Este logro supuso que, por primera vez desde las elecciones generales de 1936, un partido de izquierdas formase gobierno. Además y según la lectura de no pocos historiadores, el inicio de
Durante más de trece
años de mandato, Felipe González siguió una línea política moderada y pragmática,
más cercana a posiciones de centro-izquierda que a las tradiciones propiamente
socialistas, si bien fue fiel a su electorado de izquierdas en aspectos como la
profundización de la democracia y las libertades, la construcción de
infraestructuras o la financiación de gastos sociales mediante el aumento de la
presión fiscal sobre las rentas más altas. No obstante, avaló una política
económica ortodoxa, centrada en la modernización del aparato productivo y la
lucha contra la inflación, lo cual le obligó a decisiones impopulares, como la
reconversión industrial, el recorte de las pensiones o la flexibilización del
mercado de trabajo, provocando con ello un enfrentamiento con los sindicatos
(incluida UGT) que se saldó con dos huelgas generales contra el gobierno [1988
y 1994]. En política exterior, impulsó un alineamiento con los países
occidentales aliados de Estados Unidos, cambiando su postura con respecto al
ingreso de España en la OTAN ,
al que se opuso en 1981. Una vez en el gobierno, Felipe González defendió la
permanencia en la
Alianza Atlántica , convocando al efecto un referéndum [favorable]
en 1986. Entre sus éxitos hay que anotar el ingreso de España en la Comunidad Europea
[1985], en cuyo seno adquirió un protagonismo destacado merced a nuestro entusiasmo
europeísta. En relación con este logro encontramos dos de los aspectos más
brillantes del gobierno socialista: la modernización económica [que permitió superar
la crisis de los 60s] y la adquisición de un mayor protagonismo internacional [en
Europa e Iberoamérica].
Señor Presidente, señoras y señores Diputados:
Al disponerme a solicitar la investidura de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo noventa y nueve de la
Constitución , quiero, ante todo, transmitir a la Cámara y a los ciudadanos
que representamos, la convicción de que este acto no es un simple trámite. Al
contrario. Estamos viviendo una jornada histórica y decisiva para nuestro futuro.
Histórica, porque hoy comienza el cambio; decisiva, porque desde los primeros pasos
por el nuevo camino empezamos ya a ir configurando su trazado.
Lo proclamo con la satisfacción de haber sido uno más de los que han
luchado por este día. Pero también con la humildad debida, porque ha sido el
pueblo español, libre y pacíficamente, quien ha instaurado el cambio, y
nosotros no somos más que los encargados de desempeñar la honrosa tarea de
impulsarlo.
Para constatar lo que afirmo, basta contemplar esta Cámara y comparar su composición
con la de hace pocas semanas. Nuestro pueblo ha querido otras Cámaras, otras
leyes, otros modos, otros contenidos de gobierno. Y lo ha querido con tal
sabiduría y tan clara conciencia cívica, que nuestro primer deber, el de todos nosotros,
consiste en interpretar con acierto esa voluntad popular. El pueblo ha votado el
cambio y nuestra obligación es realizarlo. Un cambio hacia adelante. Un cambio sintonizado
con el futuro. Un cambio hacia una España que progrese en paz y libertad.
Para conseguirlo, los ciudadanos han elegido, el veintiocho de octubre,
unas Cámaras con una mayoría fuerte —es decir, con un Gobierno sólido— y con
otras fuerzas políticas vigorosa. Yo me felicito de esos aciertos, porque creo
en la eficacia del diálogo y la participación, lo que supone necesariamente
interlocutores capaces. Porque es más fácil la generosidad y la lealtad desde
posiciones de fortaleza que desde la debilidad, que necesita recurrir con
frecuencia a las armas oblicuas de la astucia.
Por eso espero que nuestras naturales discrepancias se manifiesten siempre en
esta Cámara con la claridad y comprensión que por mi parte ofrezco desde ahora
sin reservas. Todos tenemos que pensar en el presente y en el futuro de España,
aunque sea de distinta manera. Hacer compatibles esas maneras diversas y
conjugarlas al servicio del interés común es lo que nos exigen los ciudadanos
con su rotunda votación.
Por obra de ese mandato, y no sólo por un trámite establecido, es por lo
que solicito de la Cámara
mi investidura como Presidente de Gobierno. ¿Y para qué? Naturalmente, para
gobernar. Esto es obvio, pero importa afirmarlo sin acritud; con la conciencia
clara de que en el pasado muchos ciudadanos han tenido con frecuencia la
sensación de no estar gobernados. Porque gobernar no significa solamente estar
atento a las curvas del camino; gobernar es guiarse al mismo tiempo por el
perfil del horizonte. Tener bien claro un rumbo a largo plazo, una perspectiva que
otorgue pleno sentido a los afanes cotidianos. Gobernar es aferrarse con
ilusión y esperanza a ese rumbo, a sabiendas de las dificultades iniciales, a
sabiendas de que, aunque no se alcance plenamente el horizonte, debe bastarnos
la humilde seguridad de que cada paso correcto nos acerca a la meta de una
España mejor para todos.
Nuestro horizonte como socialistas, con la responsabilidad de gobernar para
todos los españoles, es profundizar constantemente en las libertades de las
personas y de los pueblos de España. Ahora bien, como las polémicas recientes y
el oscurantismo interesado de tiempos pasados pueden confundir a muchos, debo
reafirmar que este horizonte pertenece a la vez al futuro y al pasado. Es la
reencarnación actual de valores de siempre, porque el proyecto viene a
revitalizar la solidaridad humana, debilitada por el individualismo, por el
egoísmo corporativo y por la agresividad competitiva de grupos sociales muy
concretos. Nuestro sentido del cambio se proyecta hacia el futuro y se apoya en
los valores más permanentes del hombre, rechazando la concepción atomizada de
la sociedad.
Nos proponemos gobernar sobre la base de tres principios, que debo
proclamar categóricamente:
La paz social, es decir, la seguridad ciudadana como garantía de desarrollo
de las libertades, que es un concepto más noble y amplio que el de orden
público reducido a la tranquilidad en las calles. Paz y seguridad en todos los
ámbitos: en el trabajo, en el ocio, en la creación, en la interdependencia de
nuestra vida en común, en las relaciones internacionales.
La unidad nacional, que se fortalece con la diversidad de nuestros pueblos,
con las preferencias de los grupos, con las singularidades propias de este rico
y variado mundo que llamamos España. No sólo no excluye esas diferencias, sino
que, al contrario, la unidad se vigoriza gracias a la autenticidad con que son
vividas por sus portadores humanos. Unidad, por tanto, en el sentido creador de
estimularnos y potenciarnos unos a otros, precisamente porque somos diferentes;
nunca en la interpretación negativa de antagonismos o luchas destructoras.
El progreso, como un instrumento al servicio de la justicia, como un
concepto que va más allá del mero desarrollo económico, que incluye el
incremento de la riqueza nacional, pero que atiende a las necesidades vitales de los seres
humanos, a su profundo afán de comprensión, de dignidad, de igualdad. Por ello, nos obliga a luchar contra las
diferencias que privilegian a ciertos grupos y marginan lacerantemente a otros.
