La cita era el 19
de febrero de 1981. Leopoldo Calvo-Sotelo pronunciaría en el Congreso de
los Diputados su Discurso de Investidura como Presidente del Gobierno de una I Legislatura iniciada por Adolfo
Suárez, quién el 29 de enero había
presentado su dimisión al frente de un ejecutivo que tuvo que afrontar una
etapa de gobierno llena de importantes dificultades
políticas, sociales y económicas. Un año antes, el PSOE presentó una moción de
censura que, aunque derrotada de antemano, deterioró aún más la imagen de un
Suárez desprovisto de apoyos internos en su propio partido. Además, su
sobrevenida falta de sintonía con el rey Juan Carlos y las tensiones crecientes
en el seno de UCD le llevaron a dimitir afirmando que «no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más,
un paréntesis en la Historia
de España».
Ministro para las Relaciones con las
Comunidades Europeas (entre 1978 y 1979) y Vicepresidente del Gobierno para
Asuntos Económicos desde 1980, Leopoldo Calvo-Sotelo asumió la Presidencia de
Gobierno con un mandato en el que, iniciándose con la intentona golpista del 23F se firmó un gran acuerdo
por el empleo con las centrales sindicales y los empresarios, se aprobó la ley
del divorcio, España ingresó en la
OTAN y se cerró el mapa autonómico. Pese a la dureza del PSOE
contra su gobierno, los encuentros de Calvo-Sotelo con el entonces líder de la
oposición, Felipe González, fueron constantes, en una relación
gobierno-oposición que nunca después ha existido.
En cuanto al contenido
de su Discurso de Investidura, puede convenirse que se estructura en cinco
grandes bloques de contenido: (#1) Política Económica; (#2) Política Exterior; (#3) Política Autonómica; (#4) Seguridad Ciudadana; y
(#5) Administración Pública.
[INTRODUCCIÓN]
Con su retirada termina la transición. Con su retirada termina una etapa
singularísima de la Historia
española. Precisamente porque yo no he sido el protagonista de esa transición
que ahora termina, creo que puedo inaugurar una etapa nueva, en la que actúen
desde el primer momento los mecanismos constitucionales limpios de toda emoción
fundacional.
Un cambio en la
Presidencia del Gobierno es un hecho normal en los regímenes
parlamentarios. Este cambio llega exactamente cuando atravesamos el ecuador
temporal de la
Legislatura. No hay, tras el hecho de la sustitución, una
nueva aritmética parlamentaria, que responde, hoy, como ayer, al veredicto de
las urnas en mil novecientos setenta y nueve; la sustitución se produce, por lo
tanto, en la continuidad política, y en la continuidad política he de gobernar
yo si obtengo la investidura. Pero he de decir inmediatamente, señoras y
señores Diputados, que sé cómo esta Cámara —y en ella, en primer lugar, los
representantes del Partido del Gobierno— pide un rumbo nuevo para la nave del
Estado. Yo soy sensible a este hecho político y anuncio desde ahora que, si
obtengo la confianza del Congreso de los Diputados, dirigiré mi Gobierno en la
continuidad, pero desde luego sin la inercia de la continuación.
Nuestra gran herencia es contar hoy con un régimen democrático que las
distintas fuerzas políticas han ido creando hasta aquí con sentido de su
responsabilidad histórica, para ordenar nuestra convivencia presente y futura.
Porque es mucho lo que hemos hecho durante la transición, y lo hemos hecho
ejemplarmente, como han reconocido y admirado nuestros vecinos extranjeros, más
objetivos que nosotros en el diagnóstico. España en estos cinco años ha
redescubierto la libertad, y la libertad nos ha revelado una España viva,
renovadora, cambiante, a la vez adolescente y reflexiva, muy lejos ya del
dramatismo que ha señalado sus crisis en los últimos ciento cincuenta años. Es
lícito que hagamos este balance con satisfacción y esperanza y que deduzcamos
de él una conclusión clara: la transición ha terminado, la democracia está hecha,
aunque todavía quede mucho Estado por hacer; no hay fragilidad en el sistema:
hay el gobierno día a día de una sociedad compleja en una circunstancia adversa
y cambiante. Y hay unos mecanismos constitucionales que han mostrado, que muestran
hoy mismo, su eficacia.
Por eso hablo de continuidad, y por eso el Gobierno que pretendo formar
será también un Gobierno de UCD. En mil novecientos ochenta y tres, sin
anticipaciones que no favorecerían el arraigo de la democracia en España, la
voz soberana del pueblo convocado a elecciones generales podrá sugerir otras
fórmulas: hoy propongo a Sus Señorías la formación de un Gobierno integrado por
hombres de mi partido.
Pero este Gobierno, y en primer lugar su Presidente, no pueden olvidar que
el desencanto, el pesimismo, la inseguridad y la desesperanza son rasgos
dominantes en el ánimo de los españoles. Piensan muchos que sobre España
parecen haber caído al mismo tiempo todos los problemas. Piensan muchos que es
necesario un cambio en la manera de gobernar. Y a ese cambio estará dispuesto
el Gobierno que yo forme si obtengo la investidura.
Porque el riesgo mayor de nuestra situación sería que atribuyéramos los
males que nos afligen a una estructura política determinada. Sería que nos
desencantáramos de la democracia o de la libertad. A evitar ese riesgo debe
estar atenta siempre esta Cámara, y especialmente hoy, cuando comienza un
debate de investidura. Yo quisiera ser capaz de llevar al ánimo de quienes
sigan este debate fuera del hemiciclo la certidumbre de que aquí nos estamos
ocupando de sus problemas reales, de la angustia de aquellos que no encuentran
empleo, de la inseguridad de los que temen perderlo, de la desazón de las
familias que han visto implacablemente reducidos sus pequeños ahorros por la
inflación, de quienes luchan en la adversidad para mantener vivas sus empresas,
de quienes temen por su seguridad personal o la de los suyos, de quienes no se
atreven a mirar el futuro. Quisiera llevar al ánimo de todos ellos que éstas
son también mis preocupaciones, que ésta es la razón por la que estoy aquí,
mucho antes que por una ambición de poder o por un afán partidista. Y que a dar
solución posible a estos problemas reales dedicará el Gobierno que yo forme la
mitad restante de la
Legislatura.
