funciones, la descentralización de competencias y el ejercicio
pluralista del poder y de la responsabilidad. Y a todo ello, lógicamente, hay que
aplicar la necesaria atención en la próxima etapa, no sólo para cerrar o
erradicar situaciones anacrónicas, sino para evitar desviaciones que habría que
lamentar.
Y, sin embargo, desde la libertad, desde su ejercicio responsable y desde
el despliegue y la reivindicación de las libertades concretas, hay una gran
tarea que nos aguarda a los españoles. Hemos modernizado la institución estatal
al instaurar un Estado de Derecho y ahora nos corresponde modernizar la
sociedad mediante el impulso del cambio social. De la misma manera que en el
proceso político negamos la razón de ser de la dialéctica de las dos Españas,
en el orden histórico y político vamos ahora a tratar de destruir la rígida
separación entre la España
de la riqueza y la España
de la miseria, entre las regiones ricas y las regiones atrasadas, entre la
ostentosa opulencia de unos pocos y la marginación y la pobreza de miles de
familias a la espera de seguridad, de trabajo, vivienda y educación.
[Una Política para Todos]
El programa de Gobierno que pretendemos poner en práctica busca poner las
bases de una sociedad más próspera y radicalmente más justa que la sociedad
anterior, que la propia sociedad actual. No vamos a hacer, por consiguiente,
una política tímida ni a poner parches o paños calientes. Y a tal fin importa
menos escarbar en el pasado, recrearse en la crítica y en el pormenor de los
fracasos, que imaginar el porvenir y tener la audacia necesaria para hacerlo
posible. El Gobierno de UCD no va a hacer desde luego una política
revolucionaria, pero realizará reformas profundas y rigurosas que modificarán
seriamente las estructuras de nuestro país.
A la incomprensión de quienes no entienden lo que es un partido de centro,
de raíz popular, interclasista, surgido en el seno de una sociedad industrial y
ajeno por tanto a una concepción bipolar del antagonismo social, contestamos
con la coherencia de un programa de gobierno progresista y reformista que
supondrá, si el acierto preside nuestras decisiones, un progreso social cierto.
No vamos a hacer una política al servicio de un sector de la sociedad, ni
tampoco en beneficio exclusivo de nuestros afiliados o votantes. El Gobierno
realizará una política al servicio de todo el pueblo español procurando que
ninguna pretensión legítima deje de ser defendida ni ninguna causa desoída.
Nos duelen las injusticias de España y negamos que nadie nos aventaje a la
hora de procurar su corrección. Lo que ocurre es que una cosa es rechazar
posiciones de principio que niegan, contra toda evidencia, las posibilidades
reales de una sociedad interclasista, integrada y sólidamente afincada en la
dignidad de la persona y otra muy diferente dar por buenas las lacerantes
desigualdades que es necesario y urgente erradicar.
No haremos, en consecuencia, ni una política débil, ni acomplejada, ni
timorata, tenemos perfectamente claros los objetivos que perseguimos, tenemos
una palabra inequívoca empeñada con el pueblo. Podemos quedarnos cortos en el
acierto o errar en la ejecución, pero no lo seremos en la sinceridad de los
planteamientos y de las decisiones.
[Asumir la Realidad Concreta ]
Creo que no es aventurado afirmar que el pueblo español, y las fuerzas
reales que lo articulan socialmente o encauzan las corrientes de opinión, nos
piden hoy que procedamos entre todos a una tarea de clarificación.
Clarificación para comprender globalmente, más allá del problema vital e
inmediato de cada uno, la situación en que se encuentra España, sus problemas
reales y concretos y nuestras propuestas para afrontarlos. Clarificación
también para saber con certeza, más allá de las formulaciones generales de una
campaña electoral, hacia dónde vamos y hasta dónde queremos llegar, es decir,
en suma, para despejar y aproximar un horizonte, que las exigencias de un
proceso de transición singular y el asentamiento previo e inevitable de unas
bases para la convivencia democrática han impedido proyectar con toda nitidez.
Esta exigencia de clarificar la vida pública nos lleva inexorablemente,
como paso preliminar, a asumir con plenitud la realidad tal y como creemos que
es, a reconocer en toda su dimensión la magnitud de los problemas existentes y
a afrontar exigentemente su solución en el marco de una concepción realista tan
alejada de un conservadurismo que subordina, desvirtúa o elude los
requerimientos de la justicia, como distante del idealismo utópico que ignora
los imperativos y obstáculos de una realidad testaruda que la mera fuerza de
las ideas o de los propósitos bien intencionados no puede por sí sola diluir.
Pienso que la realidad en que hoy estamos inmersos podría definirse como
una acumulación de cuestiones y problemas que hacen enormemente compleja la
acción de gobierno. Pero pienso, asimismo, que nuestra realidad es hoy también
una amplia puerta abierta a la esperanza, porque todos ellos, todos esos
problemas y cuestiones, después de haber asentado las bases de nuestra convivencia
democrática encuentran un adecuado cauce de solución desde y a través de la Constitución y
mediante una firme actuación política que sólo también ahora puede
desarrollarse bajo el imperio de la certeza y seguridad jurídica de que antes
carecíamos por resultar inaplicables o inadecuadas las leyes entonces vigentes
o por ser éstas contradictorias e incompatibles con los propósitos y objetivos
que perseguíamos.
[COORDENADAS DE
ACTUACIÓN]
Esta compleja realidad, reducida a síntesis conceptual y programática,
puede insertarse en el marco de seis grandes coordenadas dentro de las cuales
habrá de desenvolverse la política general del Gobierno durante los próximos
cuatro años:
1. La definición y ejecución de una política exterior que asuma los factores
geopolíticos que la condicionan inexorablemente sin perjudicar por ello la
independencia de nuestra acción internacional en ciertos ámbitos.
2. La realización de una política de defensa nacional en la que las Fuerzas
Armadas constituyan por sí mismas un factor de disuasión determinante con
capacidad de reacción inmediata, de respaldo de nuestra acción exterior y de
defensa del ordenamiento constitucional.
3. La intensificación y ampliación de la acción destinada a garantizar en
mayor medida la seguridad ciudadana y hacer más eficaz la lucha contra el
terrorismo de toda índole.
4. La búsqueda permanente de un equilibrio social dinámico y de progreso
que fortalezca y vitalice el Estado de Derecho y que confiera cada vez más
contenido real a los grandes valores de libertad, igualdad y solidaridad
entendidos, en definitiva, como expresiones distintas de la justicia.
5. El desarrollo de la
Constitución , es decir, la concreta institucionalización
legal de todas las dimensiones sustantivas del Estado Social y Democrático de
Derecho como forma de organización política de una sociedad pluralista y libre
concebida para hombres libres.
6. La distribución territorial del poder del Estado a través del proceso
autonómico para consagrar legalmente la diversidad real de la comunidad
española en el marco irrenunciable de la unidad nacional de España y bajo el
imperio de la soberanía única del pueblo español.
[La Acción Exterior ]
En el ámbito internacional, el Gobierno se propone llevar a cabo una
política realista, activa e independiente que, partiendo de las
transformaciones internas operadas en España, sea capaz de potenciar nuestra
acción y defender nuestros intereses, en un mundo cada vez más interdependiente
y en rápido proceso de transformación. Esta política estará encaminada a
garantizar nuestra seguridad y nuestra independencia, a restablecer con la
recuperación de Gibraltar nuestra integridad territorial, a asegurar el
suministro de materias primas y productos energéticos, a mejorar las
condiciones de vida y los niveles de bienestar de los españoles, y a contribuir
a la construcción de un mundo más libre, más pacífico, más seguro y más justo.
Por convicción profunda somos partidarios del mantenimiento de la paz y
contrarios al uso de la violencia y estamos dispuestos, en la medida de
nuestras posibilidades, a favorecer el entendimiento, la solución pacífica de
los conflictos y la distensión internacional. Pero esta decidida vocación de
paz nuestra no puede hacernos olvidar que vivimos en un mundo donde todavía persisten
confrontaciones, conflictos y tensiones.
España está incluida en el dispositivo estratégico occidental a través del
Tratado Bilateral con los Estados Unidos. Este Tratado deberá redactarse a su
vencimiento para adecuarlo a la nueva realidad. UCD es partidaria de la
adhesión de España a la
Alianza Atlántica por coherencia con su vocación europea y
occidental. Pero entiende que nuestro ingreso en la NATO debe plantearse, en su
caso, teniendo en cuenta los condicionamientos que derivan de nuestras peculiaridades
y de nuestras exigencias de seguridad, así como la necesidad de un amplio
respaldo parlamentario. A esta Cámara corresponderá en su día debatir el tema,
analizando con rigor e imaginación las condiciones y modalidades de esa eventual
adhesión en la forma que resulte más favorable para nuestros intereses políticos
y estratégicos. Porque, en verdad, son múltiples los factores de tipo económico,
militar y político que tienen que ser adecuadamente sopesados y muy variadas
las soluciones posibles a que puede llegarse en cada uno de estos terrenos.
España quiere estar presente con plenitud de derecho en las Instituciones
europeas. Por eso negociamos la incorporación en las Comunidades con el
propósito de aportar nuestras ideas y nuestro esfuerzo a la realización de las
finalidades políticas previstas en los Tratados Fundacionales y para la mejor
defensa de nuestros intereses. La inserción de España en Europa es plenamente
compatible con nuestra identidad iberoamericana, que habrá de adquirir nuevas dimensiones.
El capital que supone nuestra comunidad cultural, histórica y lingüística nos
permitirá hacer ver a las Comunidades Europeas que, en nuestra opinión, quedan
mutiladas si abdican de establecer una estrecha relación de colaboración con
Iberoamérica. Para cumplir con esta misión y reforzar en todos los órdenes las
relaciones con los países hispanoamericanos, el Gobierno se propone impulsar el
Centro Iberoamericano de Cooperación y potenciarlo al máximo, asegurándole los
medios suficientes para hacer frente a las necesidades de cooperación con los
más diversos sectores iberoamericanos.
Nuestra situación geográfica, que ha marcado durante tantos años el interés
español por los acontecimientos en el Mediterráneo y el Norte de África, nos
exige adoptar en esta zona geográfica una posición imaginativa y abierta para
contribuir al logro de una solución pacífica que tenga en cuenta todos los
intereses de la región. La proyección norteafricana, sin embargo, no puede
limitar nuestra acción en el resto del continente africano ante la complejidad
de los intereses españoles y de aquellos que puedan nacer como consecuencia de
nuestra incorporación a las Comunidades Europeas y por virtud de los acuerdos
firmados por la
Europa Comunitaria con ciertos países africanos. Mientras
avanza nuestro proceso de adhesión a las Comunidades, el Gobierno, para
facilitar los contactos con países árabes y africanos y con otras zonas afectadas
por los problemas típicos del subdesarrollo, presentará a esta Cámara una Ley
de Cooperación Técnica que pueda encauzar hacia los estados más necesitados no
sólo la ayuda financiera que España pueda aportar a su desarrollo, sino la contribución
de sus profesionales y de su tecnología.
Otra preocupación básica del Gobierno será la protección de nuestros
nacionales en el extranjero, porque ningún objetivo más noble puede pretender
nuestra acción en el exterior que la defensa y protección de los intereses de
aquellos españoles que alejados de su tierra tienen que desarrollar su
actividad fuera de su país. El Gobierno defenderá los intereses de los
emigrantes y residentes fuera de España para ofrecerles la adecuada protección,
asegurar sus derechos políticos, laborales y sociales, y facilitarles la
adecuación y la asistencia social necesaria para ellos y para sus hijos.
Proponemos en suma una actitud positiva y constructiva en los grandes temas
que tiene planteados la Comunidad Internacional , donde, por nuestra
singularidad y nuestro papel de potencia intermedia, podemos desempeñar una
función de acercamiento entre las distintas posiciones hoy divergentes. Estos
temas incluyen nuestra aportación a los esfuerzos en favor de un desarme
general y completo bajo adecuado y eficaz control internacional; nuestros
esfuerzos para el establecimiento de un nuevo orden económico internacional más
justo, basado en el desarrollo integral de la persona; nuestra firme actitud a
favor de la salvaguarda y protección de los derechos humanos, convencidos como
estamos de que el orden político y la paz social no pueden tener otros
fundamentos que la dignidad de la persona humana y el respeto a los derechos
inviolables que le son inherentes.
En resumen, una política abierta a todos los problemas de nuestro tiempo,
liberada de cualquier servidumbre, enmarcada por los principios de pleno
respeto a nuestra soberanía e independencia y de no injerencia en los asuntos
internos de otros países, y una política, en fin, al servicio del pueblo
español y de los intereses permanentes de España.
[Defensa]
Quiero subrayar ante Sus Señorías, que la Defensa Nacional
es responsable de todos los españoles y objetivo prioritario para el Gobierno.
Por ello confiere la máxima importancia a cuanto concierne a las Fuerzas
Armadas.
Aunque en el programa de UCD están claramente expuestos los criterios fundamentales
sobre la Defensa
Nacional y los objetivos que se pretenden alcanzar, querría
afirmar en este momento nuestra decisión de cumplir dicho programa, limitándome
ahora a subrayar los aspectos siguientes:
Por su urgencia, el Gobierno concederá prioridad a la acción social, a la
regulación de escalas y a la determinación del objetivo de fuerza conjunto.
- La acción social será mejorada y potenciada en todos sus aspectos, se completará
la dotación del Instituto Social de las Fuerzas Armadas —ISFAS—, de reciente
creación, y el plan de viviendas en el presupuesto pendiente de aprobación por
las Cortes.
- La regulación de ascensos y escalas, ya iniciada, que remedie situaciones
anómalas existentes, se plasmará en disposiciones que, en plazo breve, serán
sometidas a la consideración de esta Cámara. Con ellas, respetando siempre
derechos adquiridos, se tratará de lograr un rejuvenecimiento progresivo de los
cuadros de mando y dar un esperanzador sentido de carrera a todos los escalones
de los mismos.
- La determinación del objetivo de fuerza-conjunto traerá consigo la
adopción de la más idónea estructura orgánica, la potenciación de sus efectivos
y el logro del factor disuasorio que han de constituir nuestras Fuerzas
Armadas. La Junta
de Jefes de Estado Mayor, el Gobierno y el Parlamento, cada uno en la esfera de
sus respectivas competencias, serán responsables de la consecución de este
objetivo.
Quiero destacar también, por su importancia, que en esta material
pretendemos conseguir, entre otros, los siguientes objetivos:
- La adecuada cobertura de inversiones y gastos.
- El necesario plan de infraestructura, apoyo y sostenimiento.
- Una industria para las necesidades de la defensa que garantice el
suministro necesario a nuestros Ejércitos y actúe como eficaz impulsor de la
economía y la investigación nacionales.
Y como base imprescindible de todo ello se prestará especial atención a
mejorar constantemente la formación de sus hombres, tanto de los cuadros
profesionales como del personal en filas. Se adecuarán las retribuciones a la
dedicación efectiva; se regulará el régimen del voluntariado especialista y se
mejorará el haber en mano de soldados y marineros, dentro de un conjunto de
medidas que contemplen prioritariamente al componente humano de los Ejércitos.
[Seguridad Ciudadana y Lucha contra el Terrorismo]
En el momento de comparecer ante esta Cámara, soy consciente de que al
pueblo español no le inquieta únicamente la situación de crisis que vive el
país o su prosperidad económica y social. Entiendo que, en esta hora, la paz
ciudadana, la seguridad de las personas, el mantenimiento de un orden público
que garantice el ejercicio de las libertades, es también en su ánimo cuestión
prioritaria. Asegurar la tranquilidad de nuestros pueblos y de nuestras
ciudades, de nuestros domicilios y de nuestras familias es un principio que
Insertamos como eje básico del programa del nuevo Gobierno. La democracia se
basa en la libertad y la justicia como valores superiores realizados bajo el
imperio de la Ley
entendida como expresión de la voluntad popular. Por tanto, el acatamiento de
sus reglas y de sus leyes, aprobadas en el Parlamento, es una obligación de
todos que el nuevo Gobierno hará cumplir del modo más enérgico e inexorable.