Estas bases nos permitirán reforzar la presencia de España en el mundo, no
con la vana pretensión de un protagonismo internacional exagerado, porque
tenemos sentido de la medida al situar a nuestro país en la escala de las
potencias mundiales. Pero tenemos también conciencia de nuestras aportaciones
en el pasado y de nuestra capacidad de presente y de futuro; y esperamos que
unas y otras nos permitan alcanzar en la vida internacional el nivel de nuestra
auténtica dignidad. Se puede ser digno con poco, como se puede ser indigno con
mucho, y de esto último no quiero mencionar ejemplos de quienes aprovechan su
fuerza para someter o explotar.
Paz, unidad y progreso: ése es el perfil del horizonte, de nuestro rumbo
permanente.
Debo ahora referirme a las curvas del camino, a la situación inmediata y a
nuestros propósitos. Aludiré sólo a sus principales rasgos porque, recentísimas
como son las elecciones generales y dada la difusión de nuestro programa,
ampliamente respaldado, parece innecesario fatigar a la Cámara repitiendo detalles
de todos conocidos y que pueden ser objeto de ulterior debate.
Pero quiero anticipar que es nuestra intención informar a los españoles en
las próximas semanas sobre la situación que hemos recibido, y en particular en
la presentación de los presupuestos. Asimismo, les iremos dando cuenta en el
futuro de cuanto les atañe, sincera y claramente, para que la esperanza se base
en la verdad y no en datos deformados o insuficientes, ni en promesas
quiméricas.
Cuatro son las áreas de problemas en las que agrupo los aspectos detallados
en nuestro programa electoral, que es, naturalmente, la base del programa de
Gobierno, porque sólo cumpliendo aquél responderemos fielmente al voto
mayoritario expresado por los españoles. Enumeraré así esas cuatro áreas para
que pueda seguirse más fácilmente mi exposición:
Primera, la lucha contra la crisis económica y el paro.
Segunda, el avance hacia una sociedad más libre y más igualitaria.
Tercera, la reforma progresiva de la Administración del
Estado, en cumplimiento del artículo ciento tres de la Constitución y del
contenido del título octavo, que exige una nueva distribución del poder en el
ámbito de las Comunidades Autónomas y de los Entes Locales.
Cuarta, la proyección hacia el exterior, digna y eficazmente, de la
realidad de España.
Estas cuatro áreas, como bien saben sus señorías, están estrechamente
ligadas entre sí y sólo a efectos de exposición podemos separarlas. Así, la
reforma de la Administración
tiene un claro sentido instrumental al servicio tanto de los objetivos sociales
que nos proponemos cuanto de la construcción del Estado de las Autonomías; y el
avance en las primeras áreas mencionadas fortalece nuestra posición en el
exterior, sirviéndose al mismo tiempo de una política internacional eficaz.
Antes de entrar en los problemas de la crisis económica, permítanme que
recuerde, con todos los presentes, la grave situación por la que atraviesan
amplias zonas de España, golpeadas por la catástrofe de las inundaciones, a las
que debemos prestar una atención justa y urgente.
No deseo que se interprete la referencia inicial a los temas económicos
como una creencia en su primacía, porque lo que nos preocupa, ante todo, es el
hombre, entendiendo los bienes materiales como instrumentos a su servicio y no
como objetivos finales. Nos importa afianzar una sociedad de ciudadanos libres,
mejorando su bienestar y haciendo posible una generación de españoles regidos
por la ética y por la solidaridad y no por un sistema de controles rigurosos.
Sin embargo, a los hombres los limitan y preocupan hoy, muy inmediatamente, los
problemas económicos, porque el marco histórico en que vivimos está dominado
por una crisis de marcada intensidad y extensión.
Esa crisis general, junto con nuestra deficiente estructura económica,
legada del pasado, nos enfrenta hoy con cuatro desequilibrios fundamentales: el
paro, que alcanza a dos millones de personas, que constituye el dieciséis por
ciento de la población activa, nivel que se sitúa siete puntos por encima de la
media registrada en la OCDE ;
la inflación, con un suelo del catorce o quince por ciento, que no se ha conseguido
rebajar en los últimos tres años, mientras caía en los países desarrollados y
se ampliaba sucesivamente nuestra diferencia con ellos en dos, cuatro y seis
puntos; el déficit de la balanza de pagos, que, aunque algo reducido en la
balanza corriente, se refuerza con una mala evolución de la balanza de
capitales y determina globalmente pérdida de reservas, y el déficit de las
administraciones públicas, del orden de un billón de pesetas en mil novecientos
ochenta y dos, es decir, equivalente a un cinco por ciento del producto
interior bruto, y que viene presentando hasta ahora un rápido ritmo de
crecimiento que amenaza con ponerlo fuera de control.
Ante estos cuatro retos del presente, se impone una primera realidad: la de
que el margen de maniobra para la política económica es reducido en el plazo
inmediato, y sólo se amplía hacia el futuro. Por consiguiente, y con la
decisión de utilizar al máximo ese margen en la dirección que marca nuestro
programa, la confianza en la soluciones posibles se apoya fundamentalmente en
tareas y reformas que emprenderemos desde ahora, pero cuyos frutos sólo se
recogerán a más largo plazo. Esta es la realidad, puesto que la crisis
económica internacional —que contrasta con la expansión de los años sesenta— no
desaparecerá del horizonte tan pronto como habían venido anunciando algunas
voces, que ignoraban la profundidad de los desequilibrios que nos han
atenazado.
Entre los desequilibrios mencionados, sin duda, el más doloroso, desde un
punto de vista humano, es el del paro. No intentemos disfrazar su crudeza con
el término menos agresivo de «desempleo». Nuestro deber es vivir el paro como
el drama de cada hombre o mujer que desea trabajar sin conseguirlo, vivirlo
como una serie interminable de días de frustración y de desesperanza. Porque no
se trata sólo de un problema económico, que se podría aliviar sustancialmente
con un subsidio. El paro ataca a las raíces más profundas del ser humano:
socava la energía moral y la confianza, debilita el espíritu de participación
ciudadana, lleva a cuestionar la solidaridad social; no podemos resignarnos a
que el joven aprendiz o el universitario repitan lo que está en trance de
convertirse en una frase hecha: la de que están «estudiando para el paro», porque eso les lleva a la desilusión, al
rechazo del sistema y a la rebeldía; como tampoco podemos aceptar que hombres y
mujeres maduros y responsables sientan herida su dignidad por el despido, como
si no fueran capaces de trabajar para atender las necesidades de los suyos,
como si no tuvieran nada que ofrecer para contribuir con su esfuerzo al
progreso de todos.
El paro es un castigo moral inmerecido, además del castigo material que
impone la penuria a quienes lo sufren. Y el hecho de que sea una plaga
prácticamente mundial —agravada en España en comparación con los países desarrollados—
no nos dispensa de combatirlo tenazmente.
En esa lucha prioritaria emplearemos todos los instrumentos disponibles,
todos los esfuerzos, desde la inversión creadora de empleo hasta la
modificación y reducción de los horarios, desde los reajustes de técnicas y de
sectores hasta apoyos públicos a contratos para los sectores que encuentran más
dificultad para acceder a un empleo; desde la ayuda a la readaptación de los
trabajadores a nuevas tareas hasta la aplicación de estos medios en el campo de
la empresa privada como en el sector público, en la agricultura como en la
industria, la construcción o los servicios; en el de la educación para nuevas
profesiones como en el de la exportación a mercados extranjeros. No perderemos
la menor oportunidad para crear trabajo. Cuando sea inevitable, sectorial o
temporalmente el paro, pondremos en juego la solidaridad de todos para no
colocar en una situación de desamparo y de miseria insostenible a quienes se
vean reducidos a ello; de la misma manera que combatiremos el fraude laboral,
con todas sus formas de picaresca, que degradan a quienes se ven implicados en
ellas, ya sean trabajadores o empresarios. Esa picaresca, como el fraude
fiscal, la evasión de capitales y otras formas de delitos relacionados con la actividad
económica, serán perseguidos con el rigor a que obliga la ley y con la dureza
que merecen las actitudes punibles de egoísmo insolidario.
Las acciones que se requieren no pueden ser obra solamente del Gobierno,
sino que exigen un cambio en la actitud de toda la colectividad. Nadie piense
tampoco que el paro va a reducirse entregando la tarea de solucionarlo solamente
a los mecanismos automáticos del mercado. Estos automatismos nos llevarían más
bien a un enorme aumento de la desigualdad social, a la descomposición social
de un egoísta «sálvese quien pueda». Por eso he querido subrayar la gravedad
del drama humano que constituye el paro y por eso convoco a todos los que
sientan este problema a la imaginación y al esfuerzo en torno a una decidida
política, cuyo objetivo se cifra —como consta en nuestro programa— en la
creación de ochocientos mil empleos netos en cuatro años. No ignoro que este
objetivo de empleo ha sido tachado de ambicioso por nuestros críticos, pero
debe recordarse que el Acuerdo Nacional de Empleo para mil novecientos ochenta
y dos se propuso la creación de trescientos cincuenta mil empleos en un año,
que compensasen una destrucción
equivalente, y fue considerado como un método realista de afrontar el problema
del paro. Consideramos, pues, posible invertir la tendencia anterior, frenando
primero el crecimiento de la tasa de paro y reduciéndola luego, en años
sucesivos, hasta niveles próximos a los de los países desarrollados de la OCDE.
El segundo desequilibrio grave que nos afecta es el de la inflación, que
algunos prefieren considerar en primer lugar. Por nuestra parte, sabemos que este
problema y el del paro se entrelazan; dentro de la interdependencia general de
las disfunciones económicas, conocemos también las dañosas repercusiones de la
inflación sobre los propósitos de ahorro, las iniciativas de inversión, sobre
la balanza de pagos, sobre el valor de la moneda. Ahora bien, desde nuestra
perspectiva la inflación es, para expresarlo con palabras sencillas, el
problema de quienes ven decaer el poder adquisitivo de sus recursos monetarios,
mientras que el drama del paro empieza por no poder siquiera obtener esos
recursos.
Dicho esto, es claro que la inflación reclama una política tan decidida y
enérgica como la lucha contra el paro, combatiéndola con el debido empleo de la
política monetaria, así como con todos los restantes instrumentos disponibles,
y entre ellos, muy principalmente, mediante acuerdos responsables entre las
fuerzas sociales, que han demostrado ser indispensables. Nuestro objetivo para
el año próximo es reducir en tres puntos la tasa de inflación respecto a la de
mil novecientos ochenta y dos, y con este fin actuaremos también decididamente
para frenar el crecimiento del déficit público, hacer una política monetaria
ajustada rigurosamente y propiciar los acuerdos sociales necesarios, según se
especifica en nuestro programa.
Nos proponemos un objetivo de crecimiento del producto interior bruto del
orden del dos coma cinco por ciento para mil novecientos ochenta y tres, sin
sobrepasar una inflación en el entorno del doce por ciento. La expansión de las
disponibilidades líquidas se ajustará en el año próximo a una cifra alrededor
del trece por ciento, para permitir, con la evolución prevista de otros
factores de liquidez, la consecución de los objetivos anteriores. Ello supondrá
un notable esfuerzo para la economía española, en un contexto internacional
desfavorable, pues las previsiones para mil novecientos ochenta y tres,
recientemente realizadas por la
OCDE para los países de nuestra área, prevén un crecimiento
cero y un crecimiento del paro en el próximo año, y sólo en años posteriores
podremos aprovechar impulsos internacionales positivos, gracias a la probable
estabilidad de los precios reales del petróleo, a la consecución de éxitos en
la lucha contra la inflación y a una política financiera de las grandes
potencias menos egoísta y más responsable que la que actualmente contemplamos.
Ahora bien, como en el caso del paro, también en la lucha contra la
inflación es indispensable la participación de todos los ciudadanos en el
sentido de aceptar la necesidad de un mayor esfuerzo de ahorro y de inversiones
y de refrenar toda tentación hacia una carrera irresponsable de expansión del
consumo, que no estaría adaptada a las presentes circunstancias de la economía
española y de la mundial.
Por su parte, la balanza de pagos, como resultante de la actividad nacional
y de sus intercambios con el exterior, constituye, sin duda, el frente de
acción más condicionado por el marco circundante. De un lado, porque su déficit
depende en buena parte de desarrollos exteriores de los mercados mundiales que
escapan a nuestro control; de otro, porque la corrección a fondo de sus
problemas subyacentes depende de evoluciones internas que requieren un largo
plazo. Sería excesivo detallar aquí estos factores, y, por otra parte, la
corrección de otros desequilibrios —mayor ahorro interno, éxito contra la
inflación, aumento de la competitividad por reducción de costos, expansión
monetaria ajustada, etc.— incidirá favorablemente, reduciendo el déficit
exterior.
Otro desequilibrio fundamental es el del déficit del sector público, cuyo
crecimiento aspiramos primero a frenar, y en años sucesivos a reducir, al
tiempo que reestructuramos el gasto público; queremos inclinarlo más en el
sentido de la inversión y de las transferencias constructivas. Afortunadamente,
disponemos de más palancas de control en nuestras manos para abordar este
problema que en el caso anterior, sobre todo si una actitud general de
austeridad, de trabajo y de rendimiento reduce la inaceptable costumbre de
paliar por la vía de las subvenciones u otras ayudas públicas los problemas que
no se han sabido o no se ha tenido voluntad política de atacar en sus causas
profundas. En cualquier caso, la actitud de ampliar el déficit público con
negligencia, financiándolo de manera inflacionista, lejos de ser una panacea
que resuelva los problemas, es una grave irresponsabilidad que golpea a los sectores
más débiles a través de la inflación, por consiguiente, se debe preferir de modo
más riguroso y correcto la financiación, a través de los ingresos públicos claramente
planeados, de los gastos considerados socialmente necesarios o convenientes.
Por otro lado, los desajustes y disfunciones acumulados en el sector
público ofrecen, sin duda, un campo muy amplio para actuar con rigor, con el
fin de conseguir el máximo rendimiento de los caudales que aporta al Estado el
pueblo entero. Queremos acometer inmediatamente las reformas institucionales
necesarias para mejorar el rendimiento de la Administración en
todos sus aspectos y para conseguir que el control del gasto no sea meramente
formal, sino capaz de comprobar que se aprovechan eficazmente los recursos
puestos a disposición del Estado.
Sobre este objetivo —el de potenciar la eficacia administrativa como
instrumento al servicio del pueblo— volveré antes de concluir, porque es ahí
donde podemos y debemos ejercer la mayor presión reformadora, con el fin de que
el sector público sirva de ejemplo en cuanto a austeridad, correcta actuación y
eficacia. Presión que tiene la obligación paralela de ejercerse contra el
fraude fiscal, que es una de las expresiones más dañinas y lamentables de la
insolidaridad de unos españoles respecto a otros y de la irresponsabilidad de
quienes se niegan a asumir la parte que les toca del sacrificio colectivo.
Para exponer con profundidad nuestras ideas sobre todo ello, nos brindará
la ocasión oportuna el debate, sobre los Presupuestos Generales del Estado para
mil novecientos ochenta y tres. Cabe anticipar que la perspectiva con que
contemplamos el gasto público hará de este cambio una de las armas más eficaces
para combatir la injusticia, al tiempo que promoverá el progreso económico. No
debe interpretarse esta última afirmación como una orientación intervencionista
que menosprecie la iniciativa privada o exagere la confianza en las
potencialidades del sector público. Concebimos el sector público mucho más como
un estímulo para el conjunto que como elemento suplantador de iniciativas
sociales, además de como un procedimiento de asignación de recursos de la
máxima importancia por sus funciones redistribuidoras, indispensables para
corregir las desigualdades subsistentes en nuestro país.
Desigualdades contra las que vamos a seguir luchando los socialistas donde
quiera que se presenten, ya sea en los ámbitos de la educación, de la cultura,
en el ejercicio del trabajo profesional o en las lacerantes situaciones de
sectores marginados y menospreciados. A este respecto, el sector público,
además de una palanca básica para estimular y apoyar iniciativas prioritarias,
tiene la posibilidad de ofrecer una gama de servicios sociales que son hoy
irrenunciables en todos los países avanzados.
Ello no contradice el que en un sistema económico como el español sea el
sector privado el que en medida decisiva determine el volumen de los bienes y
servicios producidos, de la inversión y del empleo, y así lo hemos declarado
expresamente en nuestro programa electoral. Por ello, nuestra política económica
estimulará, tanto como pueda, todas las iniciativas creadoras, con facilidades
adicionales para aquellas empresas de dimensión modesta, que por ello
encuentran más dificultades para ser atendidas por los intermediarios
financieros o para exportar a los mercados exteriores.
Podría parecer indicado ahora, concluidas las anteriores definiciones sobre
el enfoque con que vamos a abordar los problemas básicos, descender a
particularidades sectoriales muy variadas, desde los problemas concretos de un
cierto número de empresas en crisis hasta la profunda reconversión exigida por
los sectores industriales golpeados por la crisis; desde las dificultades con
que se encuentra el sector de la pesca hasta los males tradicionales de una
agricultura que, junto a problemas meramente técnicos, plantea los sociales de
hacer frente a bolsas de paro dramáticas, y clama por una política capaz de
hacer habitable con dignidad extensas áreas rurales de nuestro país. Habría que
enumerar el esfuerzo para intensificar el ahorro de energía, practicando una
política realista de precios y preparando nuestras industrias para competir con
potentes empresas de los países de nuestro entorno; la consecución de un
sistema financiero más eficaz y capaz de atender flexiblemente a las necesidades
de crédito a medio y largo plazo de nuestra economía; habría que hablar de cómo
se dota al país de una infraestructura suficiente en viviendas, obras públicas,
transportes y comunicaciones; pero estos y otros muchos aspectos parciales no
añadirían nada a lo ya conocido de nuestro programa y alargarían mi exposición excesivamente,
por lo que es preferible dejarlos para el debate posterior, en el que, sin duda,
se pueden plantear las cuestiones concretas que interesen a la Cámara.
Por eso me limitaré a precisar que nuestro proyecto político inmediato se
inserta en una perspectiva temporal más dilatada en el tratamiento de los
problemas fundamentales. Porque debe estar claro para todos que ni la salida
definitiva de la crisis ni una mejora sustancial en la eficacia de nuestro
aparato productivo o en el cambio de los comportamientos económicos pueden
obtenerse con rapidez, sino que exigen, por el contrario, una continuada
persistencia en el progreso hacia los objetivos definidos.
La articulación de las medidas económicas, a lo largo del tiempo y entre
sí, tiene una importancia grande para reforzar su eficacia, gracias a una
cronología calculada, y para conseguir una evolución armónica que reduzca al
mínimo las perturbaciones inherentes a toda reforma. Con el establecimiento de
un proceso de planificación acordado, no impuesto, que hemos previsto en el
programa presentado ante el país, se fijará la evolución posible y deseable de
los grandes objetivos macroeconómicos que muestren la manera de superar nuestros
problemas actuales. De ese modo se reducirán incertidumbres empresariales, se
facilitará la toma de decisiones públicas y privadas y se aumentará la
coherencia entre ellas. Esa planificación debe permitir ensamblar el conjunto
de la política económica del Gobierno, aumentando la garantía de conseguir los
resultados pretendidos.
Nos encontramos, en suma, con un panorama económico ciertamente difícil.
Pero también es cierto que afrontaremos los problemas con el respaldo
definitivo de la mayoría política de que disponemos y que quizá no tiene
parangón histórico en nuestro país por su significado y amplitud.
No hay caminos fáciles hacia la solución de nuestros problemas. No hay sino
el esfuerzo, el trabajo, la necesidad de actitudes responsables, de la tenacidad.
Pero las soluciones existen y pueden alcanzarse por la acción conjunta de la
mayoría de un pueblo, en apoyo de una política económica razonablemente
concebida y bien instrumentada, de una política que sea capaz de acelerar
nuestro avance hacia una modernidad, con la doble vertiente de la justicia
social y del bienestar material, que nos ha venido siendo negada en nuestra
historia reciente.
Por lo que respecta al vasto campo de la política social —segundo de los
temas mencionados—, no necesito indicar, después de mis palabras
introductorias, que es en él donde buscamos principalmente los resultados
derivados de la acción en las otras áreas. Nuestra preocupación es el pueblo y
nuestro objetivo es conseguir que el crecimiento económico sea de todos y para
todos, porque de lo contrario sería injusto apelar a la solidaridad, que
constantemente estamos demandando como condición para el resurgimiento.
Por eso la mejora de la gestión de la Seguridad Social
en general y los distintos tipos de prestaciones serán objeto de una
consideración adecuada, según lo previsto por nuestro programa electoral. Muy
concretamente, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones será
garantizado mediante una ley de revalorización automática de las mismas. Se
crearán también mecanismos institucionales y no solamente económicos para el
establecimiento de un marco democrático de relaciones laborales y se tenderá al
mantenimiento del poder adquisitivo de las rentas salariales.
Se contribuirá así a reducir las tensiones de toda negociación, y el
trabajador y la empresa podrán plantear sus problemas y adoptar sus previsiones
más racionalmente.
Antes de pasar a otros aspectos de este sector quiero insistir en la consideración de tres grupos humanos
merecedores de un trato especial: los jóvenes, que serán apoyados mediante
programas de empleo juvenil, contratos de relevo y otras medidas; la llamada
«tercera edad», con una cartilla sanitaria especial de servicios geriátricos adecuados,
entre otras ventajas, y la mujer, cuya persistente discriminación debe ser cada
vez más corregida por razones de justicia.
Como he dicho en diversas ocasiones, la dignidad de una nación se mide por
el trato que otorga a los sectores sociales marginados, como minusválidos,
presos, personas sin ingreso alguno, grupos étnicos separados secularmente,
como los gitanos, etcétera. Pese a la dificultad de la situación económica ya
descrita, iremos sentando las bases para integrarlos en la sociedad.
La política sanitaria estará basada en la promoción de la salud, la
prevención individual y colectiva, la atención primaria la asistencia eficiente
y la reinserción social del enfermo.
De todos modos, los aspectos sanitarios atienden a una situación de
enfermedad que con frecuencia sufre previamente la incidencia del género de
vida. La vivienda, el medio ambiente, la educación o el lugar de residencia,
entre otros muchos factores, repercuten sobre la salud, además de figurar entre
las necesidades básicas cuya atención resulta indispensable.
En lo que respecta a la vivienda, la política prevista supone la creación
de una infraestructura suficiente, capaz de generar las condiciones necesarias
para la actividad constructora, junto con mejores formas de financiación de
compra, así como la promoción pública para alquiler. Sin embargo, en este campo
como en otros, quisiéramos llevar al terreno de los hechos la aplicación de
nuevas ideas y la reducción de costes, mediante planeamientos y diseños
adecuados, que muchas veces son ya conocidos por los técnicos, pero cuya
aplicación se ve retrasada por los intereses especulativos, desde las
condiciones jurídicas de la propiedad del suelo hasta las defectuosas
regulaciones urbanísticas. Introducir las modificaciones precisas para eliminar
trabas a la política de la vivienda será un aspecto importante de la reforma
administrativa.
El medio ambiente es un componente vital de la existencia humana y su
degradación irresponsable no sólo se traduce en perturbaciones sanitarias o
psíquicas, sino que, al ser afectado por agresiones destructoras, reduce la
calidad de la vida.
La creciente protesta de los ecologistas, perceptible en todas partes,
especialmente en los países industrializados, responde a esa sensibilidad
humana hacia su entorno y evidencia la necesidad de adoptar medidas como las
que hemos visto en nuestro Programa.
De todas maneras, el enfoque y solución de los problemas del bienestar
tienen que empezar en cada uno de nosotros, mediante el enriquecimiento de las
posibilidades individuales por la vía de la educación y de la cultura. Más que
en las compensaciones económicas e incluso en los servicios sociales
colectivos, es en este campo formativo donde se encuentra la clave del progreso
social.
La educación aumenta la igualdad de oportunidades, al fomentar las capacidades
individuales y, por tanto, el desempeño de tareas más idóneas. Además, el
ejercicio de la libertad ciudadana sólo se alcanza plenamente con una educación
que nos instruya sobre nuestros derechos y sobre los medios de reclamarlos; al
mismo tiempo que nos inspira el respeto hacia los derechos ajenos. Por otra
parte, la riqueza cultural aumenta el gozo que pueda suministrar el disfrute de
servicios públicos de este tipo o incluso del ambiente mismo. Y sobre todo, sin
propósito de agotar el tema, recordaré tan sólo que el progreso social es obra
humana, que son los hombres los que hacen la historia.
Todo ello explica el hecho de que la educación y la cultura sean piezas
claves de nuestra labor de Gobierno, a fin de conseguir la «Democracia
avanzada», propugnada en nuestra Constitución.
Para ello, el texto constituyente establece derechos tales como la libertad
de expresión, la superación de las discriminaciones socioeconómicas o la
igualdad de oportunidades ante la cultura, como instrumentos decisivos para el
pleno desarrollo de la personalidad.
Dicho más brevemente, la transformación de España y su progreso exigen una extraordinaria
acción educativa y cultural, porque el retraso en ese campo sigue siendo
considerable. Desarrollar el sistema educativo español para cubrir esas deficiencias
es un claro mandato de la
Constitución.
Importa notar que las deficiencias no son sólo cuantitativas, sino
cualitativas. La afición en el pasado a estadísticas que medían el progreso en
este campo por la multiplicación de centros, de puestos escolares o indicadores
análogos, ha de complementarse con un examen más atento de la realidad
considerando los métodos educativos, los programas, la participación de padres
y profesores y, sobre todo, el contenido mismo y las orientaciones de la
educación.
Por otro lado, no se trata sólo de incrementar y mejorar en general, sino
también de contribuir una vez más a la equidad y a la justicia. Persisten en
España profundas diferencias entre clases y sectores en cuanto a los niveles
educativos avanzados y, lo que es más penoso, esas diferencias se transmiten de
padres a hijos. Estudios realizados entre nosotros permiten afirmar que los
hijos de cuadros superiores han tenido veintiocho veces más oportunidades de
llegar a la Universidad
que los hijos de trabajadores modestos. Nuestra política educativa tenderá,
como en todos los países democráticos, a nivelar las oportunidades.
Dentro de la educación es imperativo sacar a la Universidad de la
crisis y postración en que se encuentra actualmente, rehabilitándola ante sí
misma y ante la sociedad, porque de ella emana el vigor y la autenticidad
educativas hacia los escalones precedentes de la enseñanza. La gran mayoría de
la comunidad universitaria desea realizar ese esfuerzo de moralización y reclama
hace tiempo un marco institucional que se lo permita. Con ese fin, el Gobierno
presentará un nuevo proyecto de Ley de Autonomía Universitaria, en un plazo
prudente, para dar a la
Universidad una real autonomía de gestión, función y
gobierno.
Por otro lado, se corregirán las discriminaciones geográficas y culturales,
contrarias al acceso a la
Universidad , mediante becas y programas especiales, así como
por medio de fórmulas nuevas en la Universidad Nacional
de Educación a Distancia. Relacionada con la Universidad se
encuentra una dirección tan decisiva para el progreso como la política
científica y de investigación. No es posible seguir manteniendo por más tiempo
un estancamiento científico y técnico que frena el progreso económico y el
desarrollo humano. Es preciso insertar la investigación en la sociedad
española, impulsando una ciencia al servicio del hombre y de la calidad de la vida,
para caminar hacia un modelo de desarrollo distinto.
Por ello se incrementará sustancialmente el presupuesto para investigación,
concentrándolo en inversiones estratégicas. No basta, sin embargo, el mero
aumento del gasto, sino que es preciso encauzarlo mediante una seria reforma
institucional, asegurando una coordinación que evite duplicar esfuerzos,
elaborando un presupuesto único y suprimiendo las trabas burocráticas contra la
capacidad creadora.
Me he extendido en los aspectos educativos porque en ellos está la clave a
largo plazo del futuro de España. La educación constituye, como ninguna otra
actividad, la garantía del progreso de los hombres mismos, que es el objetivo
central de nuestros afanes al que se someten todas las demás líneas de acción
política. Pero la educación no es en sí misma más que una parte de la cultura,
a cuyo servicio, conservación y perfeccionamiento se encuentra. La cultura
encarna nuestra concepción del mundo, nuestra escala de valores y nuestro
sentido de la vida, y, si bien en los terrenos de la investigación y de la
ciencia hemos de lamentar haber retrocedido respecto a nuestro puesto relativo
del pasado; en cambio, nuestra cultura ha logrado mantener, pese a negligencias
y tergiversaciones, unos valores humanos tan altos como los que pueden ofrecer
otros ámbitos culturales en el mundo. Esto es verdad especialmente en las manifestaciones
más profundas de la vida popular, que el arte o la literatura han sabido
recoger y que hemos de preservar como las raíces mismas de nuestra personalidad
y como la fuente de donde brotan los impulsos más nobles y enérgicos para la
creación artística y literaria. En esa misma dirección, el proceso autonómico ayudará
a sostener y fomentar las diversidades culturales que enriquecen con su variedad
nuestro escenario vital.
Desde ese punto de vista es importante reaccionar positivamente contra los
efectos colonizadores derivados del proceso tecnológico de los medios de
difusión cultural. El adelanto logrado por otros países tiende a imponer sus
costumbres, sus vocabularios y sus valoraciones entre los pueblos donde se ha
debilitado la producción propia. Eso se hace más evidente aún cuando los medios
técnicos salvan fácilmente las fronteras por su propia naturaleza y el caso de
la radio y la televisión lo pone de manifiesto con elocuencia.
Innecesario es añadir que los demás medios serán objeto de la misma atención,
como el cine o el teatro, la difusión impresa, las manifestaciones plásticas,
la actividad musical y, en general, todas las formas en que se plasma la
personalidad de un pueblo y en que puede cada uno experimentar el goce
artístico.
Al mismo tiempo, el deporte y la educación física complementarán
debidamente esa realización personal, lograda mediante el acceso de todos a la
cultura, porque al facilitar ese acceso estamos multiplicando las fuentes de
satisfacción personal, al mismo tiempo que creando ciudadanos responsables y
más capaces de participar en la construcción de un futuro esperanzador.
En el amplio espectro que abarca el análisis de los problemas de la
sociedad ocupa un lugar, que he destacado desde el comienzo de mi intervención,
la seguridad como garantía de la libertad.
El Gobierno cumplirá y hará cumplir la Ley. No permitiremos ninguna actuación al margen
de la Constitución ,
y los que piensen que pueden violentarla encontrarán una respuesta rigurosa por
nuestra parte.
Estamos convencidos de que nuestra Constitución permite a todos los
ciudadanos pacíficos ejercer sus derechos individuales o colectivos, expresar
sus ideas con libertad. No hay, pues, explicación alguna para las actitudes
violentas.
Desde el llamamiento a todos, grupos parlamentarios y ciudadanos, para que
contribuyan a mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia en paz, queremos asegurarles
que ni el terror, ni el chantaje, ni los intentos involucionistas, desviarán la
decisión del Gobierno de cumplir la Constitución. El veintiocho de octubre ha
supuesto la más importante derrota moral para los que desean suplantar por la
fuerza la voluntad de los ciudadanos.
Ese objetivo nos llevará a dedicarnos muy especialmente a la mejora
profesional de los Cuerpos de Seguridad para incrementar su eficacia y ampliar
su vinculación a las aspiraciones y expectativas de todo el pueblo. Con estos
medios humanos, que han demostrado ya su espíritu de sacrificio y afán de
superación, lucharemos contra la violencia para asentar de modo inconmovible la
paz y la tranquilidad. Somos muy conscientes de que con ese clima sería más
fácil resolver los demás problemas de la vida nacional.
Por eso apelaremos con vigor a la necesaria cooperación internacional en la
tarea de erradicar el terrorismo. La seguridad ciudadana y la libertad
requieren no sólo disponer de unas fuerzas adecuadas contra la violencia
desestabilizadora, sino, además, una organización de la Justicia a la altura de
su misión, una organización que, una vez más, coloca a los miembros de esa
Administración que, en su inmensa mayoría, son capaces de desempeñar sus
funciones con celo y competencia, en una situación de frustración por la
estructura en la que están insertos, así como por la falta de medios, que son
las causas fundamentales de las deficiencias actuales. Nos proponemos
introducir las reformas precesales y de todo tipo para agilizar la maquinaria
judicial, evitando innecesarias e injustas acumulaciones en las cárceles,
mejorando la situación de los internos y garantizando a los ciudadanos una
satisfactoria Administración de Justicia, que implique la gratuidad de las
tasas judiciales como un elemento más de igualdad social.
En esta línea, y para concluir con este tema, se inserta nuestra decisión
de establecer cuanto antes la figura constitucional del Defensor del Pueblo,
cuya actuación se ha retrasado hasta ahora, y que para nosotros es el
complemento indispensable de la
Justicia , al poner al alcance del ciudadano unos cauces más
inmediatos para hacer oír sus agravios y para elevarlos a los centros de
gestión donde puedan estudiarse y darles solución.
Pero no es sólo la
Justicia , sino toda la Administración la
que requiere serias reformas, y con ello abordo la tercera área de grandes
temas: el de las reformas para librar a la Administración de
trabas heredadas, de procedimientos anticuados y de corruptelas intolerables, a
fin de que se convierta en eficaz ejemplo de servicio. Ya en otro pasaje de
esta exposición he insistido en la trascendental importancia de una maquinaria administrativa
capaz de ser la columna central del sector público.
La competencia profesional, el espíritu de servicio y la ética han de
erigirse, por todos los medios, en los principios inspiradores de los
organismos públicos. Solamente con un instrumento que responda a los propósitos
y a los fines del Gobierno llegarán a ser realidad nuestros proyectos de
austeridad, de rentabilidad del gasto público y de eficacia en la promoción de
las actividades nacionales.
Ligados a los proyectos legales que desarrollan la mejora de la Función Pública se
encuentra una ya prevista Ley de Reforma del Gasto Público. Anticipándonos a
ello, nos proponemos congelar en el presupuesto ciertas partidas de gastos,
especialmente de algunas compras y transferencias, exigiendo a todos los Entes
públicos una justificación rigurosa al solicitar créditos extraordinarios para
sus necesidades. Las Oficinas Presupuestarias de cada Ministerio serán
potenciadas para cumplir eficazmente su misión, en colaboración con los
Servicios Centrales de Hacienda. La austeridad y el rigor en el empleo de los caudales públicos será así un
criterio tajantemente exigido.
Las reformas de la
Administración no se circunscriben sólo a las ramas fiscales
o financieras, sino que han de alcanzar a todas ellas. Estamos firmemente
persuadidos de que parte de los defectos que hoy pueden parecer humanos no se
deben a fallos personales, sino a la desmoralización producida en el
funcionario al verse forzado a actuar en un sistema defectuoso. La gran mayoría
de los empleados públicos prefiere, sin duda, formar parte de un sistema que
realce su propia dignidad y que merezca la más alta estimación de nuestro
pueblo.
La necesaria moralización de la Función Pública tendrá su primera expresión en un
inmediato proyecto de Ley de Incompatibilidades, que, por vía ejemplificadora, concretará
sus primeros criterios sobre Diputados, Senadores y Altos Cargos de la Administración.
Esa labor de reforma y saneamiento, imprescindible para alcanzar todos los
demás objetivos, ha de articularse con la culminación del proceso autonómico,
al aprobarse cuanto antes los Estatutos de las cuatro Comunidades Autónomas
pendientes. En este aspecto, cuya regulación tiene por objeto vitalizar la
pluralidad dentro de la unidad integradora, afirmo nuestro compromiso de
alcanzar el máximo constitucional en las competencias fijadas por los
respectivos Estatutos.
Con los Acuerdos autonómicos, y una vez aprobados los Estatutos pendientes,
habremos puesto las bases para que el proceso autonómico se produzca de modo ordenado,
objetivo y solidario.
Queda, no obstante, una gran tarea pendiente: no basta con transferir
competencias, funcionarios y recursos; durante el próximo período legislativo
hará falta, sobre todo, culminar la construcción del Estado de las Autonomías,
a través principalmente del desarrollo legislativo del artículo ciento cuarenta
y nueve, uno, de la
Constitución.
Entramos así en una especie de segunda fase del proceso autonómico, en la
cual el positivo desarrollo de cada autonomía ha de conciliarse con la
construcción del Estado de todos. En este sentido resultarán decisivas leyes
tales como las Bases del Estatuto de la Función Pública , la Ley del Procedimiento
Administrativo Común, las Bases del Régimen Presupuestario, Financiero y
Contable, las Bases de la Contratación Administrativala Legislación
de Responsabilidades de las Administraciones y de sus Autoridades, Funcionarios
y Agentes, la Legislación
sobre el Dominio Público y
Patrimonio...
Estas leyes tiene unidad sistemática. Su conjunto va a definir el nuevo
modelo de Administración Pública y todas ellas deberían responder a una misma
lógica e impulso. Son, además, leyes «constitucionales» o de aquellas que
sirvan para enmarcar el juego de los Partidos en lugar de ser el fruto del mismo.
Por ello deberían ser en lo posible leyes producidas por el acuerdo más amplio
posible entre las fuerzas parlamentarias.
En este sentido, el Gobierno propondrá a todas las fuerzas políticas
parlamentarias la elaboración de un amplio acuerdo institucional sobre los
puntos clave o ejes vertebradotes de aquel conjunto de leyes. El texto de estos
acuerdos y el de los votos particulares a los mismos servirá de base para la
elaboración de los correspondientes proyectos o proposiciones de ley y de sus
enmiendas, así como de marco para el correspondiente debate parlamentario.
Entendemos que este momento de cambio esperanzado resulta propicio para la
negociación constructiva, y en ella pondremos todos nuestros esfuerzos y buena
voluntad.
Para concluir esta área instrumental —pero decisiva— de la organización del
Estado, mencionaré solamente que la red de participación con que queremos
reforzar las capacidades creadoras de los españoles impone también la reforma y
perfeccionamiento de la
Administración provincial y local, que permita un más amplio desarrollo
de su autonomía. Con este fin, nuestro programa incluye un proyecto de Ley que
modifique la vigente en materia de elecciones locales y permita la renovación
de las actuales Corporaciones en términos de la más adecuada representación democrática.
Con los mismos objetivos se remitirá en el presente período de sesiones un
proyecto de Ley de Régimen Local y otro de Financiación de las Entidades
Locales, cuyas posibilidades de acción se facilitarán más aún gracias a un Plan
de Colaboración establecido de acuerdo con la Federación Española
de Municipios y Provincias, sin perjuicio de otras medidas como las
transferencias de servicios, la asistencia técnica y la reforma del Instituto
de Estudios de Administración Local.
El resultado será completar un sistema descentralizado de Administraciones
Públicas, porque de ese modo potenciaremos la democracia y la solidaridad
justamente en las estructuras de base donde el contacto entre los hombres es
más directo, donde se viven los problemas concretos y donde los ciudadanos
pueden sentir más cálidamente el orgullo de la solidaridad y los frutos de la
participación.
Debo referirme ahora a la política exterior, que ha de estar estrechamente
ligada a la evolución interior, dentro de una orientación política general. No
debe haber, en esos planos esenciales, lugar para la improvisación, las
contradicciones o la inconsecuencia.
Dentro de esta opción básica, la actuación exterior debe ser ajena a
concepciones partidistas y seguir rigurosamente las directrices de una política
de Estado, atenta a los intereses permanentes de la Nación , tal como resulten
de un consenso nacional si ello es posible, o, al menos, de las aspiraciones
expresadas por la gran mayoría de nuestro pueblo.
El Gobierno emprenderá sin dilaciones la definición y puesta en práctica de
una política exterior que refuerce el papel de España en el concierto
internacional, afirme nuestra presencia en pie de igualdad allí donde los
intereses nacionales estén en juego y permitan a nuestro país contribuir
activamente a las grandes causas de la paz y de la distensión en el mundo. Para
ello tenemos que partir de una idea exacta de nuestra real capacidad de acción
en el mundo internacional: sin jactancias ni complejos. Somos conscientes de
nuestro nivel real de poder e influencia en el concierto de las naciones;
conocemos también nuestros recursos y nuestras potencialidades.
Los problemas que inevitablemente reclamarán nuestra atención serán los de
nuestro entorno inmediato. Creemos que es esencial fortalecer y profundizar
nuestras relaciones con los países vecinos: Portugal, Francia y los países del
Magreb. Las dificultades transitorias no deben hacer olvidar nunca la necesidad
del mutuo entendimiento y de la cooperación beneficiosa para todos. De esa
manera contribuimos también al equilibrio de la región mediterránea, cuya
importancia en el tablero mundial se acrecienta día tras día.
Nuestra política de vecindad encuentra una dirección privilegiada que
citaré a modo de excepción en lo que se refiere a Portugal. Sobre la base del
más escrupuloso respeto a las posiciones e intereses de cada parte, una
política española que no colocase como una de sus principales prioridades la
amistad y cooperación con Portugal carecería de visión y de realismo.
No hace falta repetir nuestra vocación europeísta, nuestra voluntad de contribuir
a una Europa de los hombres y de los
pueblos. En esa línea trabajaremos con tesón para allanar los obstáculos que
aún se oponen a nuestra plena integración en las Comunidades Europeas y creemos
que no será pretencioso conseguir la adhesión dentro del horizonte dado por la
presente Legislatura.
España se encuentra inserta en el conjunto del mundo occidental, cuyos
valores humanos fundamentales compartimos y defendemos. Ahora bien, reclamamos
nuestro derecho y nuestro deber de determinar libremente, en uso de nuestra
soberanía, las modalidades de la participación que España tendría en la
política y en la defensa de ese conjunto.
Por eso examinaremos con toda atención los términos de nuestra relación
defensiva y de cooperación con los Estados Unidos de América y reestudiaremos
con el rigor necesario para la defensa de nuestros intereses y de nuestra
dignidad la decisión, adoptada por el anterior Gobierno español, en relación
con el Tratado del Atlántico Norte, manteniendo nuestros compromisos con el
pueblo español.
Todo ello desde el diálogo nacional e internacional que exigen estas
importantes decisiones. En todo caso, para nosotros, tanto por herencia
histórica como por las realidades de hoy, existe un compromiso de presencia y
de actuación decidida en el Continente Iberoamericano. Con este conjunto de
naciones hermanas reforzaremos nuestros lazos de cooperación en todos los
campos, con la convicción de que una parte muy importante de nuestro futuro
pasa por esta operación histórica de aproximación.
Del mismo modo dedicaremos una atención especial a la política del
Mediterráneo, con el mundo árabe y con África, por su enorme potencial desde el
punto de vista político y desde el punto de vista humano.
Para ello será necesario articular los mecanismos de cooperación,
especialmente en los campos cultural y técnico, a fin de desarrollar una
política a la vez realista y eficaz.
Por supuesto que en esas y en todas las áreas mundiales será constante preocupación
del Gobierno la potenciación de los intereses de los españoles radicados en el
extranjero. No podemos olvidar a esos millones de compatriotas tan lejanos que trabajan
y luchan cada día —a veces en un medio difícil y hostil—, ganándose la vida, pero
también proyectando en otras tierras la presencia de España.
Según establece la
Constitución , el Gobierno irá creando las condiciones que
permitan su retorno; y, entre tanto, redoblará sus esfuerzos para protegerlos
mediante adecuada gestión diplomática, muy especialmente cuando se produzcan
violaciones graves y flagrantes de los derechos humanos más elementales, como
son los casos de desapariciones, detenciones arbitrarias o expulsiones
injustificadas.
El Gobierno reafirmará con todo vigor la reivindicación de Gibraltar, cuya
actual situación colonial atenta a la integridad del territorio nacional y
menoscaba la posición internacional y estratégica de España. Consecuentemente,
el Gobierno mantiene el propósito de reintegrar Gibraltar al territorio
nacional, mediante negociaciones con el Reino Unido que conduzcan a ese
objetivo, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas. AI
desarrollar este eje prioritario de su política, el Gobierno obrará de manera
que no se penalice a la población de Gibraltar ni a la del Campo de Gibraltar y
que el resultado final de la negociación respete los intereses legítimos de la población.
Especificados de esta forma los escenarios y problemas principales de
nuestra política exterior inmediata debo recordar aún nuestro deber de
participar en las grandes cuestiones de interés para todos los pueblos; como
son la paz y el desarme, los derechos del hombre y la libertad de los pueblos,
o la construcción de un nuevo orden económico más justo para los países en
desarrollo.
España no puede estar ausente de esa inmensa tarea colectiva, de la que
depende literalmente la supervivencia y el progreso de la humanidad, si no como
protagonista, al menos como copartícipe en tan noble empeño. Pues también en el
plano internacional debe inspirarnos la solidaridad entre los hombres y entre
los pueblos: o nos salvamos juntos, o perecemos juntos. Y España debe
incorporarse cuanto antes al grupo de naciones que marchan en vanguardia hacia
esa meta común.
Quiero terminar el análisis de estas grandes áreas con una referencia
expresa a la defensa nacional, pieza fundamental para la realización de una
política exterior respetada y respetable.
El Gobierno aplicará el Programa Electoral ofrecido al pueblo español,
tanto en sus aspectos sociales y económicos como en la adaptación progresiva de
nuestro despliegue operativo a las necesidades y misiones atribuidas por la Constitución a las Fuerzas
Armadas.
Públicamente proclamo nuestra confianza y solidaridad con las Fuerzas
Armadas, cuya honrosa misión no ha sido empañada por actuaciones de grupos
minoritarios.
Empezamos una nueva etapa en la vida política española. Con Su Majestad el
Rey, cuyo papel en favor de la paz y la libertad reconocemos todos los
españoles, quiero manifestar mi fe en el futuro de España.
También mi profunda convicción en la necesaria articulación de todas las
instituciones del Estado, que nos permita desarrollarnos hacia el futuro como
una nación cada vez más libre e independiente.
Realizaremos desde la acción de Gobierno el esfuerzo necesario para
incrementar constantemente la profesionalización y la eficacia de esas
instituciones básicas para el Estado.
Concluyo así mi presentación sumaria de todo el panorama abarcado por
nuestro proyecto de Gobierno y debo recordar de nuevo que en modo alguno mis
palabras han pretendido recoger las precisiones de un programa tan detallado
como el que elaboramos para las elecciones.
Así y todo, quizás pudiera pensarse que incluso el anterior resumen
resultaba innecesario por dos razones.
La primera sería la publicidad electoral de nuestro propio Programa; frente
a esa consideración, mi concepto del debido respeto a la Cámara exigía la
recapitulación de lo más esencial, al menos, de nuestro proyecto.
La segunda razón merece ser algo más explayada. En efecto, mientras
preparaba mis palabras he creído a veces percibir, como quizás también mis
oyentes ahora, que algunos de los objetivos e incluso de los instrumentos
propuestos podrían haber sido igualmente emitidos desde otras posiciones
políticas. Este hecho podría ser satisfactorio, pues nos colocaría en
coincidencia en torno a objetivos como la mejora del bienestar y la eficacia de
la
Administración. Pero esa coincidencia no impide que nuestra
propuesta sea al mismo tiempo distinta, en su misma raíz, como lo han percibido
los diez millones de ciuda danos que la han respaldado con su confianza. Y es
que la singularidad del proyecto no se encuentra tanto en la expresión verbal
de los detalles cuanto en las maneras de ejecutar los programas y en el énfasis
particular que se atribuye a ciertos objetivos en comparación a otros.
Esto es lo que ha percibido nuestro pueblo: que a veces, tras palabras que
suenan como semejantes, existen políticas distintas, personas con formación e
ideología diferente; que eran otras sus experiencias vitales a lo largo de una
vida política que conoció las asperezas de la represión y que reforzó durante
ella la vocación de servicio al pueblo, levantando las banderas de la libertad,
la justicia y el progreso humano.
En otras palabras, los españoles han votado por el cambio en la forma que
han creído más eficaz posible, confiándolo a quienes están desde hace tiempo
comprometidos con un afán de renovación.
Por todo ello, porque nos respalda una voluntad mayoritaria y porque
confiamos en el espíritu de servicio a la sociedad que, aun en la discrepancia,
anima a las fuerzas políticas representativas de otros sectores, nos sentimos
alentados por la más viva esperanza y nos disponemos a progresar hacia un
horizonte claro mediante un programa realista. Subrayo estas últimas palabras
porque se nos ha imputado exageración en los compromisos. Quienes así lo hacen,
sólo confían en los recursos materiales.
Nosotros, además de valorarlos debidamente, ponemos nuestra esperanza en
los ciudadanos, en los hombres y mujeres que acaban de votar por el cambio.
Esta esperanza tiene fundamento: la geografía nos muestra a muchos países
construidos sobre pobres recursos naturales que han sabido desarrollarse con el
esfuerzo de los hombres; cómo la historia propia nos deslumbra con las ciudades
fundadas en América por un puñado de españoles. Y esa esperanza se refuerza
para el futuro al comprobar cómo nos alientan muy especialmente los jóvenes, en
quienes están arraigando con fuerza los valores de la solidaridad, el
compromiso libremente asumido, que tanto importan para nuestro proyecto común.
Esos hombres, mujeres y jóvenes son nuestro apoyo, pero también nuestros
jueces. Y sobre todo han de ser en esta Cámara nuestra permanente ocupación. A
ellos quiero dedicar mis palabras finales. Imagino que ahí, en el centro del
hemiciclo, unos cuantos ciudadanos han penetrado hoy desde la calle. Me
esfuerzo por verlos, por mirarlos.
¿Quiénes son? Pueden ser un ama de casa camino del mercado, un empleado de banca,
un botones de hotel o un universitario. Les veo y me pregunto: ¿Qué piensan de
nosotros? ¿Siguen nuestros debates? ¿Les ilusionamos o les desencantamos? ¿Hacemos
lo mejor para su futuro, que es el de nuestros hijos?
Para comprender mi deber con nuestro pueblo, yo me inspiro mejor en esa
sencilla visión que en las frases sonoras y convencionales. La paz, la unidad y
el progreso son ellos y para ellos. Esas palabras tienen carne y hueso, ropas y
gestos. Confiemos en su esperanzada y libre participación, indispensable para
el éxito, y tengámosles presentes durante nuestros debates, como yo pensaré a
diario mientras, fiel al horizonte y atento al camino, presido mi Gobierno, si
merezco el honor de que ahora se me otorgue la responsabilidad de la
investidura.
Muchas gracias.
ENTRADAS RELACIONADAS: