Texto académico de evaluación continua Sistema Político Español II (Grado de Ciencia Política y de la Administración -UNED). |
Este
trabajo analiza las principales claves que relacionan dos de los factores
esenciales en todo sistema político democrático: las ideologías de los partidos
políticos que concurren a los comicios y, por otro lado, el voto expresado por
el cuerpo electoral, una vez atendidas las propuestas programáticas anunciadas
por aquéllos. Dicho análisis se lleva a cabo de modo transversal a lo
largo de los diferentes procesos electorales convocados desde de que se
iniciase nuestro proceso de democratización tras la muerte de Franco en 1975.
En este sentido, se ha querido hacer una reseña específica a cada una de estas
citas electorales tomando como referencia los resultados del PSOE en cada una
de ellas, por ser la opción política que, concurriendo a todas ellas, ha
acreditado una mayor permanencia en el poder ejecutivo.
En lo referido a
la evolución del sistema de partidos en España se verá que se ha pasado de la
negociación de los líderes de la transición a la polarización política de la
última década, pasando por la moderación de los 80s y las turbulencias de los
90s, observándose, además, un desplazamiento del voto desde el componente
ideológico [predominante en los 80s] hasta el racional [especialmente en el año
2000] y, dónde la polarización posterior, ha contribuido a reforzar de nuevo
las barreras ideológicas.
En
este transcurrir, moderación y estabilidad han caracterizado la pauta de
comportamiento de nuestro electorado. La moderación
quedó clara en la distribución de las preferencias en las primeras elecciones
generales de 1977, así como en la consiguiente configuración del sistema de
partidos: mientras los partidos más centristas fueron protagonistas de las
tareas de gobierno, los más extremos, protagonistas durante el franquismo, colaborando
[AP] u oponiéndose [PCE], quedaron relegados a un papel secundario. Por otro
lado, la estabilidad destaca por
comparación con otros periodos democráticos de la historia de España y con
otros países de larga tradición democrática: son poco frecuentes los partidos
que logran permanencias en el gobierno durante periodos tan dilatados. Contrastando
con la convulsión crónica del siglo XIX y de la primera mitad del XX, esta
estabilidad parece haber extremado la prudencia de un electorado que,
desconfiado y cauteloso ante el cambio político, cierra filas con el gobierno de
turno. Así pues y consecuencia de una larga experiencia de inestabilidad y
fracaso, se ha agudizado la aversión al riesgo como característica
idiosincrásica de nuestro comportamiento electoral, generando una acentuada
regularidad electoral en nuestra democracia.
Pero también la
pauta de participación en elecciones generales se ha mostrado regular: mientras
las de cambio han registrado una
participación oscilante entre el 75% y el 80%, las de continuidad descienden hasta el 70%. No obstante, esta pauta se
rompe en 2008 como consecuencia de la polarización política y que elevó la
participación por encima del 75%. Por contraste, en las de 2011, pese a ser de
cambio, la participación descendió por debajo del 70%.
Durante la transición [1977-1982] se estableció un sistema de partidos categorizable como de pluralismo limitado, con predominio de los partidos moderados en cada uno de los ámbitos del espectro ideológico (UCD en la derecha y PSOE en la izquierda). Tanto en 1977 como en 1979 [primeras constitucionales] la UCD ganó las elecciones por mayoría relativa. Este sistema de partidos fue resultado de la distribución de preferencias políticas en las primeras elecciones democráticas: mientras el PSOE ocupó el centro-izquierda del espectro ideológico y UCD ocupó el centro-derecha. Así, los sectores protagonistas durante el franquismo ocuparon posiciones secundarias: mientras en la izquierda los comunistas quedaron relegados por el PSOE, en la derecha, AP tuvo que conformarse con una posición más secundaria aún respecto a UCD.
Así las cosas, el protagonismo político de la transición recayó sobre los sectores jóvenes y moderados procedentes del antiguo régimen [UCD] y de la oposición [PSOE]. Este binomio de juventud y moderación operó para satisfacer el deseo de romper con el pasado, que, dando lugar a un sistema de partidos de pluralismo limitado, provocó que los partidos moderados [PSOE a la izquierda y UCD a la derecha] ocupasen el grueso del espectro político, dejando poco margen de actuación a los partidos más radicales [AP y PCE].
El
análisis electoral de la transición democrática conduce a señalar tres factores
explicativos que devienen en sus variables independientes:
(1) Liderazgo. Tratándose
de un factor sobresaliente del proceso electoral de 1977, se debió a la calidad
de los líderes que protagonizaron la transición, así como al tipo de transición
implementada. A diferencia de la Política
de Calle propia de la movilización popular de los años 30s, la política de
la transición estuvo protagonizada por unas élites pautadas bajo la moderación
y el consenso que presidió el debate constitucional y los pactos de la
transición.
(2) Memoria Histórica. Este factor
ayuda a explicar dos cuestiones: (a) El mapa electoral de la transición a
partir de la transmisión intergeneracional de preferencias políticas y de la
relativa continuidad entre la implantación de la coalición
republicano-socialista en los 30s y la izquierda [socialista y comunista] de
los 70s y, por otro lado, la implantación de la CEDA en los 30s y del
centro-derecha de los 70s [AP y UCD]; y (b) La adaptación de estas preferencias
a un marco distinto que se define por oposición con el entorno de los 30s. Si
el marco de los 30s se definió por la ruptura, la política de bloques y la
confrontación, el de los 70s se caracterizó por el reformismo, la negociación y
el consenso. En suma, las elecciones de la transición
son interpretables como una reanudación de las preferencias políticas de los
30s, pero, sobre todo, como un ejercicio de memoria colectiva para encuadrar
aquéllas en un marco cualitativamente distinto. Sin duda, los resultados
electorales de este periodo fueron el efecto de este [exitoso] ejercicio.
(3) Referéndum sobre la Reforma Política. Las elecciones
de los 70s (en particular las primeras), estuvieron condicionadas por el
resultado del referéndum sobre la Reforma Política, celebrado cuando los partidos
de la oposición aún no estaban legalizados ni contaban con implantación
organizativa alguna. Suárez obtuvo la confianza del electorado debido a un componente
de memoria colectiva [auto-protección
frente a aventuras inciertas] y a un componente de voto deferente [por
la dificultad de obtener información acerca de las opciones existentes y su
significado]. Suárez obtuvo un éxito inapelable en
sus dos frentes contra: (a) La oposición
antifranquista [abstencionistas], consiguió una participación del 78%; y
(b) Los continuistas del régimen consiguió
un 94% votos afirmativos: tres de cada cuatro votantes apoyaron el proyecto. El
éxito del referéndum se debió a la habilidad de plantearlo como un dilema entre
Continuidad vs. Reforma, a la
decisión racional de los votantes [comportamiento relativamente independiente
de sus preferencias políticas], al hábito de voto deferente arraigado durante
el franquismo [mezcla de temor y prudencia] y a la falta de información acerca
del significado cada opción.
Este
éxito de Suárez sentaba las bases del sistema
electoral preconstitucional y que ha funcionado sin apenas modificaciones
desde entonces. Las transformaciones económicas y demográficas de los 60s y 70s
concentraron la población en los territorios donde el Frente Popular obtuvo sus
mejores resultados en 1936. El sistema
proporcional corregido propuesto
en la Ley de Reforma Política
introdujo un mínimo de representación por provincia (con independencia de su
población), que permitió funcionar al sistema como mayoritario allí donde más
conservadores eran los electores y como proporcional allí donde más
posibilidades de victoria tenía la izquierda. Gracias a esta astucia electoral
UCD venció en la práctica totalidad de las circunscripciones provinciales
sobrerepresentadas (en relación a su población), obteniendo así un importante
suplemento de escaños (por encima del porcentaje de votos). Así, socialistas y
comunistas superaron en votos al centro-derecha en 1977, pero éstos
consiguieron 39 escaños más que aquéllos.
Con
estas premisas, la piedra angular de las elecciones de 1977 fue el pacto entre
Suárez y Carrillo por el que aquél legalizaba el PCE mientras éste aceptaba la
triple condición sine qua non de todo el proceso de reforma [monarquía,
ejército y bandera]. Ironías de la historia, ninguno de los dos culminó la
transición: el uno fagocitado por la derecha que le aupó al gobierno y el otro
barrido por el aluvión socialista de 1982. Entretanto, los principales líderes
acertaron a encontrar el camino de la transición. Los líderes que pasaron la
criba de las primeras elecciones fueron aquellos que supieron prestar más
atención a las precauciones y cautelas de un electorado que no estaba dispuesto
a arriesgar su estatus económico en apuestas de dudosa eficacia. Ello explica
las rectificaciones en las estrategias y la dificultad de mantener sus
iniciativas reformistas y rupturistas. Al final, ni la reforma terminó como deseaban los aquéllos, ni
la ruptura funcionó como esperaban éstos. Esto tuvo dos implicaciones: la
reforma fue más allá de lo previsto [dando lugar a una Constitución homologable
con Europa] y la imposibilidad de ruptura evitó la repetición de algunos
errores de los 30s.
Esta segunda etapa del sistema de partidos es susceptible de dividirse en dos fases: (1) Desde las elecciones de 1982 hasta las de 1993 prevaleció un sistema de partido predominante/hegemónico en el que el PSOE obtuvo tres mayorías absolutas consecutivas; y (2) Entre 1993 y 2000, prevaleció un sistema bipartidista con el apoyo de los partidos nacionalistas para formar mayorías de gobierno, tanto en la última legislatura socialista, como en la primera de gobierno popular. En conjunto, esta etapa post-transicional puede analizarse en base a siete ítems conceptuales.
(2) De lo Ideológico a lo Transversal. El PSOE comenzó
a perder esta posición cuando, a principios de los 90s, la irrupción de los
escándalos desplaza la pugna política de lo
ideológico a lo transversal [paro,
despilfarro o corrupción]. En este contexto, la contienda política se ubica en
la polarización mediática [Política del
Escándalo]. Aunque el PSOE no perdió su posición central, sí que comenzó a devaluarse
por el debilitamiento del voto ideológico.
(3) UCD. UCD
era consciente que su posición central constituía su principal activo político,
la cual devino en el objetivo de cinco partidos con diferentes connotaciones
ideológicas, aunque esto no aliviase la orfandad de un votante de centro a
merced del PSOE. AP pasó de la marginalidad a principal partido de la oposición.
(4) La Campaña Electoral de 1982:
Volatilidad Electoral para una Década Moderada.
Mientras UCD escribió el manual de lo que no se debe hacer en campaña, el PSOE
solo erró prometiendo 800.000 puestos de trabajo, por mucho que, según Guerra, el papel lo aguante todo. No obstante, el
PSOE se aprovechó de este tipo de promesas, toda vez que la razón de su triunfo
fue el «mal gobierno de la UCD» y el «deterioro económico». Otro aspecto a
destacar fue la elevada participación electoral [80%] como resultado de que se
aprendió que la mejor respuesta ante los intentos de desestabilización política
[terrorismo o golpismo] era votar para legitimar el sistema. UCD perdió casi 5 millones de votos, de los que 3 se
transfirieron a AP y 1,2 al PSOE, el cual, además, atrajo otro millón del PCE y
dos más de nuevos votantes y abstencionistas, todo lo cual originó el nivel más
alto de volatilidad electoral
registrado. La mayoría absoluta del PSOE en 1982 era el triunfo de la izquierda
y el triunfo de lo nuevo [Generación
González] sobre lo antiguo [Generación
Carrillo-Fraga]. Este éxito electoral es coherente con la dinámica
de la transición, a la que sirve de corolario.
No obstante, no
sería correcto deducir una situación de hegemonía de la izquierda. Lo
característico de la triple mayoría absoluta del PSOE en los 80s no es el
resultado de la competición en el eje izquierda-derecha, sino el de un bloqueo organizativo de la derecha, incapaz
de culminar la transición y del que emerge un partido ómnibus. De hecho, las políticas socialistas
de los 80s no suponen una ruptura radical con las de UCD hasta bien avanzada la
etapa socialista. Así pues, los 80s fue una década
moderada. Los principales logros de la primera
legislatura socialista fueron de corte nacional, más que ideológicos: mientras la
política económica fue de ajuste, estabilización y saneamiento, la exterior se
limitó a culminar los objetivos de UCD. Gracias a esta moderación se pudo normalizar
el proyecto nacional formulado durante la transición y cumplir con el proyecto orteguiano de integración
europea como vía de superación de las Dos
Españas y de liquidación del problema
español.
(6) La III Legislatura [1986-1989]: La Deuda Social. Tras
la integración europea, la economía creció a ritmos de los 70s, impulsando el
proceso de modernización. Los eventos de 1992 esperaban en un entorno político
marcado por la estabilidad del gobierno y la descomposición del principal
partido de oposición. No obstante, durante la segunda legislatura la oposición
estuvo fuera del Parlamento: la alianza UGT-CCOO significó unidad de acción porque el desencuentro entre PSOE y UGT era
insuperable dada su distinto enfoque de las políticas redistributivas. Mientras
el gobierno pretendía avanzar en las reformas, los sindicatos reclamaban la deuda social. Estas hostilidades se
abrieron con la reforma del sistema de pensiones y culminaron con una huelga
general sin precedentes [1988]. ¿Resultado? Los sindicatos
lograron medidas redistributivas en pensiones, sanidad y desempleo, mientras el
gobierno no logró apoyo sindical alguno. Así, se inició una progresiva erosión
de la autoridad del gobierno y la pérdida de lealtad de los trabajadores.
Aunque en 2000, el PP consiguió una mayoría absoluta que parecía inaugurar un nuevo periodo de partido predominante, desperdició esa posibilidad en su segunda legislatura, regresando el PSOE al gobierno en 2004 y con él el sistema de bipartidismo necesitado de apoyos nacionalistas. Esta tercera etapa en la evolución del sistema de partidos se caracterizó por una distribución equilibrada del voto entre izquierda y derecha, lo que convirtió a los partidos nacionalistas en árbitros de la situación política entre 1993 y 2000. En su primera legislatura de gobierno, el PP activó una estrategia de negociación con los agentes sociales con buenos resultados económicos y políticos. No obstante, un uso inadecuado de la mayoría absoluta lograda en 2000 puso en riesgo su continuidad al frente del ejecutivo. La crisis provocada por el 11M en 2004 fulminó esta expectativa, dando lugar a una nueva alternancia en un sistema similar al de los 90s. Este periodo queda caracterizado por los siguientes cinco ítems electorales y legislativos:
(1) El Voto
Económico del 2000. Las
elecciones de 2000 pasarán a la historia de España como las primeras elecciones
que registraron una victoria de un partido de centro-derecha por mayoría
absoluta. José María Aznar, el millón de votantes de izquierda transferidos al
PP y otro tanto de voto de izquierdas abstencionista fueron las principales
causas. La combinación de bonanza económica y diálogo social fue fundamental en esta transferencia de electores. La situación
política de las elecciones de 2000 era distinta de la de 1996.
Mientras
las elecciones de 1996 estuvieron condicionadas por la incertidumbre sobre la
estrategia del PP, la legislatura 1996-2000 despejó las incógnitas: del discurso
antinacionalista se pasó a la coalición y de las proclamas neoliberales al diálogo
social. Así, la victoria de
1996 propició un giro estratégico del PP cristalizado en una combinación de
bonanza económica y paz social. En cambio, en 2000 Aznar aprovechó una coyuntura
de disonancia entre la evaluación
racional y el componente ideológico
del voto: mientras la posición ideológica del votante medio se auto-ubicaba un
punto más cerca del PSOE que del PP, percibía al PP mejor gestor de las
políticas públicas [en particular, económicas].
(2) Una VI Legislatura
Económica y ¿Política? La legislatura estuvo marcada por una
bonanza económica apoyada en el examen de convergencia previo a la integración
en la Unión Monetaria y en los resultados del diálogo social, registrándose una
mejoría de la percepción de la situación económica sin precedentes en la
historia demoscópica: el España va bien
tamizó la percepción de la situación política. Otro tanto ocurrió con la
valoración de la gestión del gobierno. La economía se impuso sobre la política
y los argumentos de eficacia sobre cualquier otra consideración.
(4) Al
Qaeda como Candidato en las Elecciones Generales de 2004. A pesar de unos pronósticos que le situaban cinco
puntos por debajo del PP, el PSOE superó estos sondeos electorales mediante
unos mecanismos comunicativos arbitrados en la batalla mediática librada tras los atentados del 11M. Movilizó a
dos millones de electores [la mayoría tras el 11-M] y la mitad manifestó que la
razón de su voto fue el 11M. Por tanto, el rasgo distintivo de estas elecciones
fue el protagonismo de los media,
cuya presencia colonizó la relación partidos-ciudadanos hasta el punto de no
saber si la política percibida se
corresponde con la oferta partidista
o es simplemente un producto mediático.
En esta situación, para el votante medio, percepción
política y agenda mediática se
solapan hasta confundirse, si bien su relación con los medios es ambivalente:
los necesitan para informarse pero no confían en ellos plenamente debido a sus
alineamientos político-ideológicos. De hecho, la radio [SER] fue la
protagonista mediática de la crisis, incluso para los votantes del PP, los que
en mayor medida desconfiaban del conflicto
de encuadres desarrollado desde las manifestaciones del viernes,
radicalizado con las detenciones de islamistas del sábado y convirtiendo la
jornada de reflexión en una batalla mediática sin precedentes.
(5) Polarización
durante las Elecciones de 2008 y la VIII Legislatura. Un
rasgo característico de nuestra democracia es la combinación de la moderación del electorado y la polarización política, la cual es atribuible
a la influencia del sistema mediático como factor de polarización, propio de los
sistemas mediáticos de pluralismo
polarizado [países mediterráneos]. De hecho, mientras la primera ola de polarización [final de la
etapa socialista] tuvo lugar en un momento de máxima polarización mediática
[liberalización del medio televisivo y la lucha por el control de conglomerados
mediáticos], la segunda ola de
polarización [segunda legislatura popular] puso de manifiesto que los
partidos se muestran receptivos a las demandas del votante mientras tratan de
conseguir su voto, pero se radicalizan después traicionando sus intereses
mediante apuestas de alto riesgo electoral. Esta opción estratégica por la polarización
se explica como opción racional de los
partidos [achicar el centro incentivando a sus potenciales habitantes para
que lo abandonen y se alineen con uno de los frentes en conflicto] porque esta
polarización: (a) Aumenta la inseguridad de los votantes menos ideológicos y
más moderados, facilitando el cierre de filas en torno a dos bandos ideológicos
atrincherados; (b) Induce respuestas
simétricas del adversario político que generan una espiral de amenazas e
incertidumbres; (c) Achica el espacio ideológico de centro, como consecuencia
del abandono del juego político y del consiguiente refugio en la abstención.
El hundimiento electoral del PSOE en 2011 da de nuevo la oportunidad al PP de establecerse como partido predominante, partido capaz de obtener mayorías absolutas consecutivas. ¿Conseguirá Rajoy lo que no consiguió Aznar? Sin duda, los efectos de la crisis financiera global han tenido y tendrán consecuencias sobre un cuerpo electoral que, en esta cuarta etapa, queda caracterizado por cuatro dimensiones analíticas:
(a) De la Negación a la Salida Social de
la Crisis. La segunda legislatura ZP estuvo marcada por la crisis económica
y la incapacidad para encontrar una salida porque el gobierno no supo enfrentarse
a ella. Tras la negación de la crisis,
la acción de gobierno se encuadró en la salida
social de la crisis evitando descargar sus costes sobre sectores sociales
sin responsabilidad en su origen. No obstante, el gobierno cedió la iniciativa
a los agentes sociales, opción que se saldó con un fracaso del diálogo social y
la subsiguiente presión financiera, sequía crediticia y caídas bursátiles. Como
respuesta a las exigencias de reformas, el gobierno anunció en 2010 reformas laborales
y de pensiones que, cuestionando la coalición entre gobierno y sindicatos que
había prevalecido hasta entonces, originó una coalición negativa entre
los media [hostigamiento] y los agentes sociales [neutralización gubernamental].
Todo ello bloqueó la acción ejecutiva, que desistió en su empeño reformista, sustituyéndolo
por un abracadabrante Pacto de Zurbano.
Sin querer tomar medidas unilaterales por no estar suficientemente elaboradas y
no querer asumir sus costes de implantación, Zapatero propicia que los mercados
financieros carguen de nuevo tras la crisis de la deuda griega. Así, en mayo de
2010 éstos castigaron severamente la indecisión del gobierno con caídas
bursátiles superiores al 10%, lo que condujo a la UE al rescate de la moneda
única.
(b) Plan de Ajuste y Reforma Laboral: Acuerdo Social
y Económico.
Tras la llamada de Obama exigiendo medidas resolutivas, Zapatero anunció un
plan de ajuste basado en la reducción
del salario de la Función Pública y la congelación de las pensiones. Ante este ajuste,
los sindicatos convocan una huelga general que rompe la paz social, comenzando
el período de mayor polarización política de la legislatura. Tras un nuevo
fracaso del diálogo entre CEOE y sindicatos, se anuncia una reforma laboral que
abarata y simplifica el despido y tiene dos consecuencias: alivia la
presión financiera y el gobierno tiene que afrontar la ruptura definitiva de la
paz social. Tras la huelga general, en enero
de 2011 se alcanza un pacto social [con el apoyo de la mayoría de actores
económicos y políticos] que supone el retraso de la edad de jubilación y la
modificación del período de cálculo de las pensiones, es decir, lo que fue
bloqueado un año antes por la coalición negativa, pero que ahora recibe
el beneplácito de los agentes políticos, económicos, sociales y mediáticos. Con
este Acuerdo Social y Económico se
restablecía la paz social y Zapatero aparecía ante la UE como capaz de encontrar
soluciones por sí solo.
(d) Voto Económico de Castigo. Por su parte,
un PP que aprendió la lección de 2008 [la polarización movilizó a la
izquierda], apostó por una estrategia de bajo perfil, consistente en dejar
fluir el desgaste del gobierno ante la crisis y, a medida que se acercaban las
elecciones, en dormir el partido
atendiendo a una agenda monotemática tomada de la agenda pública de los ciudadanos.
Dado que en ésta no había sitio más que para las preocupaciones económicas, el
PP se atuvo a esta temática tanto en las elecciones municipales de mayo como en
las generales de noviembre, facilitando un voto
económico de castigo a la gestión del gobierno que condujo al hundimiento
del PSOE. Así las cosas y para enfriar la
campaña, quedaron fuera de campaña temas como la corrupción [evitándose los
costes electorales del caso Gürtel] o el terrorismo [evitándose los beneficios
electorales del cese de la violencia etarra]. El resultado es bien conocido,
pues así como las elecciones de 2008 habían conseguido la participación más
alta en unas elecciones de continuidad
[75%], las de 2011 registraron la participación más baja en unas elecciones de cambio [69%]. La principal
factura la pagó el PSOE, que perdió cuatro millones de votos: un millón transferido
a la izquierda, otro a la derecha, en tanto que el tercio restante se fue a la
abstención.
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