Nuestra meta ha de ser, pues, el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Pero para conseguir tal objetivo es preciso rodearle de todos los dispositivos
necesarios para que nadie pueda poner en peligro su autoridad y estabilidad. El
Estado de Derecho ha de ser, en efecto, capaz de prevenir y, en su caso,
reprimir las agresiones que atenten contra sus fundamentos o contra la
convivencia de los ciudadanos.
Independientemente de los proyectos legislativos que el nuevo Gobierno presentará
para regular el régimen de libertades diseñado en la Constitución , resulta
imprescindible formular, y es nuestro propósito llevar a cabo, una serle de
programas de reformas en el campo de la seguridad ciudadana. En este sentido,
junto a la garantía jurisdiccional de las libertades públicas, realizaremos una
eficaz política de protección de la seguridad ciudadana y una decidida lucha
contra el terrorismo.
En el ámbito de la seguridad ciudadana, el Gobierno proseguirá su tarea de
conseguir una mayor profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; una
más intensa especialización de los mismos para lograr un alto grado de
operatividad en todos los campos en los que el delito es más frecuente o atenta
en mayor medida contra la convivencia; y, finalmente, la coordinación de todos
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a través de un órgano Director de la Seguridad del Estado. La
extensión de los servicios de radiopatrulla y de patrulla urbana y la
ampliación de los centros operativos de servicio de la Guardia Civil y de
los Grupos Especiales Operativos de la Policía Nacional ,
no serán más que ejemplos singulares de la firmeza y amplitud con que el
Gobierno pretende afrontar sus responsabilidades en materia de orden público y
de seguridad ciudadana.
El tratamiento de la lucha contra el terrorismo —que ha rendido ya sus
frutos innegables— nos está exigiendo a todos reforzar una estrategia y un
planteamiento global en el que, una vez vigente y en fase de desarrollo la Constitución ,
adquieran particular importancia las medidas de índole policial. El fenómeno
terrorista, su complejidad creciente y su alto grado de profesionalización,
reclama una labor de formación de unidades especializadas en la información y
en la acción. Y esto es ya, y seguirá siendo, uno de los objetivos
fundamentales del Gobierno, con el fin de erradicar esta lacra que se cierne
sobre muchos países democráticos, entre los que España no es una excepción.
[Un Orden Social, Dinámico, Progresivo y Solidario]
Los problemas de la economía española y las posibilidades de resolver la
crisis actual han de examinarse en el contexto de la economía internacional.
Nuestra economía está cada vez más vinculada a los intercambios mundiales, y
han pasado ya los tiempos en que cabía pensar en la elaboración de un programa
económico al margen de los condicionamientos impuestos por la situación
económica internacional.
Nuestra crisis es parte de la crisis económica mundial. Las grandes
economías industriales, y especialmente las europeas, no acaban de encontrar un
camino firme de expansión tras la grave recesión de 1974-75. Las tensiones
inflacionistas, con su resistencia a ceder y su disposición a recrudecerse en
cualquier momento, limitan las posibilidades de políticas económicas más
expansivas. Los desequilibrios de las balanzas de pagos por cuenta corriente y
las consiguientes alteraciones en los mercados de cambios fomentan las
prácticas proteccionistas, reducen la expansión del comercio mundial, agravan
los problemas de los países en vías de desarrollo e introducen importantes
elementos de incertidumbre y riesgo en los mercados financieros
internacionales.
Este es el marco en que hemos de movernos y no cabe esperar que de él
vayamos a recibir estímulos favorables en los próximos años. Olvidar esto sería
incurrir en un voluntarismo sin futuro. Recordarlo equivale a asumir algunos de
los condicionamientos primarios dentro de los que ha de desarrollarse nuestra
política económica.
Pero no sólo pesa sobre nosotros la crisis económica mundial. Tenemos que
afrontar, además, la existencia de problemas procedentes de un prolongado
tiempo en que se mantuvieron latentes y ocultos en la gran expansión mundial de
los años 60, pero que han aflorado a la superficie con la crisis económica y el
cambio de sistema político.
Toda la problemática del paro, prácticamente desconocida en España hasta
hace unos años, era una realidad oculta. El recurso a la emigración masiva
escondía la incapacidad del sistema productivo español para ofrecer
regularmente puestos de trabajo a los hombres y mujeres que anualmente llegaban
a la edad laboral.
Los desequilibrios regionales y los desequilibrios industriales,
característicos de una fase de expansión acelerada, estaban solapados tras las
cifras de un desarrollo cuantitativo; pero se han manifestado en toda su
gravedad cuando la crisis mundial ha puesto de relieve la importancia de un
crecimiento equilibrado.
Finalmente, hay que subrayar la gran rigidez en el sistema de relaciones
laborales como contrapartida de la negación del derecho de huelga y de los
derechos sindicales, rigidez incompatible con el normal funcionamiento de una
economía moderna, flexible y progresiva y de una sociedad en proceso de
integración en Europa y en la que la Democracia está institucionalizada y las
libertades garantizadas.
Hemos de afrontar así una situación en la que las dificultades actuales se
ven considerablemente agravadas por la magnitud de los problemas anteriores
ahora patentes; una situación también en la que el adverso contexto
internacional condiciona estrechamente el marco real de posibilidades para superar
la crisis.
En estas circunstancias, constituye una tentación enunciar programas
cargados de promesas de imposible cumplimiento: rápidas soluciones al problema
del paro, una pronta eliminación de la inflación y sencillas reestructuraciones
industriales. Un planteamiento responsable no puede caer en esa tentación:
primero, porque un Gobierno
no puede generar en la sociedad expectativas que no se pueden satisfacer, y
segundo, porque es preciso apelar a esfuerzos todavía importantes que la
sociedad española ha de realizar para remontar los problemas actuales.
Nadie va a regalarnos el futuro. Tendremos que conquistarlo con un esfuerzo
solidario de todos los españoles, encauzado por una política ambiciosa pero
realista. Esa política económica ambiciosa y realista a la vez ha de elaborarse
con una dimensión temporal a medio plazo; porque la inflación sólo puede
reducirse desde sus altos niveles actuales hasta los vigentes en la mayoría de
los países industriales, mediante un esfuerzo continuado y persistente; porque
la creación de los cientos de miles de puestos de trabajo necesarios para
situarnos en un nivel mejor de empleo debe plantearse mediante un esfuerzo
constante para que sea un proceso firme y sin retroceso; y, finalmente, porque
los problemas de reestructuración exigen tiempo para que puedan resolverse sin
graves traumas. Esa programación a medio plazo ha de estar inspirada, al mismo
tiempo, en el objetivo de facilitar el ingreso de España en la Comunidad Económica
Europea, tema al que el Gobierno prestará una atención prioritaria.
El ingreso en la CEE
habrá de significar la modernización definitiva de la economía española.
Nuestra adhesión a la
Comunidad supondrá, sin duda, unas negociaciones difíciles en
las que el Gobierno tratará de combinar adecuadamente los intereses de todos
los grupos y sectores sociales.
La política económica habrá de dar una respuesta duradera a las grandes
cuestiones que tiene planteadas la economía española en la perspectiva del
ingreso de España en la CEE.
Nuestro programa tiene como preocupación fundamental conseguir que se
incremente progresivamente el nivel de empleo durante los cuatro años
venideros. Ello exige una política en varias direcciones:
1. Reducir la inflación a tasas compatibles con un crecimiento elevado y
estable.
2. Eliminar las trabas que obstaculizan la eficacia del sistema.
3. Corregir las injusticias, contradicciones y anacronismos en el sistema
económico-social.
4. Apoyar decididamente el desarrollo de las regiones en las que el paro
estructural tiene mayor incidencia.
5. Reformar los sectores económicos afectados más gravemente por la crisis
y potenciar otros estratégicamente necesarios.
6. Revitalización del ahorro y fomento de la inversión.
No hay que ocultar la magnitud del esfuerzo que es preciso realizar y que
deberá hacer frente a las demandas de empleo derivadas de: 1, el crecimiento de
la población activa: 2, el trasvase previsible de población activa agrícola a
otros sectores productivos, y 3, la reducción gradual del actual nivel de
desempleo.
Para conseguir mejorar el nivel de empleo, la acción del Gobierno se
orientará a los siguientes objetivos básicos:
1. Crecimiento sostenido de la economía española a un ritmo lo más cercano
posible a su tasa potencial de expansión. Este crecimiento, apoyado en la
inversión y en las exportaciones, será el motor fundamental de la creación de
puestos de trabajo y su consecución atraviesa por el logro de un entendimiento
básico entre las distintas fuerzas sociales.
2. Reducción paulatina de la edad de jubilación —una de las más elevadas de
Europa—, que permitirá, por un lado, un tratamiento justo que asegura una
dignidad en la pensión de jubilación a los sectores de población que han
dedicado su vida activa a la sociedad, y, por otra parte, un mayor nivel de
ocupación de las nuevas generaciones.
3. Esfuerzo de escolarización de los jóvenes entre los catorce y dieciséis
años de edad orientado especialmente hacia la formación profesional. De esta
manera se obtendrá una mejor adecuación, tanto cualitativa como cuantitativa,
de la oferta de trabajo a las demandas cambiantes de un sistema productivo en
plena transformación.
En el campo del empleo, el Gobierno se propone actuar específicamente a
través, entre otras, de las siguientes acciones:
1. Potenciación de la inversión privada creadora de puestos de trabajo
especialmente a través de la pequeña y mediana empresa mediante una política
monetaria y financiera adecuada y prioridad a la inversión pública dentro de
los gastos del Estado.
2. Realización de programas de empleo específicamente destinados a
favorecer la colocación de los trabajadores en paro y de los jóvenes que
acceden por primera vez al trabajo e iniciación de nuevas formas de
contratación de trabajo a tiempo parcial.
Estas medidas de fomento de la creación de puestos de trabajo irán además
acompañadas de un conjunto de actuaciones encaminadas a atenuar las
consecuencias sociales del desempleo. Se procederá a una nueva regulación del
seguro de desempleo con arreglo a los siguientes principios:
1. Mantenimiento de la prestación del seguro de desempleo más allá del
tiempo inicialmente establecido en aquellas situaciones en que se justifique
socialmente.
2. Perfeccionamiento de los mecanismos de asignación de fondos para el
desempleo temporal agrícola.
3. Mejor coordinación y control de las prestaciones de desempleo a través
del Instituto Nacional de Empleo.
4. Proporcionalidad
entre el tiempo trabajado y la percepción del subsidio.
5. Lucha contra el
fraude en la percepción del subsidio de desempleo.
Es preciso insistir que el elemento básico de una política económica que
mejore el nivel de empleo consiste en acercar el crecimiento real de la
economía” española a su tasa potencial, para lo cual es necesario garantizar el
respeto de los grandes equilibrios, tanto interno como externo, de la economía.
De no ser así, los desequilibrios inducidos [inflación y balanza de pagos)
anularían muy pronto los progresos realizados y arrancarían a la postre la
esperanza de transformar nuestro país en una democracia progresiva y moderna.
Esta política deberá instrumentarse mediante una política presupuestaria
que allegue los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades
sociales que acompañan al crecimiento y mejore sustancialmente la calidad del
gasto, y por su parte, la política monetaria deberá velar constantemente por el
respeto de los grandes equilibrios, en particular del equilibrio interno de la
economía, asegurando al mismo tiempo que la instrumentación cotidiana de la
misma no introduzca bruscas modificaciones en las expectativas de los
diferentes agentes económicos.
[Las Reformas Estructurales]
La consecución de los objetivos de política económica a medio plazo y la
resolución de los problemas básicos que hoy día tiene planteados la economía
española, no pueden concebirse sin el acompañamiento de una política de
reformas que prolongue las actualmente emprendidas e inicie algunas otras tan
apremiantes como necesarias. Con independencia de recordar que en el programa
electoral de UCD figuran detalladas el conjunto de reformas que en los
distintos sectores del orden social y económico se piensan adoptar, voy a hacer
referencia a alguna de las más significativas.
En el campo fiscal se concluirá la reforma manteniéndose los Proyectos de Ley
actualmente presentados en las Cortes y, en especial los relativos a los
Impuestos Indirectos con la finalidad de reducir las tarifas del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y de sustituir la diversidad actual de Impuestos
Indirectos por el Impuesto sobre el Valor Añadido. Las tarifas del Impuesto
sobre el Valor Añadido deberán permitir el traslado hacia este Impuesto de una
parte de los costes que hoy comporta la Seguridad Social para
las empresas y que frenan la creación de puestos de trabajo.
Continuará la lucha contra el fraude fiscal y la transformación de la Administración Tributaria ,
que han ofrecido resultados positivos en 1978. Asimismo se regulará el régimen
financiero de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, basándose
en los principios de solidaridad, justicia, suficiencia y flexibilidad.
En lo que se refiere a las relaciones laborales se adoptarán las medidas
legislativas necesarias para homologar nuestro sistema con el que hoy prevalece
en los países de la CEE ,
especialmente con el de aquellos que han demostrado un mayor grado de eficacia
y conseguido un mayor bienestar social. Se tramitará por el procedimiento de urgencia
el proyecto de Ley de Negociación Colectiva que el Gobierno ha depositado en
las Cortes. Asimismo, en cumplimiento del mandato constitucional, el Gobierno presentará
un Proyecto de Ley que regule el ejercicio del derecho de huelga y las situaciones
de conflicto colectivo y el Estatuto de los Trabajadores.
Las empresas públicas deberán mejorar sustancialmente su gestión que tiene
que llevarse a cabo con mayor eficacia y transparencia. El Gobierno continuará
su política de contención de los déficits en estas empresas, exigiendo
austeridad y racionalidad en su gestión y profesionalidad en su gerencia.
También deberán proseguirse las acciones emprendidas en el ámbito de la
reforma del sistema financiero, con objeto de lograr un mejor equilibrio entre
el ahorro y la inversión.
El sistema bancario privado funcionará en un marco de libertad y
competencia, pero el Gobierno mantendrá el principio de igualdad de
oportunidades de acceso al crédito, reforzando este principio mediante el
control de la actuación de las Cajas de Ahorro y mediante el eficaz
funcionamiento de un crédito oficial que confiera mayor prioridad a las
necesidades de la pequeña y mediana empresa. Se realizarán también las reformas
necesarias del sistema financiero para aumentar la importancia de la financiación
a medio y largo plazo. Asimismo el Gobierno pondrá en práctica las necesarias
medidas para perfeccionar la operatividad y transparencia del mercado de valores
y reforzar la seguridad y garantías de los accionistas.
En materia de Seguridad Social la acción del Gobierno se centrará en tres
vertientes:
1. Riguroso control y transparencia de los Presupuestos de la Seguridad Social
con asunción gradual por los Presupuestos del Estado de un mayor porcentaje de
la carga financiera que comporta la misma, hasta asumir un 20 por 100 en 1983.
2. Promover la participación de los beneficiarios en el control y
vigilancia de las, entidades que componen el sistema de la Seguridad Social ,
especialmente a través de los
sindicatos y organizaciones de empresarios.
3. Mejorar la eficiencia de la Seguridad Social , introduciendo criterios de
descentralización, potenciación de la medicina preventiva, mejora de la calidad
de los servicios hospitalarios y acercamiento de la Sanidad a los
beneficiarios, tanto en el mundo rural como en los barrios de las ciudades.
En los próximos años, deberá acometerse el proceso de reconversión
industrial iniciado, con objeto de aproximar la creación de bienes y servicios
a la demanda, tanto interna cómo externa. Este proceso deberá considerarse en
la perspectiva que representa para nuestra industria la integración en la Comunidad Económica
Europea.
Las acciones que se emprendan deberán contemplar las situaciones
específicas de cada sector otorgándose prioridad a la de aquellos que han
sufrido modificaciones irreversibles en su capacidad productiva por la
incidencia de la crisis. Las medidas que se adopten deberán situarse en un
marco de concertación con las fuerzas sociales afectadas.
En relación con el sector energético, que constituye uno de los puntos más
vulnerables de nuestro sistema económico, y con independencia de acelerar el
debate y la aprobación del Plan
Energético Nacional, las actuaciones en los próximos años irán encaminadas a
conseguir un mayor grado de autonomía e independencia de nuestro país en este
campo. Así, pues, éstas se encaminarán a la máxima puesta en valor de nuestra
potencialidad hidráulica, a una explotación adecuada de los recursos carboníferos
nacionales, a un empleo, racional de la energía nuclear y la consiguiente reducción
de la dependencia del petróleo para así disminuir los riesgos de eventuales crisis
en el futuro. También se promoverá un fuerte desarrollo de la investigación energética
y de forma especial los proyectos relativos a la energía solar.
En los próximos años, nuestra Agricultura deberá hacer frente al desafío
que representa la integración en la Comunidad Económica
Europea, y de su respuesta dependerá en buena medida el futuro económico del
país. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para:
1. Dotar a la población agraria de un nivel de renta creciente y de un
status social justo, reduciendo las desigualdades entre sectores y regiones.
2. Dotar al medio rural de servicios de sanidad, educación, vías de
comunicación, transportes, electrificación rural y, en general, equiparar
servicios entre las comunidades rurales y las urbanas.
3. Estabilizar la población joven en el campo, facilitando el acceso a la
propiedad de los jóvenes agricultores, apoyando tanto las explotaciones
familiares agrarias como las cooperativas o sociedades agrarias de
transformación.
4. Conseguir unas explotaciones rentables y una mejora en los circuitos de
comercialización.
Se adoptarán las medidas para aplicar la política de vivienda aprobada en
diciembre del pasado año, con objeto de que alcance unos niveles de
construcción del orden de trescientas mil viviendas anuales. Esta política se
complementará con una serie de actuaciones de carácter urbanístico y fiscal que
movilicen la oferta de suelo y recuperen para la colectividad las plusvalías
que correspondan.
En el avance hacia el futuro que supone los próximos años no podemos
descuidar por más tiempo la investigación científica y técnica. Sin un
esfuerzo de investigación para desarrollar nuestros recursos, para encontrar y
aplicar soluciones más acordes con nuestros problemas, nuestro futuro sería
mucho menos brillante de lo que hubiera podido ser y sin duda mucho más
dependiente de tecnologías ajenas.
El esfuerzo en este terreno nos colocará en una posición privilegiada
puesto que las tecnologías de los países más desarrollados son cada vez menos
aplicables en los países en vías de desarrollo y la demanda de técnicas
intermedias en el mundo será muy fuerte en los próximos años.
Los próximos cuatro años van a ser decisivos para la economía de nuestro país. Superado el impacto inicial de la crisis económica mundial y la fase de transición política, nuestra sociedad deberá acometer con energía la tarea de consolidar su posición entre las principales naciones industriales del mundo. Ello implicará cambios importantes en el comportamiento de los agentes económicos, que deberán concebir sus estrategias en un marco que con frecuencia superará el de nuestras fronteras. En un mundo incierto, nuestra gran oportunidad consiste en afianzar todos aquellos mecanismos que faciliten nuestra adaptación al cambio. Debemos incrementar la movilidad social, favoreciendo las iniciativas individuales y la asunción de riesgos, pues entiendo que, en el marco de la economía de mercado, definido porla Constitución , un
empresariado dinámico y progresivo es la mejor garantía para que la sociedad
alcance cotas cada vez más altas de bienestar social y progreso. El Estado debe
organizar un sistema eficaz que permita proteger a quienes sufren las
consecuencias del cambio. Una sociedad en movimiento necesita asegurar
constantemente un puente entre la innovación y la tradición, entre el futuro y
el pasado. En el ámbito económico, la prosecución del proceso de reformas es la
principal garantía de que nuestra sociedad avanzará con ilusión hacia el futuro
haciendo compatibles mayores grados de libertad y seguridad para todos los
ciudadanos.
Los próximos cuatro años van a ser decisivos para la economía de nuestro país. Superado el impacto inicial de la crisis económica mundial y la fase de transición política, nuestra sociedad deberá acometer con energía la tarea de consolidar su posición entre las principales naciones industriales del mundo. Ello implicará cambios importantes en el comportamiento de los agentes económicos, que deberán concebir sus estrategias en un marco que con frecuencia superará el de nuestras fronteras. En un mundo incierto, nuestra gran oportunidad consiste en afianzar todos aquellos mecanismos que faciliten nuestra adaptación al cambio. Debemos incrementar la movilidad social, favoreciendo las iniciativas individuales y la asunción de riesgos, pues entiendo que, en el marco de la economía de mercado, definido por
[Familia, Cultura y Educación]
En la configuración de un orden social tienen también gran importancia
aquellos aspectos que afectan decisivamente al desarrollo de la persona. Entre
ellos, se encuentra, como algo anterior al Estado mismo, la institución
familiar. En efecto, los derechos y obligaciones que surgen de las relaciones
de la familia podrán ser reconocidos y armonizados por el Estado, pero de
ninguna manera encuentran su fundamento primero y excluyente en la organización
estatal. Se trata básicamente de poner en juego los modos concretos mediante
los cuales la familia pueda afrontar con éxito los profundos cambios en que,
con ritmo cada vez más acelerado, tiene que moverse. En este punto, lo más
adecuado es acertar a dar respuesta a las preguntas claves que una sociedad en
cambio suscita. Pretendemos, pues, adecuar la regulación jurídica de esos
derechos y obligaciones familiares a las exigencias del tiempo presente. El
Gobierno realizará bao esta óptica una reforma en profundidad del derecho de familia
vigente para adaptarlo a la realidad social de la familia española de nuestros días.
Por otra parte, el Gobierno, en cumplimiento del programa con el que UCD
concurrió a las elecciones, adoptará un conjunto de medidas destinadas a la
protección económica y social de la familia como ámbito natural inmediato del
desarrollo de la persona humana y de sus valores básicos. Se llevará a cabo una
reforma del régimen de ayuda familiar con un plan gradual que coordine y
racionalice la multitud dispersa de disposiciones y de sistemas de ayuda
actualmente existente, elevando las prestaciones de forma especial en los casos
en que ello sea vital.
En la esfera educativa partimos del principio deque toda la sociedad ha de
estar comprometida en el proceso educativo, que la enseñanza es un servicio
básico a la comunidad en el que todos tienen el derecho y el deber de
participar y que la elevación del nivel cultural de los españoles constituye
objetivo fundamental para la construcción de una sociedad de hombres realmente
libres.
De conformidad con tales principios los objetivos de nuestro programa, en
síntesis, son los siguientes:
a) Hacer efectivo el principio constitucional de que todos tienen derecho a
la educación. Ello se traduce en una política tendente a:
1. Tender a la plena escolarización hasta los dieciséis años de edad en
condiciones de garantizar una enseñanza de calidad;
2. Lograr la gratuidad efectiva de la enseñanza general básica;
3. Sentar las bases para extender la edad de la enseñanza obligatoria y
gratuita hasta
los dieciséis años;
4. Garantizar que sean los méritos, aptitudes y vocación y no la situación
económica familiar de los escolares los criterios básicos para el acceso a los restantes
niveles educativos mediante una política de expansión de becas y de mayor control
en su concesión y aplicación.
b) Defender la libertad de enseñanza concebida en un doble plano: por una
parte como reconocimiento a los grupos sociales y entidades privadas del
derecho al libre establecimiento de centros docentes, libertad enmarcada en el
respeto a los principios democráticos y en control de los resultados académicos
que ha de ejercer la
Administración Pública. De otro lado el derecho de los padres
a elegir libremente la educación de sus hijos.
c) Desde otra perspectiva, defendemos un modelo de centro educativo como el
que rige en los países democráticos occidentales, es decir, participativo y
concebido como una comunidad integrada por profesores, alumnos y padres en la
que a cada uno corresponda su papel específico y en la que la responsabilidad
debe estar compartida.
d) El Gobierno prestará especial atención a la formación del profesorado
como factor esencial en el sistema educativo y le conferirá en todo momento una
atención prioritaria procurando por todos los medios la dignificación
profesional, social y económica que reclama la justa apreciación de su cometido
en beneficio de la sociedad.
e) El Gobierno, asimismo, tomará medidas concretas para intensificar la
educación permanente como medio de realización personal y profesional, así como
la educación especial, fijándose como objetivo una mayor escolarización de los
niños deficientes en edad escolar.
f) Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en la Constitución , el
Gobierno remitirá las normas legales precisas para configurar la autonomía de
la. Universidad. En el ámbito de la cultura, entendemos que debe ser concebida
como el campo de la creación, el saber y la expresión. Consecuentemente, la
política cultural consiste en el fomento de la comunicación cultural en
libertad. El Gobierno se propone luchar por abolir el elitismo y el
paternalismo cultural y propiciar una auténtica cultura popular que sirva como
cauce para la creatividad de la persona, como instrumento de solidaridad social
y como vehículo de promoción de la inteligencia y de la información.
Ni que decir tiene que en todo lo que afecta a la cultura, como en lo que
se refiere a los demás aspectos a los que he aludido en este discurso
programático, el Gobierno asumirá plenamente los objetivos y propósitos
expresados en el programa electoral de UCD.
[Desarrollo de la
Constitución ]
El artículo primero de la
Constitución instaura un Estado social y democrático de Derecho
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad,
la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y a partir de esta
proclamación todo el texto constitucional es en gran medida, en sí mismo, un
verdadero programa legislativo destinado a transformar de raíz, no sólo la
mayor parte de las leyes que integran nuestro ordenamiento jurídico sino sus
fundamentos mismos No pretendo ahora hacer una exhaustiva enumeración del
conjunto de leyes orgánicas y ordinarias que la puesta en práctica de la Constitución exige.
Me parece más pertinente proyectar la necesaria reflexión sobre el Estado de
Derecho haciendo especial alusión a aquellos proyectos legislativos que han de
regular sus instituciones y órganos básicos y exponiendo los principios y
criterios fundamentales en que han de inspirarse.
El desarrollo de las libertades y sus garantías. El Poder Judicial
El orden democrático se organiza institucionalmente en Estado de Derecho,
forma política que realiza en sí dinámicamente un conjunto de valores
irrenunciables que son patrimonio común de las sociedades libres. Y no hay
orden democrático, es decir, no hay libertad sin instituciones políticas
representativas y organizadas que encaucen el
pluralismo. Racionalmente y de hecho, la democracia está en su origen indisolublemente
ligada a la idea de libertad. Nuestra Constitución la recoge en toda su amplitud
tal como se ha ido perfilando en el transcurso de la evolución histórica. Como libertad-autonomía,
en primer término, que se traduce por la ausencia de coacción en la esfera más
íntima de la persona por respeto a la dignidad; como libertadparticipación, después,
consistente en asociar a los gobernados el ejercicio de las diversas
manifestaciones del poder para impedir a éste que imponga medidas arbitrarias;
y también, finalmente, como libertad-liberación mediante la remoción de obstáculos
para que la libertad y la igualdad sean reales y el hombre pueda desarrollar libre
y plenamente su personalidad sin las cortapisas que se desprenden de una situación
limitada por carencias de orden material. Por ello, hoy, el Estado de Derecho no
es sólo la expresión institucional de un sistema político destinado a
garantizar a los individuos el goce de las libertades que poseen, sino también
una forma de organización del poder dirigida a asegurarles el ejercicio de las
libertades que aun no poseen.
Todas estas dimensiones o perspectivas del binomio democracia-libertad
están consagradas en el texto constitucional. De acuerdo con esta inspiración,
el Gobierno se adelantó en su día a remitir a las Cortes el proyecto de Ley de
Protección Jurisdiccional de los Derechos de la Persona , que fue aprobado
el pasado 26 de diciembre de 1978. El ámbito de protección inicial se extendía
a las libertades de expresión, reuniones y asociación, a la libertad y secreto
de la correspondencia, a la inviolabilidad del domicilio, a la protección
frente a las detenciones ilegales y, en general, frente a las sanciones
impuestas en materia de orden público.
Esta esfera de protección se amplió posteriormente, en febrero del presente
año, al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen, al
secreto de las comunicaciones telefónicas y telegráficas, a la libre
circulación por el territorio nacional, a la libre entrada y salida de España
en los términos establecidos por la
Ley , a la libertad de cátedra y a la libertad sindical.
Por consiguiente, las garantías a que se refiere el apartado segundo del
artículo 53 de la
Constitución están provisionalmente establecidas y queda
pendiente de elaboración definitiva el procedimiento a que se refiere dicho
precepto, mediante un proyecto de Ley de próxima remisión a esta Cámara que
deberá coordinarse con las reformas de las leyes procesales a fin de lograr una
justicia más rápida y eficaz. La actividad protectora de los derechos
fundamentales quedará completada desde otra perspectiva mediante la regulación
legal del Defensor del Pueblo, que como alto comisionado de las Cortes
Generales podrá supervisar la actividad de la Administración Pública
y podrá dar cuenta al poder legislativo de los posibles abusos que en el
ejercicio de su alta misión pueda llegar a detectar.
Asimismo, el Gobierno remitirá a la Cámara los siguientes proyectos de Ley:
a) El de libertad religiosa.
b) El Estatuto de la
Radiotelevisión de titularidad estatal para garantizar el
acceso a estos medios de comunicación social de los grupos sociales y políticos
más significativos y su control parlamentario.
Para asegurar la autenticidad del régimen de libertades que la Constitución
establece y para respaldar el orden de convivencia, el Gobierno presentará
también proyectos de Ley sobre el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, así
como el Tribunal Constitucional. En el marco de una concepción de la Justicia como poder del
Estado es preciso, además de elaborar las leyes previstas en la Constitución , llevar
a cabo una modernización y puesta a punto de la actual organización judicial.
El Gobierno, en consecuencia, se propone:
a) Remitir una Ley Orgánica del Poder Judicial que garantice la realización
efectiva de los principios constitucionales de independencia, inamovilidad,
responsabilidad y sujeción al imperio de la Ley.
b) Remitir el proyecto de Ley Regulador del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal concebido como órgano encargado de promover la acción de la
justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del
interés público y de velar por la independencia de los Tribunales.
c) Modificar en profundidad las leyes procesales civiles y penales con objeto
de conseguir mayor simplicidad y menor formalismo en las actuaciones judiciales
y una justicia más rápida, menos costosa y accesible a todos los que necesitan
de ella.
d) Establecer una nueva organización del personal al servicio del Poder
Judicial según criterios de racionalidad y eficacia, una distribución legal de
funciones y competencias entre los diversos cuerpos y órganos más concorde con
la realidad y con las necesidades actuales, una mayor exigencia de dedicación y
responsabilidad con absoluta transparencia en el ejercicio de la función y un
nivel de retribución adecuado a esa exigencia y a la dignidad de la propia
función.
e) Poner en marcha un Plan General de instalaciones y medios materiales de la Administración de
Justicia.
Pero la garantía suprema del régimen de libertades y del esquema de valores
que la Constitución
consagra encarna y se actualiza en el Tribunal Constitucional que está llamado
a desempeñar —y así lo asumimos— un papel primordial en la configuración y
funcionamiento de todo el sistema democrático.
El Gobierno remitirá por ello en breve plazo a esta Cámara el proyecto de
Ley sobre el Tribunal Constitucional para garantizar ampliamente el control de
la constitucionalidad de las leyes, el amparo de los derechos y libertades fundamentales
y la solución de los conflictos de competencia entre el Estado y las
Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. La Ley Orgánica que lo
regule asegurará su independencia de los demás órganos constitucionales y su
sola sumisión a la
Constitución.
Por último, y desde otra perspectiva, el Gobierno, para proteger el orden
de libre convivencia, enviará al Congreso de los Diputados un proyecto de
Código Penal que exprese y respalde la necesaria reprobación social de todas
aquellas conductas que vulneren o ignoren los valores de la persona y las
exigencias mismas de la convivencia. El nuevo Código Penal garantizará el
principio del efectivo cumplimiento de las penas terminando con la disolvente
disociación entre penas nominales —las impuestas— y penas reales —las
cumplidas—, todo ello sin perjuicio de un progresivo y moderno sistema
penitenciario articulado a través de una Ley General Penitenciaria, capaz de
ofrecer oportunidades reales de rehabilitación y orientado a una eficaz preparación
del recluso para la ulterior vida en libertad.
El Gobierno y la
Administración
El poder ejecutivo, en su doble aspecto de Gobierno y Administración
Pública habrá de ser asimismo objeto de una regulación específica que
desarrolle y complemente los preceptos constitucionales:
a) En lo que afecta al Gobierno en sentido estricto, se remitirán al
Congreso de Diputados las normas legislativas reguladoras de su régimen
jurídico, así como del Estatuto e incompatibilidades de sus miembros. La figura
del Secretario de Estado, que adquirirá carta de naturaleza como miembro del
Gobierno, será claramente perfilada para que pueda desplegar todas sus
virtualidades políticas y funcionales.
b) El Gobierno presentará, asimismo, el proyecto de Ley Orgánica del
Consejo de Estado que regule su composición y competencia como supremo órgano
consultivo del Gobierno.
c) En lo que se refiere a la Administración Pública
será preciso actuar legislativamente sobre varios ejes: 1) Actualizar la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
para plasmar y desarrollar operativamente los principios de legalidad en la actuación
administrativa, de jerarquía normativa, de publicidad de las normas, de responsabilidad
administrativa del Estado y de sus autoridades y funcionarios y de interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos; 2) Reformar la Ley de Procedimiento
Administrativo para simplificar y hacer más eficaz el régimen de recursos así
como para asegurar la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de
elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten y el principio
de publicidad de los archivos y registros administrativos salvo los supuestos
excluidos por la propia Constitución, y 3) Regular la función pública mediante
un Estatuto que regule el acceso al funcionariado de acuerdo con los principios
de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a la
sindicación, el sistema de incompatibilidades a que han de quedar sujetos, su
plena profesionalización, las garantías para la imparcialidad en el ejercicio
de sus funciones y un régimen retributivo justo y diferenciado que se acompañe
con la existencia de una auténtica carrera administrativa.
En suma, todo ello supone una auténtica y profunda reforma de la Administración Pública
que se impone no sólo por virtud de mandato constitucional sino también por la
necesidad de articular la Administración Pública que demanda un Estado
moderno, una Administración Pública en la que los principios de eficacia,
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación no sean
bienintencionados propósitos legales desvirtuados por múltiples mecanismos
indirectos o por el anquilosamiento de la rutina.
d) Por último la
Administración Pública Local, en sus esferas provincial y
municipal sufrirá también profunda reforma. El principio de autonomía de la
vida local que la Constitución
garantiza exige nuevas normas reguladoras de su funcionamiento, de su régimen
jurídico, económico y financiero y de su capacidad de decidir en el ámbito que le
es propio sin controles legales artificiosos ejercidos desde la Administración Central
o desde las futuras Comunidades Autónomas en cuyos Estatutos de Autonomía habrá
de dedicarse particular atención también a la vida pública local no sólo para
evitar su asfixia por un nuevo centralismo, sino por el contrario, para
potenciar su desarrollo en una vía de autenticidad.
Otras Instituciones
Sería excesivamente prolijo proceder a enumerar todas y cada una de las
leyes de desarrollo que la
Constitución prevé para hacer efectiva su propia aplicación.
Querría, no obstante, referirme fundamentalmente a una de ellas, que por su
significación en un Estado de Derecho es preciso abordar: un Proyecto de Ley
Orgánica que articule los estados de alarma, de excepción y de sitio concebidos
para hacer frente a situaciones extraordinarias en defensa del orden
constitucional mismo. El Estado de Derecho es en realidad un Estado totalmente
normativizado. De ahí que el Estado de Derecho lleve en su propia dialéctica la
necesidad de un derecho excepcional, es decir, de prever la excepción y de
normativizar la excepción misma.
Así lo hace nuestra Constitución, cuyo artículo 116 establece los
postulados básicos de unas medidas excepcionales que la citada Ley Orgánica
habrá de desarrollar dentro de los principios del imperio de la Ley y de la delimitación de
competencias que caracterizan al Estado de Derecho.
[El Proceso Autonómico]
El gran reto que nuestra Constitución plantea es el de institucionalizar
políticamente la diversidad real de España mediante una distribución
territorial del poder estatal. El programa electoral que Unión de Centro
Democrático presentó en las pasadas elecciones asumía una política de
autonomías inspirada en los siguientes criterios sintéticamente formulados:
1. La articulación jurídica y política del reconocimiento de las
singularidades de los distintos pueblos de España en el marco de la indisoluble
unidad de la Nación
española.
2 El acercamiento de la
Administración a los ciudadanos como condición de eficacia y abaratamiento
de los costes de la gestión administrativa.
3. La desburocratización de las diferentes instancias de decisión y la
atribución a la gestión municipal, provincial y regional de los niveles de
responsabilidad que mejor se ajusten a las conveniencias del interés ciudadano.
4. La participación del pueblo en las instituciones públicas a todos los
niveles.
Al propio tiempo expresábamos la convicción de que la implantación racional
del sistema autonómico previsto en la Constitución contribuiría a alcanzar los
siguientes objetivos:
a) Fortalecer la unidad profunda e irreversible de la Nación española;
b) Mejorar los niveles de integración social;
c) Fomentar la transparencia y el grado de eficacia de la organización
política y administrativa;
d) Y enriquecer la capacidad creadora de un pueblo cuya diversidad cultural
le otorga su mayor potencial para acometer grandes proyectos colectivos.
Y en este plano, concluíamos asumiendo el proceso autonómico sin prejuicios
ni reticencias desde el estricto cumplimiento de las previsiones
constitucionales. Conviene ahora profundizar en esta perspectiva programática
sin perder nunca de vista la trascendencia y la delicadeza del problema;
problema profundo de raíz histórica que resurge recurrentemente cuantas veces
se ha abierto en España un período de libertad.
Resolver la vieja cuestión de la estructura territorial del Estado español
exige un previo análisis en profundidad. No es éste quizá el momento para ello.
Baste decir ahora que es imprescindible admitir abiertamente dos postulados
básicos; en primer término, que España, como realidad histórica y presente, es
una Nación que se vertebra en una diversidad real de pueblos. Asumir esta
realidad, asumir a España como realmente es constituye el primer elemento de un
planteamiento adecuado. Y en segundo lugar que el Estado centralista
experimenta en todos los países avanzados una aguda crisis por su creciente
incapacidad para administrar racionalmente desde un único centro de decisión
los asuntos de millones de personas que hoy reclaman del Estado la garantía de
su seguridad en todos los órdenes de la vida. Es una delicada herencia la que recibimos
y es que nuestro Estado, el Estado español, ha sufrido un doble proceso de centralización.
De una parte, la centralización inherente a la formación del moderno Estado
industrial e intervencionista. De otro lado, la centralización exigida por la prolongada
vigencia de un sistema político de concentración de poder. La coincidencia temporal,
en nuestro país, de ambos procesos de centralización han dado lugar a la existencia
de un aparato estatal desconectado de la auténtica realidad española, escasamente
funcional, excesivamente rígido e incapaz de atender adecuadamente las demandas
sociales.
Tratamos de afrontar, pues, simultáneamente, un problema histórico, un
problema político y un problema
funcional a los que no cabe encontrar soluciones mágicas ni de eficacia
resolutoria inmediata. En la
Constitución hemos marcado el punto de partida de un largo
camino y hemos trazado un esquema viable dentro del cual habremos de movernos.
Que nadie vea en esta comprensión del problema una intención solapada de
frenar un proceso de transformación de la institución estatal que es ya
necesariamente irreversible. Pero sí nos permitimos hacer una llamada a la
responsabilidad y al rigor a la hora de adoptar posiciones ante tan delicada
cuestión. La prudencia y el realismo son normas de comportamiento exigibles a
todos cuando está en juego la propia viabilidad de la Constitución aprobada
por el pueblo español y en la que se abre un horizonte de esperanza que no
podemos frustrar.
Resulta innegable que la realidad misma se encarga a veces de imponernos prioridades
y urgencias. Urgente y prioritariamente las atenderemos, pero sin perder nunca
de vista los límites que no cabe sobrepasar. Nuestro comportamiento en este orden
de cosas se inspirará en los siguientes criterios:
1. Respeto estricto de las previsiones constitucionales, valorado, en su
caso, por el Tribunal Constitucional.
2. Aceptación de ritmos distintos en el acceso a la autonomía en función de
circunstancias históricas, sociológicas y materiales, ajustando el contenido de
inmediato de los Estatutos de pronta tramitación a las posibilidades lógicas de
desarrollo y aplicación de la
Constitución.
Permítanme, Señorías, que incluya en este punto de mi intervención un
breve, pero sentido, mensaje de esperanza para el Pueblo Vasco. Queremos y
esperamos sinceramente que la acción del Gobierno y del Parlamento puedan
contribuir decisivamente al propósito, creo que por todos compartido, de
pacificación del País Vasco y a expresar nuestra voluntad de entendimiento de
sus problemas. Y nos vamos a atener a este propósito con ánimo de concordia,
porque es necesario en verdad superar ciento cincuenta años de inadecuada
comprensión de la realidad vascongada. Es preciso, a tal fin, que sepamos mirar
hacia el futuro, esforzamos por conocernos y respetarnos y plantear con sentido
de la responsabilidad soluciones viables y suficientes. Y a ello trataremos de
contribuir desde el Gobierno, convencidos como estamos de que dentro de la
irrenunciable unidad de España y en el marco de la Constitución , cabe
encontrar para el País Vasco unas fórmulas de autogobierno que vengan a
satisfacer una vieja aspiración y respeten la tradición y el espíritu de
libertad que ha presidido la historia de un pueblo que ha de encontrar en la
solidaridad con los demás pueblos de España la justa garantía de sus derechos.
3. Gradualismo, rigor y responsabilidad en la conducción general del
proceso autonómico y, en especial, en la transferencia de competencias mediante
leyes orgánicas
sucesivas, asegurando la efectividad del principio de solidaridad para que
en ningún caso se agudicen las diferencias interregionales.
Y permitidme ahora unas breves consideraciones sobre este último punto.
Porque si hay algo que habrá de singularizar nuestra acción de gobierno en los
próximos años será una especial dedicación a las áreas deprimidas de nuestro
país. Por eso queremos dejar bien claro, desde este mismo momento, que
concebimos también el proceso autonómico como medio para conseguir una mejor
distribución de la renta nacional, como instrumento para alcanzar un equilibrio
territorial más adecuado y como uno de los caminos para corregir las
insuficiencias distributivas e inversoras del sistema económico y frenar el
excesivo trasvase de rentas que hoy se realiza, por puras razones de
rentabilidad, desde las regiones subdesarrolladas hacia los ámbitos industrializados.
Para nosotros el valor de la solidaridad, al que repetidamente alude la Constitución , no es
una mera palabra vacía de contenido, una concesión a la retórica. Por eso
utilizaremos con decisión todos los mecanismos constitucionales y todos los medios
técnicos y económicos que la situación permita para proporcionar a las regiones
más deprimidas posibilidades de superar el atraso económico y cultural en que
se encuentran sumidas. Por eso también nos opondremos con igual decisión a cualquier
intento de perpetuar o agudizar las diferencias económicas que hoy injustamente
separan a los distintos pueblos de España. En este orden de cosas asumimos como
propósitos concretos, que trasciendan el mero alcance institucional del proceso
autonómico, los siguientes:
a) La formulación de planes específicos de ámbito regional para las zonas más
deprimidas de nuestro país.
b) La regionalización de ciertos capítulos de la inversión pública —en
especial, la construcción de viviendas y de las obras públicas de carácter
local— como dimensión imprescindible de una política económica ágil y con
capacidad de respuesta a las necesidades de ocupación de mano de obra.
c) La adecuación de la política fiscal y de gasto público a las necesidades de
financiación previstas en el artículo ciento cincuenta y siete de la Constitución.
d) La inmediata creación del Fondo de Compensación previsto en el artículo
ciento cincuenta y ocho, dos, de la Constitución con vistas a corregir los
desequilibrios económicos interregionales y a hacer efectivo el principio de
solidaridad entre todos los españoles.
Porque, en suma, o la configuración autonómica del Estado sirve también a
este propósito de justicia y de solidaridad o habremos frustrado una
oportunidad histórica en la que centran sus esperanzas muchos millones de
españoles con el riesgo, nada despreciable, de perjudicar gravemente la
estabilidad del propio sistema democrático.
[Consideraciones Finales]
Al comienzo de mi intervención me permití hacer una llamada a la necesaria clarificación
de la vida pública española en el horizonte de los años venideros. Entiendo que
la formulación de este extenso programa, junto a la concreción de otros objetivos
y medidas más específicos insertos en nuestro programa electoral, enmarcan una
compleja y extensa acción de gobierno durante la próxima legislatura. Pero creo
también que con ello contribuimos decisivamente a ese propósito de
clarificación. Tanto el punto de partida como el de llegada quedan así fijados
y delimitados. Desde la
Constitución y a través de la Constitución perfilaremos
un Estado de Derecho y una sociedad democrática y pluralista de tipo occidental
al tiempo que haremos frente con toda decisión al conjunto de problemas que hoy
singularizan la situación de nuestro país.
El artículo nueve de la
Constitución nos traza una línea de acción que abre, si el acierto
preside nuestra política, esperanzadoras perspectivas de futuro. Confiere este precepto
a los poderes públicos la atribución de promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo sean reales; de remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y de facilitar la participación de todos los ciudadanos
en la vida política, económica, cultural y social. Podría decirse que tal
declaración constitucional, formulada al tiempo que se afirma la vigencia de la
economía social de mercado, sienta las bases para la consecución de una
democracia social avanzada que, como la democracia política clásica, reposa
sobre los derechos del hombre pero entendidos como exigencias sociales,
económicas o culturales y cuyo contenido se fija en función de unas necesidades
que deben ser atendidas para que la libertad sea real. El objetivo de la
democracia social es justamente la libertad real, la libertad que libera a las personas
de las ataduras artificiales de una convivencia social injustamente articulada.
Tal objetivo no es desde luego monopolio de nadie y fue enunciado entre otros
el seis de enero de mil novecientos cuarenta y uno por el Presidente Roosevelt
en el mensaje sobre las cuatro libertades en el que fijó el ideal del mundo
libre. Es una meta que, ciertamente, puede asumirse desde diversas perspectivas
ideológicas y hacia la que cabe aproximarse teóricamente por caminos distintos.
Nosotros pretendemos ir hacia ella, pretendemos avanzar hacia la libertad real
desde y a través de la propia libertad, respetando así los fundamentos sobre
los que se erigen las sociedades libres y pluralistas del mundo occidental.
Desde este planteamiento es posible edificar un Estado y construir una
sociedad, y siempre por el camino de la reforma como método que singulariza la
acción de gobierno de los partidos centristas. Propiciaremos siempre el impulso
responsable hacia adelante frente a las tentativas de inmovilismo; el avance
frente al conservadurismo irracional y el progreso conforme al curso de la Historia frente a los planteamientos
antihistóricos.
Y todo ello con el designio final de contribuir decididamente a la
construcción de un orden social dinámico, progresivo y solidario que, por
favorecer la libertad plena y real de los seres humanos contemplados en sus
concretas circunstancias vitales, inserte a España plenamente en el proceso de la Historia , entendida como
historia de la libertad de los hombres.
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