[Exposición del
programa político del Gobierno]
El artículo noventa y nueve de nuestra Constitución pide al candidato la
exposición del programa político del Gobierno que pretende formar. No creo que
este programa deba consistir en la mera recopilación del conjunto de medidas
concretas que aplicarán después los distintos Ministerios. Pienso, por el contrario, que un programa político debe
tener, sobre todo, la ambición de definir, con perfiles nítidos, las
preferencias a que se dirige una acción de Gobierno. Se ha dicho muchas veces
que gobernar es elegir. No esperen de mí Sus Señorías un inventario exhaustivo
de medidas en todos los campos a que alcanza diariamente la tarea de gobernar.
Trataré más bien de elegir un conjunto de problemas preferentes, hacia los que
desearía llevar este debate de investidura, porque a todos nos importa acertar
en ellos y porque creo que para acertar debo estar abierto a los juicios y
opiniones de los señores Diputados, por diferentes que sean de los míos.
A lo largo del debate podré precisar o desarrollar, si Sus Señorías lo
estiman oportuno, aquellos aspectos que el marco y el carácter de esta
intervención hayan marginado inevitablemente. Pienso, sin embargo, que
encontrarán Sus Señorías en mis palabras una definición suficiente de lo que a
mi juicio es la línea de gobierno que hoy reclaman los problemas de la sociedad
española.
Me propongo tratar, sucesivamente, la política económica, la política
exterior, la política autonómica y la seguridad ciudadana.
[POLÍTICA ECONÓMICA ]
Y, en primer lugar, la política económica.
Esta Cámara ha debatido, a lo largo de los últimos meses y en repetidas
ocasiones, la situación económica de nuestro país. No creo que deba extenderme
en un análisis cuyos rasgos son conocidos y sobre cuyo diagnóstico existen
amplias coincidencias.
La repetición de este análisis ha desgastado los argumentos y las palabras.
Sin embargo, es vital devolver a las palabras su significado; comprender la
gravedad real de la situación y aceptar la profundidad de los problemas y sus
conexiones recíprocas.
Es un hecho que España cuenta con una base energética natural muy pobre,
que depende de las importaciones de energía y que es muy vulnerable al
encarecimiento del petróleo. Prueba clara de lo que digo es que las elevaciones
registradas en estos dos últimos años en el precio de los crudos han
empobrecido a nuestra economía frente al resto del mundo en más del quince por
ciento. Este es un hecho objetivo anterior a cualquier doctrina económica o
política, un dato que deben conocer todos los ciudadanos para acomodar a él sus
conductas.
El segundo rasgo objetivo que define la situación española actual y que la
diferencia relativamente de la de otros países, es la mayor dimensión de la
crisis industrial. Y es así porque España se incorporó tardíamente al proceso
de industrialización y no llegó a consolidar las industrias establecidas. Y es
así porque la intensidad de consumo de energía por unidad de producto es mayor
en España que en otros países. Y porque el crecimiento relativo de los costes
de trabajo fue entre nosotros mucho mayor. Y, en fin, porque los sectores de la
industria dañados irreversiblemente por la crisis tienen un peso mayor en
nuestra economía que en otras economías europeas. Estas realidades indiscutibles
obligan a un costoso y difícil programa de reconversión industrial que reclama
una convicción colectiva, para que todos acepten los importantes esfuerzos necesarios.
Es, en tercer lugar, un hecho claro que España no contaba, al llegar la
democracia, con instituciones económicas eficaces para administrar
adecuadamente sus recursos. Ni la Hacienda Pública disponía de un sistema fiscal
idóneo, ni los Presupuestos del Estado recogían todos los gastos públicos, ni
el sistema financiero respondía a unos criterios mínimos de modernidad, ni el
cuadro de relaciones laborales era comparable al europeo. En todos esos campos
han tenido que realizarse reformas que no han concluido y que es necesario
culminar.
Hay que poner a los ciudadanos y a los grupos sociales frente a esta
realidad amarga y dura. Ese es el incómodo papel que hará suyo el Gobierno.
Vamos a huir de las grandes promesas que se hacen a cambio de pequeños
sacrificios. Debe crearse en el país una conciencia clara de la dificultad de
nuestros problemas económicos y de la responsabilidad solidaria como única vía
para encontrarles respuesta. Esta llamada a conductas y comportamientos
responsables viene a reforzarse por los datos últimos de que hoy se dispone. En
efecto, desde hace cinco meses la situación económica internacional ha visto
oscurecidas sus perspectivas. Nuestros vecinos prevén ya una caída en las
expectativas de crecimiento para este año; hemos sufrido una nueva elevación en
los precios del petróleo y arrastramos, en el interior, una situación
climatológica que puede afectar seriamente a nuestra producción agraria y a nuestro
balance energético.
Frente a ese cuadro de acontecimientos adversos es más necesario que nunca conservar
la calma y saber elegir los problemas, ordenar sus posibles soluciones y fijar con
claridad las actuaciones necesarias. La situación de la economía es demasiado seria
para permitir la evasión y pide que adoptemos ante ella posiciones comprometidas.
Seis son los temas que, desde ahora, fijarán la atención de mi Gobierno: el
problema energético; la articulación de decisiones eficaces para crear puestos
de trabajo duraderos; la vigilancia de la inflación; un programa resuelto de
reconversión y una nueva política industrial; la liberalización de la actividad
económica interior, el mantenimiento de la libertad de intercambios con el
exterior y el fomento de las exportaciones; y la delicada situación presente de
la agricultura y de la pesca.
Permítanme, Sus Señorías, comprometer mis opiniones sobre estas cuestiones.
[Problema Energético]
Los datos que configuran el problema energético español manifiestan con tal
elocuencia su gravedad que no puede extrañar a nadie la prioridad absoluta que el Gobierno quiere concederles. Es claro que
mejorar la oferta de energía constituye una tarea en la que no caben
dilaciones, porque su desatención o retraso se pagarían muy caros en un futuro
inmediato. Esta atención preferente a los problemas energéticos se traduce en
tres decisiones urgentes:
Pagar los precios reales que corresponden a la escasez de la energía, rechazando
las primas al consumo.
Ajustar la oferta energética del país a los recursos de que disponemos. El
Gobierno va a apoyar sin vacilaciones los programas de inversión en energía y
la ejecución puntual del PEN actualizado en sus aspectos convencionales y en
sus aspectos nucleares. La opción nuclear es la única posible en el plazo de
una generación para garantizar la independencia política y el desarrollo
económico de España. De la ejecución del PEN el Gobierno mantendrá puntualmente
informada a la Cámara
y a la opinión pública.
Contar con los medios precisos para que la acción estatal en el sector de
los hidrocarburos asegure una política de abastecimientos y se aprovechen de
una manera más racional todas las posibilidades del Estado. Con este fin, el
nuevo Gobierno propondrá a esta Cámara las medidas necesarias para la constitución
de un Instituto Nacional de Hidrocarburos que agrupe todos los bienes y las
participaciones del Estado en este sector, y que se configure como un brazo de
acción eficaz de un aspecto tan trascendente de la política energética.
[Creación de Empleos]
Reconocido el paro como primer problema social y económico del país, quiero
afirmar rotundamente que el Gobierno que me propongo constituir dedicará todo
el tiempo y la energía de que disponga a crear los empleos que demanda nuestra
sociedad. Esa voluntad firme tratará de servirse con medidas responsables,
porque la creación de empleos no admite soluciones rápidas ni recetas
simplistas. No habrá en España remedio eficaz y duradero para el problema del
empleo en tanto no crezca más nuestra economía y mientras no se lleven a cabo
las transformaciones estructurales pendientes.
Sería, sin embargo, parcial y, por ello, poco eficaz una estrategia que
fundamentara el crecimiento económico solamente en la inversión pública y en el
apoyo selectivo a determinados sectores inversores. Es urgente —y mi Gobierno
se aplicará inmediatamente a esta tarea— proseguir el camino hacia la creación
de las condiciones que hagan posible un crecimiento sostenido de la inversión
privada y la consiguiente creación de puestos de trabajo. En este sentido creo
que, con independencia de la crisis económica internacional e interna, el
persistente incremento del desempleo en España tiene causas específicamente
españolas ligadas a las peculiaridades de nuestro sistema de contratación laboral
y de nuestro sistema de financiación de la Seguridad Social.
Corregir esas peculiaridades, aproximar nuestro marco laboral y la
financiación de nuestra Seguridad Social a los modelos europeos no es tarea
fácil. Mi Gobierno concluirá el desarrollo del Estatuto de los Trabajadores,
configurando así un marco laboral más flexible y eficaz, y, en materia de
Seguridad Social, proseguirá el camino hacia la ordenación de un mejor sistema
de financiación, cada vez más asentado en los Presupuestos del Estado, y con
una nueva regulación de las cotizaciones que por el aumento de las bases
máximas permita ir reduciendo los tipos de cotización. Con ello se trata de que
la nómina de las empresas no sea una base para girar sobre ella los gravámenes
del Estado.
Reducir los costes de la Seguridad Social es una condición necesaria para
aumentar el empleo, pero incumpliría mi deber si no señalase con claridad
inequívoca que no es suficiente y que la situación de la economía exige durante
algún tiempo, además, una moderación de los salarios. Sin un ajuste de los
salarios reales no hay solución posible al problema del paro en nuestro país.
Al insistir, una vez más, en este punto, lo hago desde la perspectiva de un
Gobierno que no desea y no va a interferir en modo alguno en la negociación
colectiva, pero que, al mismo tiempo, tampoco quiere limitarse a una posición
de espectador indiferente. Para facilitar el empleo, habrá de apoyarse, además,
en otras dos acciones: la formación profesional y el establecimiento de fórmulas
flexibles que animen la demanda de trabajadores por parte de las empresas.
Resulta claro que la creación de empleos pide de la sociedad española un
esfuerzo colectivo y una cooperación de todos los agentes de la economía.
Apoyándose en esa realidad, estimo necesario abrir un diálogo con las fuerzas
sociales y económicas para la configuración conjunta de un programa concreto,
ambicioso y realizable de acciones contra el paro.
No es mi propósito inventariar y desarrollar ahora las cuestiones que
deberán ser tratadas en ese diálogo que sugiero. Considero, sin embargo, que
podrían incluirse, entre otras, las siguientes:
Medidas de formación profesional y de apoyo al empleo juvenil.
Medidas para favorecer la movilidad intersectorial, interprofesional y
geográfica de la mano de obra.
Reducción de la edad de jubilación, con financiación de su coste a cargo
del Estado y de las empresas.
Establecimiento de una ayuda especial al parado con cargas familiares, después
de agotados los plazos del subsidio.
Fomento de programas de empleo en el marco de la programación regional.
Convenios con sectores y empresas para la creación de empleo a partir de nuevas
modalidades de contratación.
Bases en las que debe asentarse el Consejo previsto en el artículo ciento treinta
y uno punto dos de la
Constitución.
[Vigilancia de la inflación]
Afirmar que el empleo es el primer objetivo de la política económica no
supone, en absoluto, olvidar los dos equilibrios de la economía: el interno de
precios y el exterior de la balanza de pagos, porque, a falta de estos
equilibrios esenciales, la economía no podrá crecer duraderamente ni ofrecer
empleos estables.
La sociedad que cree en la inflación la produce, y cuando tantas
impaciencias se despiertan ante las medidas monetarias y presupuestarias que disciplinan
la inflación, es menester recordar a los impacientes que ningún país mejora su
comportamiento frente a la crisis aumentando los precios. Allí donde existen
políticas monetarias y presupuestarias holgadas no hay menor inflación, sino
mayor crecimiento de los precios, y no hay mayor ocupación, sino más paro. Por
eso es necesario, aunque sea costoso, continuar con políticas monetarias
rigurosas e intensificar el control de los gastos corrientes y del déficit
público. El Gobierno no va a ceder en este objetivo esencial y de ningún modo
se dejará arrastrar por la presión de los que proclaman que nuestro gravísimo
problema de paro podría resolverse a través de un mayor déficit público.
Si el déficit no es la solución, tampoco lo es el aumento de la presión
fiscal. La reforma fiscal es ya un hecho positivo de la transición. Ahora hay
que completarla y aplicarla cada vez con mayor eficacia y rigor. Pero es
necesario no ahogar los beneficios ni el ahorro si queremos que éstos se
traduzcan en inversión y creación de puestos de trabajo. En especial es
necesario aumentar la lucha contra el fraude fiscal para erradicar los
supuestos más extendidos de defraudación que sabemos que todavía existen.
La ampliación del déficit público hasta cotas que significan, simplemente,
una pérdida del sentido de la medida, llevaría en el espacio de meses a una
destrucción de empleo, no a su creación. El interés de la Nación , el interés de los
trabajadores, el interés de los empresarios, está en contener la inflación y no
en estimularla, en contener el déficit de la Balanza de Pagos y no en aumentarlo, en crear
empleo y no en destruirlo, en defender no sólo el salario de hoy sino el
salario de mañana. El control del déficit público obligará a una seria
limitación en los gastos corrientes de la maquinaria administrativa y a una
revisión de nuestra política de ayudas a sectores y a empresas deficitarias.
Un primer paso en esta dirección se dará ya en la ejecución de los
Presupuestos de mil novecientos ochenta y uno. Me propongo, inmediatamente tras
la constitución del nuevo Gobierno, instar de los Departamentos Ministeriales a
que realicen propuestas concretas que permitan reducir los gastos corrientes de
este ejercicio presupuestario en una cifra no inferior a treinta mil millones
de pesetas. Los Presupuestos Generales del Estado para mil novecientos ochenta
y dos se prepararán con exigencia, moderando los gastos corrientes de modo que
permitan generar el ahorro público necesario para proseguir el aumento de la
inversión pública sin incrementar el déficit.
[Reconversión Industrial]
Al revisar las preferencias y objetivos de la acción que mi Gobierno se
propone llevar a cabo no puedo dejar de mencionar la reconversión industrial y
la política agraria y pesquera.
Quiero subrayar que considero necesario mantener un tratamiento sectorial
de la crisis industrial, que se aleje de actuaciones puntuales y que garantice
el principio de igualdad de las empresas ante el mercado.
Para una mejor ejecución de esta política el Gobierno establecerá inmediatamente,
a través de la correspondiente norma, un cauce suficiente para lograr una mayor
eficacia en su acción. El actual esquema normativo no basta para actuar frente
a una situación crítica. Hacen falta nuevos instrumentos legales que permitan flexibilizar
las relaciones económicas de las empresas en crisis con la Hacienda Pública
y con la Seguridad Social
Con la misma claridad debo señalar que en una situación de crisis los
recursos son limitados y la acción sectorial tiene, necesariamente, que ser
selectiva. Esta Cámara conocerá con precisión los recursos que podemos destinar
a la reconversión industrial y la aplicación que de ellos nos proponemos
realizar.
Esta política de reconversión se complementará con una estrategia
industrial que, a la vista de la integración en Europa, permita aumentar la
productividad, afiance las posibilidades de creación de nuevas industrias y
estimule la utilización de nuevas tecnologías. La pequeña y mediana empresa
debe jugar un papel esencial a este respecto.
[Atención Preferente a la
Agricultura ]
He dicho, al comienzo de esta intervención, que no me proponía exponer de
manera exhaustiva las medidas de un programa del que deben importar más los
perfiles.
Quiero hacer, pese a ello, una referencia expresa a la agricultura y a la
pesca, sectores hoy en dificultad aunque por razones diferentes.
Mi Gobierno dedicará a la agricultura una atención preferente. La situación
alimentaria mundial exige que aportemos recursos crecientes a este sector con
el que la sociedad española tiene una deuda de solidaridad.
La política agraria se planteará con una referencia permanente a las
Comunidades Europeas. Ninguna medida, ningún paso que se dé en este sector
podrá desconocer el marco europeo en el que debe ganar su futuro nuestra
agricultura. Las reformas estructurales se dirigirán, en consecuencia, a
mejorar las posibilidades de competencia de los sectores hoy en desventaja
respecto de la Comunidad ,
y la política de precios y subvenciones se ordenará teniendo en cuenta la
estructura de precios relativos en Europa.
Con la perspectiva de este horizonte general, mi Gobierno actuará, de forma
inmediata, en los siguientes campos:
Aplicación de nuevas medidas urgentes para paliar los efectos que está teniendo
sobre las producciones agrícolas y ganaderas la actual situación climatológica.
Conclusión del programa legislativo en curso con envío a las Cortes
Generales de los Anteproyectos de Ley pendientes y mantenimiento del desarrollo
de las medidas concretas anunciadas en esta Cámara.
Revisión de la política de subvenciones, agilizando los procedimientos para
conceder las necesarias y aproximando, en cualquier caso, nuestros mecanismos a
los vigentes en la
Comunidad Económica Europea.
Apoyo a las explotaciones familiares y a las cooperativas agrarias, así
como al sostenimiento, en general, de la empresa agraria, como sector
indispensable para cubrir la demanda de alimentos de la sociedad española.
[Reestructuración del Sector Pesquero]
El sector pesquero está en una situación crítica derivada esencialmente de
las dificultades de pesca en los caladeros tradicionales.
Hay que decir con claridad que esta situación no es fácilmente reversible,
pero puedo asegurar a Sus Señorías que mi Gobierno defenderá palmo a palmo en
los foros internacionales o en las conversaciones bilaterales los derechos que
amparan a nuestros pescadores. En otro capítulo de esta intervención me
referiré a la importancia de orientar la política exterior española a la
defensa de nuestros intereses concretos, pero quiero dejar dicho ahora que uno
de los intereses que con mayor legitimidad podemos y debemos defender es
precisamente el de nuestro sector pesquero.
Dicho esto, debo también afirmar claramente que, una vez definido de una
manera inequívoca el grado de ocupación de nuestra flota, el Gobierno
procederá, en diálogo con los sectores afectados, y tanto con empresarios como
con trabajadores, a elaborar y a ejecutar los planes de reestructuración
necesarios según los caladeros, las especies, los puertos y los tipos de
barcos.
[El Sector Público y la Economía ]
No quisiera concluir este examen de la política económica que, si cuento
con la confianza de Sus Señorías, mi Gobierno se propone aplicar, sin referirme
siquiera brevemente al papel del sector público en la economía. He insistido
muchas veces en mi propósito de fortalecer la economía de mercado según los
términos del artículo treinta y ocho de la Constitución. Quiero
señalar, con igual énfasis, la necesidad de un sector público eficaz que
anteponga esta eficacia a cualquier presión sobre su crecimiento, y que
programe su actuación proyectando algunas certidumbres en un mundo escaso de
ellas. Una mayor libertad económica no es incompatible —y menos aún en tiempo
de crisis— con una racionalización de la actuación del Estado. Me propongo
establecer un plan trienal de las inversiones públicas, que debe servir, acompañado
del seguimiento adecuado, para que la inversión se ejecute con eficacia, de
modo que, cuando, como ahora, la inversión pública juega un papel coyuntural decisivo,
no sólo se invierta más, sino que también se invierta mejor.
Al sector público le corresponde también un papel destacado en la
corrección de los desequilibrios regionales. La entrada en vigor de la Ley de Financiación de las Comunidades
Autónomas permitirá al Estado disponer de mejores instrumentos para la
programación y ejecución de esta política regional. En aplicación de estos instrumentos,
y con la perspectiva de la adhesión a las Comunidades Europeas, el Gobierno
establecerá un sistema de programación regional que cuente con la colaboración
de las Comunidades Autónomas y Entes Preautonómicos.
[POLÍTICA EXTERIOR]
Paso a referirme a la acción exterior que mi Gobierno se propone realizar
si obtengo la investidura.
La realidad demográfica, económica y militar de España obliga a poner el
acento en la política exterior más que en lo que comúnmente conocemos como
política internacional.
Esto significa que, sin olvidar la debida atención a las grandes cuestiones
internacionales, pretendemos centrarnos en nuestros problemas, en la defensa de
nuestros intereses específicos y en la cooperación activa y la amistad con
aquellos países del mundo que comparten los valores e intereses consustanciales
a la sociedad española de hoy.
Nuestra política exterior debe atender preferentemente a la garantía de
nuestra seguridad nacional y a la salvaguardia de la integridad de nuestro
territorio. Por esto, quiero dejar bien clara la estrecha vinculación existente
entre política exterior y política de defensa, que son materialmente
inseparables. No es posible alcanzar un aceptable grado de disuasión frente a
amenazas exteriores sin un fortalecimiento de las instituciones armadas,
servido por una adecuada acción exterior.
Asimismo, entiendo que España debe cooperar a la defensa de los valores
democráticos sobre los que se asienta la sociedad en la que queremos vivir y convivir.
Tenemos la obligación de afirmar los valores en los que creemos y de
cooperar, por lo tanto, en la defensa de los derechos humanos, defensa eficaz y
omnicomprensiva, no retórica y discriminadora. Tenemos la obligación de
contribuir a la salvaguardia de la paz en todo el mundo, como un ideal que
persiga la seguridad individual y colectiva, colabore al bienestar y permita
una auténtica cooperación para el desarrollo. Corresponde, además, a nuestra
acción exterior la protección de los derechos e intereses de nuestros
emigrantes, y en general de los españoles residentes en el extranjero; la
promoción de los intereses económicos españoles y de los intercambios comerciales,
culturales y tecnológicos.
Creo haber definido, así, los tres fundamentos en los que debe asentarse
nuestra acción exterior:
Primero: Seguridad y defensa nacionales:
Segundo: Cooperación eficaz para la salvaguardia de los valores éticos y
espirituales, propios de nuestra concepción humanista y de la sociedad de
libertades en la que creemos, y
Tercero: Defensa específica de los intereses españoles, tanto individuales
como colectivos.
Todo ello, desde la sobriedad, la eficacia y la dignidad.
[Política Europea]
Establecidos de esta forma los objetivos, paso a referirme ahora a las que
serán líneas de acción preferentes de nuestra política exterior. El esfuerzo
principal se encaminará a conseguir para nuestro país una definición de
política europea, democrática y occidental, clara e irreversible; lejos de
sueños que puedan delatar una tentación aislacionista respecto al marco
occidental. Esta afirmación europea ha de venir acompañada de un componente
esencial y distintivo que nos proponemos acrecentar nuestra relación estrecha
con los países iberoamericanos, fundamental por tantas razones que es ocioso
reiterar y que se configura como una constante histórica que trasciende
cualquier coyuntura.
Por lo que respecta a nuestra política europea, hemos de felicitarnos de
que, en la búsqueda del interés nacional, partamos de un presupuesto
importante: la unanimidad de los partidos políticos con respecto a la
integración de España en las Comunidades Europeas. Existen, claro está,
dificultades de orden económico. Pero quiero reafirmar aquí el carácter
eminentemente político de nuestra opción europea, que constituye, ante todo, un
objetivo histórico de primera magnitud. Además de nuestra presencia activa en
el Consejo de Europa, ese objetivo se cumplirá mediante nuestra integración próxima
en el Mercado Común. Establecidas las grandes líneas de nuestra política
europea, me referiré ahora a cuatro problemas básicos para nosotros, en cuanto
definen relaciones de vecindad.
[Portugal, Francia, Gibraltar]
En primer lugar, y quiero subrayarlo, la vinculación con Portugal. Hay que
superar el desconocimiento y la consiguiente separación real entre nuestros
pueblos. Hay que colaborar estrechamente con Portugal y alcanzar un
entendimiento sólido y duradero. Hay que favorecer, desde ahora, la
complementariedad de nuestras economías para conseguir la incorporación
mutuamente provechosa de los dos países peninsulares a la Europa comunitaria.
El segundo tema bilateral que deseo resaltar es el de las relaciones con
Francia. Es cierto que existen factores económicos competitivos. Es cierto,
también, que la reticencia de Francia en la lucha obligadamente común contra el
terrorismo resulta, a veces, incomprensible y dolo-rosa. Sin embargo, queremos
manifestar nuestro propósito de impulsar una nueva política con Francia
dirigida a superar tales dificultades. Pienso que Francia y España deben
acreditar su condición de aliados naturales y confío en que París apoyará en su
momento, sin reservas, nuestro ingreso en las Comunidades y cooperará, de forma
inmediata, con nosotros en la lucha contra el terrorismo.
En tercer lugar, nos proponemos proseguir la aplicación paulatina y
convenida de la Declaración
de Lisboa, nuevo camino en la marcha hacia la recuperación de Gibraltar, cumpliendo
así un objetivo nacional irrenunciable y suprimiendo el único obstáculo importante
en nuestras relaciones con el Reino Unido.
[Política Árabe y Africana]
En fin, y por lo que hace a nuestra política árabe y africana, tríe
referiré a tres órdenes de cuestiones concretas:
Primero: Nuestra inalterable posición de amistad con el mundo árabe.
Segundo: Nuestra vinculación profunda a las naciones del Mogreb. España
desea una solución definitiva y justa al agudo conflicto que en su seno se
desarrolla; un conflicto —entiéndase bien— ya ajeno por completo a nosotros y
en el que hace tiempo dejamos de ser parte; un conflicto en el que nos
sumaremos a cualquier dinámica de paz que, aceptando los reiterados principios
aplicables al caso, salvaguarde otra línea que debe ser permanente en nuestra
política exterior por encima de cualquier dificultad circunstancial: la amistad
con nuestro gran vecino del Sur, la necesidad de contar en nuestra frontera
meridional con un Reino de Marruecos estable, próspero y en cordiales
relaciones con los demás países del Mogreb, igualmente amigos de España.
La tercera referencia obligada es la de Guinea Ecuatorial. El Gobierno que
pretendo constituir proseguirá los esfuerzos para el fortalecimiento de la
soberanía, el desarrollo y la estabilidad de la joven república africana.
[Relaciones con los Estados Unidos y la Alianza Atlántica ]
Dentro de nuestra definición occidental, debo dedicar en esta enumeración
de cuestiones, una consideración propia y separada a nuestra relación con los
Estados Unidos y la
Alianza Atlántica.
En mi opinión, no cabe plantearse como objetivos un distanciamiento entre la Europa occidental y los
Estados Unidos ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo militar.
Hay que buscar una relación equilibrada de cooperación y solidaridad,
definiendo los espacios de convergencia y acotando los puntos en los que
Europa, la Europa
progresivamente unida, puede actuar por sí sola. Pero ello no impide que se
deba tener presente la existencia de una solidaridad de fondo y de unos
intereses comunes expresados políticamente en la relación atlántica y en la
organización en que ésta cristaliza.
Sin desconocer que la incorporación de España a la OTAN está vinculada a otros condicionantes
de nuestra política exterior, el Gobierno que aspiro a presidir reafirma su
vocación atlántica, expresamente manifestada por la Unión de Centro Democrático,
y se propone iniciar las consultas con los Grupos Parlamentarios, a fin de
articular una mayoría, escoger el momento y definir las condiciones y
modalidades en que España estaría dispuesta a participar en la Alianza. Ante todo
he de manifestar que no aceptaremos que terceros países intenten coaccionarnos
con sus opiniones. Entendemos que se trata de una cuestión a dilucidar entre
españoles, a través de los mecanismos constitucionalmente establecidos, y a
discutir con nuestros eventuales aliados.
Pero no toleraremos que terceros países, concretamente la Unión Soviética ,
se arroguen el derecho de vetar la entrada de España en la OTAN , ni aceptamos, por
tanto, las doctrinas de la congelación en sus actuales dimensiones de las
alianzas existentes, o de que nuestra soberana voluntad de acción en este campo
suponga un gesto agresivo susceptible de quebrar el equilibrio de fuerzas en
Europa.
La decisión de marchar hacia la accesión a la Alianza Atlántica
responde a una coherencia con nuestra concepción general de la política
española, pero ante todo a una necesidad defensiva y de seguridad. La política
exterior es, ya está dicho, búsqueda de seguridad. Y es evidente que esa
seguridad tiene un componente militar. También es claro que ese componente
militar no puede ser, y en este momento nadie lo considera así, un componente
aislado. Las prédicas que apuntan hacia una neutralidad, armada o desarmada, no
ocultan la realidad de que estas modalidades están fuera de las posibilidades
derivadas de nuestros recursos en el primer caso, y, en ambos, de nuestra
especialísima situación geoestratégica. No son, por tanto, ni posibles, ni
útiles, ni viables. Tampoco se puede hablar seriamente de que nuestra
integración en la Alianza Atlántica
La dimensión de las amenazas a las que toda Europa se enfrentaría en el
caso de un conflicto, impide, de hecho, la neutralidad de un territorio tan
crucial como el nuestro. Esta afirmación atlantista hace que la relación
bilateral con los Estados Unidos deba considerarse desde una perspectiva nueva.
Esa relación bilateral podría resultar más útil y ventajosa en cuanto a los
intercambios logísticos, tecnológicos, industriales, culturales y económicos.
La coherencia de la relación bilateral hispano-norteamericana sería mayor; nos
situaría en mejores condiciones de negociación y permitiría redefinir sus
objetivos, acotando el espacio de la colaboración meramente militar y, dentro de
ella, separando mejor los objetivos comunes y las misiones propias y
específicas de las Fuerzas Armadas españolas. La modernización de éstas, tan
imprescindible como ardua en razón de nuestra coyuntura económica, debe
constituir objeto preferente de negociación para que la contrapartida
norteamericana pueda facilitar tan vital e inexcusable objetivo.
Estas son las grandes líneas de acción de nuestra política exterior. Junto
a ellas existen principios motores generales y permanentes. España debe tener
una participación activa en la construcción de la paz. Estamos en un momento de
grave crisis internacional, quizá el momento potencialmente más grave desde el
final de la Segunda
Guerra Mundial. Asistimos a una gran incertidumbre y viva
desconfianza en las relaciones Este-Oeste, desconfianza que por parte de
Occidente se justifica en desgraciados hechos reales. España ha hecho y hará un
gran esfuerzo en favor de la paz en todos los foros a que tiene acceso, y
singularmente en la
Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa. Lo hará
asimismo en su actual condición de miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas.
[POLÍTICA AUTONÓMICA]
En el tema de las Autonomías, capital para España y para nuestro futuro, mi
programa tiene que ser especialmente preciso e inequívoco.
Por una parte, quiero decir que asumo plenamente, resueltamente, la opción autonómica
de la Constitución.
UCD ha contribuido de manera decisiva a que el principio
autonómico, como principio básico de la organización del Estado, se inscriba en
nuestro texto fundamental y lo ha traducido luego en realidades operativas.
Pocas veces un Estado con la complejidad y el entramado histórico del Estado
español habrá emprendido un camino tan apasionante y tan difícil. Es un camino
a la vez de esperanza y de riesgos, en el que me propongo medir en lo posible
los riesgos para que pueda destacar y afirmarse la esperanza. Una esperanza de
mejora de nuestra convivencia, de perfeccionamiento de nuestra vida colectiva,
de transformación de la organización pública, de redistribución territorial del
poder, haciéndolo más próximo a los ciudadanos y, en definitiva, más eficaz.
De ahí mi propósito firme de cumplir y aplicar lealmente, diligentemente,
los Estatutos catalán y vasco, así como de poner en marcha sin tardanza los de
Galicia y Andalucía, ya desbloqueados, y, finalmente, de ultimar todo el
proceso autonómico restante, que me gustaría dejar concluido en esta
legislatura. En lo que a Navarra concierne, continuarán las negociaciones con la Diputación Foral
para el amejoramiento paccionado del Fuero, de acuerdo con la naturaleza
jurídica del Régimen Foral.
Ahora bien, y es la segunda precisión que me interesa dejar aquí, la
construcción autonómica ha de hacerse en su integridad y no parcialmente, y
además, con rigor político y administrativo especialmente atentos. Esa
integridad incluye al Estado mismo, como es elemental. El Estado no es un
simple almacén de competencias que se van trasladando o transfiriendo a las
unidades territoriales y en el que al final queda un conjunto residual más o
menos fortuito. Por el contrario, el Estado es una pieza esencial del propio
sistema autonómico, el que tiene que asegurar la articulación del conjunto, hacer
posible su funcionamiento y la observancia final de los valores de unidad, de solidaridad
y de igualdad que la
Constitución ha impuesto como cuadro general del sistema. Por
ello, en el título VIII del texto constitucional no sólo se definen las competencias
transferibles a las Comunidades Autónomas, sino aquellas que han de mantenerse
en las manos exclusivas del Estado y también un conjunto importante que han de
compartirse entre las dos instancias mediante la fijación de bases por el
Estado y su desarrollo y ejecución ulterior por las Comunidades Autónomas.
Es, pues, preciso que, a la vez que se ahonda en el sistema autonómico, se
pongan a punto y se perfilen técnicamente esas competencias exclusivas o
compartidas del Estado, sin las cuales el sistema no funcionaría en los
términos que la Constitución
impone.
Me propongo, pues, si obtengo esta investidura, trabajar sistemáticamente
en esta dirección, imprescindible para el mantenimiento del Estado así como
para la propia eficacia social y política de las Comunidades Autónomas.
Especialmente sensible seré a la preservación del principio de la unidad
económica de España, impuesta por la Constitución y por la eficacia de la economía,
como es común en todos los países con sistemas no sólo regionales, sino también
federales, y exigida además hoy con especial fuerza por la situación de crisis
económica que padecemos, y por nuestra próxima integración en las Comunidades
Europeas. Para ello, pondré en marcha los mecanismos de planificación económica
que han de pautar de acuerdo con las Comunidades este relevante sector de
actividad.
Debo decir con claridad que, si llego a presidir el Gobierno, éste ejercerá
sin vacilaciones todas las competencias que la Constitución y los
Estatutos le reservan. Y ello no para limitar a las autonomías, sino
precisamente para servirlas, como antes he anotado. No habrá autonomías fuertes
sin un Estado fuerte; para profundizar el proceso autonómico es imprescindible
robustecer las estructuras unitarias dentro de las cuales han de moverse las
Comunidades Autónomas, como es imprescindible también robustecer la autonomía y
las haciendas de Ayuntamientos y Diputaciones, en un esfuerzo coordinado de
solidaridad.
Por otra parte, el rigor en la realización del proceso y en su articulación
definitiva es, en sí mismo, una condición indispensable para que no pueda
producirse un desorden general, que frustraría gravemente a nuestra sociedad y
a la esperanza legítima que en las autonomías han puesto nuestros pueblos.
Sinceramente, creo que ese rigor es imprescindible en aspectos como la Administración , los
medios personales, las técnicas jurídicas y financieras. La Administración Central
tiene defectos antiguos que no debiera traspasar a las Comunidades Autónomas. Y
éstas, por su parte, pondrán todo su empeño en evitar que así ocurra, para lo
cual la Constitución
Ies habilita con las competencias y poderes precisos.
Así, pues, mis ideas sobre este capítulo importante de las
responsabilidades actuales del poder no son muy complicadas, pero creo que son
firmes y obedientes a un criterio claro. Sí, sin vacilaciones y sin reservas
mentales ni de ningún orden, a las autonomías, en las que veo no sólo un
mandato ineludible de la
Constitución y de los Estatutos, sino también una esperanza
cierta para nuestro pueblo, que sería grave que se frustrase y que, antes bien,
todos debemos servir con ilusión y con resolución. Pero no, claramente, a un
entendimiento ligero de las autonomías como disolución de una patria común
forjada por la historia y llamada a servir eficazmente, en el terreno no sólo
cultural, sino político, a todos sus hombres. No, por ello, al desmantelamiento
del Estado, cuya fortaleza más bien ha de ser la primera garantía de que las autonomías se afirmen, se profundicen y se
desarrollen en el seno de una estructura común que las haga posibles. Un
autonomismo fuerte en un Estado fuerte: ésa podría ser la cifra final de la
política que estaría dispuesto a desarrollar desde el Gobierno en esta materia.
[SEGURIDAD CIUDADANA]
Señoras y señores Diputados: Paso a tratar ahora brevemente la política
que, en materia de seguridad ciudadana, aplicará mi Gobierno si obtengo la
investidura.
Cualquier sistema de libertad política está en función de las condiciones
para su ejercicio.
La libertad demanda unas garantías jurídicas y una protección judicial.
Reclama también una igualdad de oportunidades, para no ser patrimonio de unos
pocos. Y exige, finalmente, un entorno de respeto social, de cumplimiento de
las leyes, de orden público; en definitiva, de seguridad.
Cuando el ciudadano siente en peligro los valores primarios de su
existencia pacífica, aparece el mayor enemigo de la libertad, que es el miedo.
Y surgen entonces voces interesadas amplificando temores y anunciando
catástrofes para conjurar este gran patrimonio de todos nosotros, que consiste,
sencillamente, en una frase: vivir en democracia y libertad.
La seguridad es así una condición básica, social y real, de un régimen de
libertad política.
Es evidente que la delincuencia ha crecido en España espectacularmente en
la década de los setenta. Sin embargo, aunque el hecho no justifica ninguna complacencia,
nuestra tasa de criminalidad sigue siendo una de las más bajas de Europa, y,
por primera vez desde hace seis años, en mil novecientos ochenta ha disminuido
el número de delitos.
Un hecho doloroso merece subrayarse: el cuarenta por ciento de los reclusos
de nuestras prisiones está constituido por menores de veinticinco años. Este
problema de la delincuencia juvenil, tan frecuentemente ligado al uso de las
drogas, es una de las mayores facturas de la inseguridad pública.
La política de prevención de la delincuencia se va a situar en la primera
línea de las preocupaciones del Gobierno. Se va a presentar inmediatamente un
Proyecto de Ley de Protección de Menores: se va a reformar el régimen de
inversiones de Centros especiales y se coordinará toda la acción del Gobierno
en materia de prevención del delito. Nos proponemos aplicar una estrategia de
prevención social que va a superar la simple política represiva de las medidas
penales. En esta importante materia, la colaboración de las Comunidades
Autónomas y de los Ayuntamientos y Diputaciones resultará imprescindible.
Un exponente máximo de la inseguridad es el terrorismo, que se inicia en
España en la década de los años setenta y que ha continuado, después, con la
democracia.
Durante estos años los Gobiernos de UCD han afrontado tenazmente el
terrorismo, con éxitos y fracasos; con avances, a veces importantes, pero
también con retrocesos.
Es de justicia reconocer aquí el apoyo que han prestado los partidos
representados en esta Cámara en los momentos fundamentales y más dramáticos, de
respaldo a la acción antiterrorista. Y es de necesidad repetir aquí una vez más
que esta colaboración seguirá siendo indispensable porque el problema no es sólo,
como se dice a menudo, un problema de Estado, sino que es el gran problema que
pone en riesgo la propia realidad del Estado.
Y en estos instantes, en que se empieza a vencer la presión del terror,
debo afirmar que la acción del Gobierno se reforzará en varias líneas ya
iniciadas:
Una actuación política con un desarrollo real y sin reservas de lo
establecido en
las normas de los Estatutos, cuya realidad ha descalificado moralmente la
acción de la violencia que ya no tiene justificaciones ni pretextos políticos.
Una actuación legal, a través de la tipificación penal del delito de
terrorismo en el Código Penal y de las figuras que exigen la movilidad y
variedad con las que se están produciendo estos hechos.
Una actuación judicial a través de la presencia constante del Ministerio
Fiscal, desde las primeras diligencias, tanto para garantizar los derechos de
la persona del detenido como para
incitar a la rápida y eficaz acción de la Justicia. Unala
Comunidad Autónoma del País Vasco, a través de la Junta de Seguridad.
Una política enérgica dirigida a evitar de raíz que la violencia y la
irracionalidad puedan alcanzar, ni siquiera excepcionalmente, a la acción de
los servidores del Estado, en los que la Sociedad ha visto y quiere ver siempre toda la
dignidad, toda la abnegación y todo el sacrificio que reclama la lícita defensa
de la justicia y de la democracia.
Una actuación sustanciada en la cooperación internacional, esencialmente en
lo que se refiere a Tratados bilaterales y multilaterales y prácticas
judiciales y administrativas en materia de extradición y asilo territorial.
En resumen, de todo lo anterior tengo que señalar una vez más que concebimos
la defensa de la seguridad ciudadana como un capítulo inseparable de la defensa
de la libertad y de la democracia.
[ADMINISTRACIÓN PÚBLICA]
Por último, dos palabras sobre un tema que merecería muchas más: la Administración Pública.
Un Gobierno eficaz necesita de una Administración que sea capaz de ejecutar
con diligencia la política gubernamental. Tras cinco años de intensa dedicación
a la Administración ,
quiero cumplir aquí un elemental deber de justicia hacia tantos funcionarios
que han hecho del servicio al Estado la vocación de sus vidas y que lo cumplen,
en no pocas ocasiones, con retribuciones escasas y sin otro incentivo que el limpio
afán de servir a la comunidad.
[REFLEXIÓN FINAL]
Señoras y señores Diputados:
Quisiera cerrar mis palabras con una breve reflexión final.
El desencanto que se ha extendido entre los españoles ante la gestión de la
cosa pública, la acusación repetida a los Gobiernos sucesivos de incapacidad
para resolver los problemas nacionales pueden tener en algún caso razones
objetivas en que fundarse; pero tienen desde luego su raíz profunda en la
pervivencia de actitudes que no corresponden a la nueva situación española. En
una democracia, el Gobierno toma la iniciativa en la resolución de los
problemas planteados y en la consecución de los objetivos sociales, pero no
puede ser responsable de todo lo que ocurre en el país. Un Gobierno
democrático, en la medida en que desea y propicia un mayor protagonismo de las
instituciones y de los individuos en la toma de las decisiones colectivas, en esa misma medida ver reducido su ámbito de
poder; en esa misma medida precisa de la colaboración de la sociedad entera con
la que comparte los éxitos y los fracasos. Y esta colaboración, que no excluye
a nadie, pide hoy de los empresarios capacidad para aceptar riesgos e invertir;
de los trabajadores, solidaridad para quienes no tienen empleo; de todos,
trabajo y voluntad de aceptar resueltamente nuestras responsabilidades.
Un Gobierno que adviene legítimamente al poder, como el que yo pienso
formar si obtengo la investidura, puede y debe pedir esa colaboración de la
sociedad entera y con ella un margen de confianza para su actuación.
Se ha dicho que la sociedad española ha vivido la transición política con
una madurez excepcional; pero acaso le falta aún, en ese proceso de maduración
desde la dictadura, una cierta voluntad para asumir las mayores
responsabilidades en los asuntos colectivos que le corresponden en un régimen
de libertad. De ahí al desencanto, a la desconfianza y a la crítica sistemática
no hay más que un paso.
Terminada ya la transición política, inaugurada ya una etapa de normalidad democrática
(pese a los muchos y graves problemas que nos afligen), el Gobierno que yo
forme hará frente a sus responsabilidades con toda la autoridad y la firmeza de
su origen democrático, fiel a sus principios y sin la preocupación de
adelantarse a los ajenos, seguro de hallar en el plazo de la legislatura las
primeras soluciones para las principales cuestiones que tiene planteadas. Yo
pido ya desde aquí la colaboración de los Partidos Políticos, de las
Corporaciones Locales, de las Comunidades Autónomas en la tarea colectiva de
seguir construyendo el nuevo Estado.
Y especialmente a los Partidos Políticos que están en la oposición, cuyas responsabilidades
como oposición no deben impedir la colaboración con el Gobierno, y desde fuera
del Gobierno, en las grandes decisiones colectivas. Colaboración que pido y espero
con los ojos puestos en los graves problemas de España, y con la certeza de su
solución en el tiempo a través del esfuerzo colectivo.
Señoras y señores Diputados: para las líneas que quedan expuestas, y que
ampliaré en el curso del debate, solicito la confianza de la Cámara en los términos del
artículo 99 de la
Constitución.
ENTRADAS RELACIONADAS: